domingo, 19 de septiembre de 2010

Subvenciona que algo queda

En diciembre de 2004, al poco de llegar el tripartito al Gobierno autonómico de Cataluña se apresuró a elaborar un informe de evaluación de la gestión de los gobiernos de CiU. En aquel informe se revisaban las decisiones de los gobiernos pujolistas y se criticaba la actividad frenética de sus últi­mos días, aquellos en que se prorrogaban las concesiones administrativas cuando todavía faltaba mucho para que vencieran. Se concedían licencias de radio a las empresas afectas o se regalaban graciosamente, por ejemplo, cientos de miles de euros a entidades amigas como Òmnium Cultural.

Aquel documento criticaba también el poco rigor en la justificación de las subvenciones otorgadas por CiU y censuraba su parcialidad en distintos campos, entre ellos y de forma notoria, el de la prensa. Para combatir la discrecionalidad, el tripartito se comprometía en aquel documento a establecer unas reglas de juego igualitarias para acceder a las ayudas al tiempo que prometía una nueva administración fundamentada en los principios de transparencia, objetividad y profesionalidad, una oficina de transparencia y una ley de subvenciones.

En el programa del segundo gobierno tripartito desaparecieron casualmente estas ofertas y se hizo una particular interpretación de la Ley de Finanzas Públicas que:

‘Considera subvención toda ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada a cargo de los presupuestos que tengan por objeto una entrega dinera­ria a entidades públicas o privadas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: uno, que la entrega esté afecta a un fin, un propósito, una actividad o un proyec­to específico y exista la obligación del destinatario de cumplir las obligaciones o los requisitos que se hayan establecido; dos, que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o para la promoción de una finalidad pública’.

La igualdad prometida en el régimen de ayudas, con la que embaucaron a algunos incautos, ha sido sustituida por la ley de la omertá. No es de extrañar que eso sea así si tenemos en cuenta a los beneficiados en el reparto. Fundamentalmente los compañeros y amigos que trabajan para el partido o la causa y algunos tibios a los que un poco de money, money público les haga perder resquemores y escrúpulos.


Los nombres de las personas y entidades subvencionadas se han ido repitiendo en las sucesivas resoluciones de la administración catalana a lo largo de la legislatura y el objetivo siempre ha sido el mismo. Eliseu Climent, al frente del conglomerado de empresas de la que es titular, ha sabido utilizar sutiles mecanismos de concienciación pancatalanista para que las administraciones catalanas desvíen millones de euros a su holding. CIEMEN, con la excusa de las naciones sin estado, siempre ha encontrado algún generoso departamento capaz de rellenar con miles de euros el hueco de su mano. Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, transfigurada en ocasiones bajo el alias de Col.lectiu Esbartzer, quienes con la coartada de la lengua o la nación han incrementado hábilmente su patrimonio inmobiliario a expensas de las arcas públicas. O la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, cuyos integrantes han disfrutado del mejor turismo internacional por la patilla al grito: “Una nació, una selecció”. Por no hablar de otras asociaciones a las que el patriotismo ha convertido en oficinas de colocación de afectos al régimen u otras, como Sobirania i Progrès, a las que hemos financiado el gustazo de las consultas populares.

La palabra transparencia ha sido manoseada por este Gobierno autonómico hasta la náusea. Prometió un banco de datos para dar pu­blicidad a las subvenciones y aseguró que los ciuda­danos podrían comprobar lo eficaz y eficiente de su gestión y cómo se gastaría el dinero y resulta que el tripartito, huraño, ha hurtado la información incluso a los diputados autonómicos y ha puesto todas las trabas posibles para el examen de los expedientes de justificación de los gastos.

Tampoco el principal grupo de la oposición ha mostrado excesivo interés en cambiar el escenario de opacidad que ampara la arbitrariedad. Buena prueba de esta voluntad renuente es que los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU votaron en contra de una moción que presenté en el Parlamento de Cataluña –consecuencia de una interpelación al vicepresidente autonómico Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC)- que pretendía que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude elaborarán un informe específico sobre las subvenciones otorgadas por la Generalidad para valorar la legalidad y los procedimi­entos de adjudicación de las subvenciones y la adecuación del gasto a la actividad subvencionada empleando criterios de eficacia, econo­mía, calidad y equidad.

También se opusieron a elaborar una Ley de Subvenciones -Cataluña es la única comunidad que carece de ella- y a que la concesión directa de subvenciones fuera excepcional y únicamente cupiera cuando se acreditase la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las características del subvencionado o de la actividad a desarrollar. El mejor argumento contra la opacidad es que la ciudadanía pueda comprobar los expedientes administrativos de concesión y justificación de los gastos. Mientras eso no sea posible, siempre quedará campo para la sospecha.



Este artículo se ha publicado en La Voz de Barcelona

domingo, 12 de septiembre de 2010

Juzgar sentimientos

"Ningún Tribunal puede, ni podrá, juzgar nuestros sentimientos ni negar nuestra voluntad."

No, no se trata de la declaración de una pareja de enamorados a los que un Tribunal les impide continuar su relación por la oposición de sus padres, ni que los Tribunales deportivos hayan prohibido el lema del RCD Espanyol “La força d’un sentiment”.
Estamos hablando de política, de la declaración que ha efectuado el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con motivo de la celebración de la Diada del 2010. La frase no es nueva, y ya la había pronunciado el Presidente Montilla en la declaración institucional de junio de este año con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía.
Hace bien el manifiesto en referirse a sentimientos, puesto que estos son las impresiones que causan a nivel espiritual determinadas situaciones. Los socialistas sienten que “Cataluña es una nación”, “que su lengua es el catalán” y que el “Estatuto fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”. Nada que objetar a que el PSC haga públicos sus sentimientos porque ya se sabe que en el terreno del corazón todo es posible y que las personas, al parecer ahora también las jurídicas, actúan y se comportan con amor, pasión u odio, a veces de una manera irracional. Ahora bien, para no confundir a los destinatarios del mensaje, estaría bien que el PSC aclarara en el manifiesto que esos sentimientos no tienen nada que ver con el ordenamiento jurídico ni con la realidad. Con las normas en la mano, a día de hoy Cataluña es una nacionalidad (artículo 1 del Estatuto de Autonomía), la sociedad catalana tiene dos lenguas mayoritarias y de ellas la más hablada es el castellano, y en el referéndum del 18 de junio de 2006 sólo votaron “Sí” a la pregunta ¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?" 1.899.879 personas de los 5.310.103 que conformaban el censo.
Puesto que el PSC se ha instalado en ese íntimo campo, esperemos que su frustración, al comparar sentimientos con realidades, no le conduzca al resentimiento.

Artículo publicado en e-noticies

jueves, 2 de septiembre de 2010

Hablando en chino

Desde luego, el hecho de que la Defensora del Pueblo haya presentado, a petición de Impulso Ciudadano, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de inmigrantes y retornados a Cataluña ha levantado ampollas en el Gobierno y en los círculos nacionalistas. El subdirector de "El Punt", Manuel Cuyàs" publicó en el diario Avui el día 23 de agosto el artículo "El xinès i el català". El artículo no respondía a la realidad y remití al diario Avui una carta de réplica con el título "Prejudicis" que vio la luz el día 29 de agosto y que publico a continuación.

"El xinès i el català".

La defensora del poble, que és una senyora que sembla la Rita Barberá amb uns altres vestits i que com l'alcaldessa de València és militant del PP, ha denunciat al Tribunal Constitucional la llei d'acollida que preveu que la nova immigració s'integri a Catalunya en català. Que potser s'hi ha d'integrar en japonès? En suec? En castellà? Si és en castellà, ¿com s'integraran els immigrants que vénen de Bolívia o l'Equador, si ja parlen castellà? Qui va fer de portaplatets al negociat de la defensora és José Domingo, un home que va entrar de diputat al Parlament de Catalunya de la mà del partit Ciutadans i que ara forma part del grup mixt perquè es va batallar amb el seu líder, Albert Rivera. És el que passa amb Ciutadans: es barallen. Com que estan enfadats amb tot i amb tothom, com que el seu programa consisteix a no somriure ni dir mai ni una paraula amable i posar aquelles celles arrufades que no ha parat de posar Albert Rivera durant els quatre anys de parlamentari, els Ciutadans es barallen de manera natural i d'ofici amb els altres i entre ells.

El cas és, doncs, que José Domingo ha presentat una denúncia contra una llei que el Parlament del qual forma part va aprovar. A Catalunya, com a Espanya, també regeix el sistema bicameral, només que nosaltres de la cambra alta no en diem Senat sinó que, per gentilesa del PP i de Ciutadans, en diem Tribunal Constitucional i Defensor del Poble.

A José Domingo se l'ha d'entendre. Com que el seu anticatalanisme no ha pogut evitar que els immigrants antics, els espanyols, siguin formats en català a través de la immersió lingüística, ara procura que als nous, als de passaport estranger, no els afecti el mateix trauma. Hi ha gent que es treu les espines que porten clavades a l'ànima de manera molt recargolada.

Però jo penso que no és només d'això que es dol José Domingo. A aquest home, que va néixer a Catalunya fa més de cinquanta anys i que és advocat, no se li ha sentit dir mai ni un mot en català. Hi ha molta gent negada per als idiomes. Gent que es passa anys i anys en un lloc on es parla una llengua que no és la seva familiar i que per temps que passi no sap ni demanar un plat de sopa amb l'idioma del país.

Ara fixem-nos en els nous immigrants, els que han arribat a Catalunya fa res, quatre dies. Molts no saben articular ni una paraula en català, això és cert, i això és el que vol evitar la llei que a José Domingo li desplau, però n'hi ha uns altres que n'han tingut prou amb aquests quatre dies per expressar-se en un català més que correcte. Hi ha un cambrer xinès en un restaurant on vaig sovint a dinar que em recita els noms dels peixos com si portessin les quatre barres al llom com les hi portaven els que es banyaven pel Mediterrani a l'edat mitjana. Ara observem José Domingo. No sap ni articular bon dia, i li ve un xinès de la Xina que diu llamàntol i escórpora i sap compondre una oració principal i una altra de subordinada amb tots els pronom febles a lloc. Què ha de fer davant un cas semblant José Domingo? Córrer al receptiu Defensor del Poble no només per tancar qualsevol mena de futur al català, que és la seva intenció primera, sinó també perquè faci callar el xinès i li eviti el tràngol de quedar humiliat i en evidència.


Prejudicis



Un prejudici és una convicció o creença que provoca una actitud intolerant, persistent i hostil cap a certs temes o certs grups de persones. Afirmava Einstein que "és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici".
L'article que va publicar el Sr. Manuel Cuyàs amb el títol "El xinès i el català" és un ventall de prejudicis vers els que defensem la llibertat lingüística i, a més, es rabeja en mi quan afirma que mai he pronunciat ni un sol mot en català. La condició d'integrant de la comunitat castellanoparlant de Catalunya i el fet de que en la meva activitat política utilitzi preferentment el castellà per reivindicar la seva presència en les institucions no em converteix en un ignorant del català. Ans al contrari, parlo aquest idioma amb assiduïtat en la meva esfera privada i també en intervencions públiques (el Diari de Sessions i el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en són bona prova). Malgrat que no vaig poder estudiar la llengua catalana a l'escola, ho he fet posteriorment i he aprovat el nivell C de català, per tant, segons els paràmetres del catalanisme a l'ús, se'm pot considerar “normalitzat”. Si el Sr. Cuyàs vol comprovar-ho, no tinc cap inconvenient a entrevistar-me amb ell per parlar d'aquests temes que tant l’apassionen i que en ocasions el porten a perdre el seny.
Els seus prejudicis el confonen i el fan caure en el ridícul. La realitat està farcida de catalans que defensen el seu dret a expressar-se en llengua castellana i que coneixen satisfactòriament el català. També haurà de començar a assumir que els catalans a qui qualifica ofensivament com a “immigrants antics” tenen els mateixos drets que els de soca-rel. Personalment, m'ofèn que m'atribueixi una finalitat tan innoble com la d'evitar la formació de la gent en català quan he defensat durant tota la meva trajectòria cívica i política que les persones puguin ser escolaritzades en català i en castellà. Sóc partidari de la suma d'identitats en llibertat i, per això, en el debat de la llei d'acollida vaig proposar que l'Administració facilités als estrangers residents a Catalunya els mitjans per formar-se tant en català com en castellà, però que corresponia als immigrants decidir la seva primera llengua d’acollida. Malauradament, la llei no deixa llibertat i l’immigrant no pot configurar el seu projecte lingüístic en funció dels seus interessos. La llei, per mi, és inconstitucional i el Defensor del Poble també ho ha entès així.


De esta polémica se hizo eco La Voz de Barcelona

La màquina de fer independentistes



La expresión no es nueva, pero en los últimos tiempos es utilizada con frecuencia por los sectores que postulan la independencia de Cataluña y por aquellos otros que, consciente o inconscientemente, colaboran para que ello sea posible. Se trata de “la màquina de fer independentistes”.

Según los ingenieros sociales que han analizado este curioso artefacto, sus engranajes están compuestos por cualquier decisión o actuación que complique o dificulte el avance nacionalista en Cataluña. Es decir, la resistencia a la deriva soberanista catalana conlleva, sorprendente e impepinablemente, la conversión inmediata y espontánea de unos cuantos miles de catalanes al independentismo.


Así, suponen estos finos analistas de la realidad catalana, esta fe habría sido abrazada de forma espontánea, casi milagrosa, por muchos catalanes debido a toda una retahíla de afrentas intolerables. Cataluña, esa Cataluña homogénea, unívoca, monocorde de la que dicen ser portavoces, sería hoy más independentista que ayer porque la sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado o interpretado inadecuadamente algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque la defensora del Pueblo ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de inmigrantes, porque algunas organizaciones pretenden recurrir contra el Código de Consumo de Cataluña, porque la selección española ha ganado el campeonato mundial de fútbol, porque Pedrosa luce la camiseta de La Roja en las pistas de motociclismo, porque se coloca en el balcón la bandera de España o porque el informe de un Departamento de Estado de los Estados Unidos critica la política lingüística de la Generalidad de Cataluña.

Conozco bien el argumento, lo he padecido en el Parlamento autonómico cuando he impulsado alguna iniciativa contraria a los intereses soberanistas. Invariablemente, en esos momentos saltaba como un resorte el diputado autonómico de turno, que, por mi bien, me alertaba sobre la conveniencia de desistir de mi posición irredenta, auténtica máquina de hacer independentistas.

El descaro, la hipocresía, el doble lenguaje del nacionalismo es enorme. Todo juega a su favor. Nada escapa a su lectura interesada. Si se celebran consultas soberanistas se camina, legítimamente y en atención a la espontánea voluntad de Cataluña, hacía la independencia, pero si se denuncia su ilegalidad, la máquina comienza a funcionar y cling, cling, unos cuantos independentistas más; si la bandera nacional no ondea en los Ayuntamientos, y España desaparece simbólicamente de los mismos, se hace como expresión de un sentir compartido del pueblo catalán, pero si se pretende que se cumpla la ley para que la bandera esté en el mástil, más cling, cling, el número aumenta, imparable; es más, si se solicita que la escuela enseñe también en castellano o se protesta para que los comerciantes tengan libertad para rotular sus comercios en la lengua que elijan, nuestras calles vierten independentistas a raudales.

Vamos, que nos encontramos en un callejón sin salida y la única solución para que no se reproduzcan nuestros aliens independentistas es callarse, no hacer nada y contribuir disciplinadamente a fomentar la plurinacionalidad del Estado, única solución que evitará la ruptura de España y el funcionamiento de la máquina a toda pastilla. Los defensores del Estado español plurinacional, entre ellos Montilla y Zapatero, han colocado, sumisos, un enorme cartel con el lema ‘No molesten a los independentistas’ y protegen interesadamente a sus validos: les hacen el caldo gordo y califican como legítimas sus aspiraciones mientras ridiculizan a los que defendemos la España autonómica; miran para otro lado cuando los medios de comunicación públicos presentan la consecución del Estado catalán como el paraíso terrenal (más pensiones, más carreteras, más salud, menos impuestos…); les miman y dan millones y millones de euros de las arcas públicas a asociaciones que trabajan para romper los ligámenes con el resto de España y para hacer desaparecer de las instituciones los signos de identidad comunes de todos los españoles.

Sin embargo, la monserga de la máquina de hacer independentistas es un chantaje que no debe paralizar la actividad de aquellos que creemos que la independencia de Cataluña tendrá unas perjudiciales consecuencias en el orden económico y social para todos. Por ello, es legítimo y útil demostrar que los que no defendemos la independencia somos mayoría y que la nueva Cataluña que pregonan los separatistas es nociva. No es hora de flaquear ante tanta presión, sino de seguir con las movilizaciones y concentraciones, de acudir a los tribunales de justicia nacionales y de solicitar amparo a los organismos internacionales, de hacer cada vez más visibles a los defensores de la libertad lingüística, y a quienes defendemos la convivencia entre los catalanes y de éstos con el resto de los españoles. No es el momento de amilanarse ante las amenazas sino de dar más gas a la máquina de hacer ciudadanos más libres y demócratas.

Publicado en la Voz de Barcelona el día 1 de septiembre

viernes, 30 de julio de 2010

Joan, no son emigrantes ¡son compatriotas!

ERC sabía lo que hacía cuando dio sus votos a José Montilla en la investidura de Presidente de la Generalitat. El líder de los capitanes, aquel movimiento interno del PSC que pretendía desalojar a su sector más catalanista, llegaba a la Generalitat y hacía visible que con independencia del origen en Cataluña es posible ser “presidente del país”, eso sí, siempre que se firme el muy sui generis contrato con Cataluña que ha redactado el nacionalismo catalán. Joan Puigcercós en un artículo de su blog califica de audacia intelectual esta teoría que alumbré en un reciente pleno del Parlament y tergiversa mis tesis. En Cataluña, hace mucho tiempo que la clase social paso a un segundo plano, el principal referente es el de la identidad.

En su artículo entrecomilla palabras que yo no pronuncie y que fueron traducidas por su subconsciente a un lenguaje que me resulta muy extraño. Basta con acudir al diario de sesiones, yo dije lo siguiente:

Permítanme que les haga una confidencia personal: una de las escenas que más me han emocionado de mi experiencia como parlamentario fue observar a los padres del presidente Montilla -cortados por el mismo patrón que los míos, andaluces también y gente trabajadora, que se esforzaron en sacar a sus hijos adelante-. Aquel día, despistados pero a la vez orgullosos, en la toma de posesión de su hijo como presidente de Cataluña, a mí me emocionaron.

Sé que durante esta legislatura a ciertos integrantes de algunas formaciones les ha costado reconocer al señor José Montilla como Molt Honorable President de todos los catalanes. Todavía hoy hay personas que lamentablemente consideran que la Generalitat es patrimonio de una determinada casta política o de lo que se entiende por família de classe bona.

El presidente Montilla rompió un tabú y los catalanes que entendemos Cataluña como una suma de identidades y orígenes nos sentimos orgullosos de ello.

Al final de la legislatura he de expresarle, presidente, mi profunda decepción. El ascensor social funcionó pero ahora sabemos que quien le ascendía le exigía una contrapartida y contaba con una coartada, la letra pequeña que tenía como misión hacer inasumible la Cataluña para todos, la Cataluña integradora. Creo sinceramente que no le ha valido la pena. No espere agradecimientos por los servicios prestados, el nacionalismo es así. Ya ve, le permitieron encabezar una manifestación al mismo tiempo que algunos de ellos pretendían expulsarle al grito de «botifler, botifler».


No utilicé la palabra emigrante, jamás la emplearía con los españoles nacidos en otras partes de España que residen en Cataluña. Somos compatriotas. Tampoco pretendo hacer de la identidad un fenómeno estático, porque creo en la suma de identidades.

De hecho, celebro - y lo digo sin ironía- que el Presidente Montilla haya mejorado su catalán a lo largo de la legislatura y que al final de ella no necesite de chuletas para realizar dedicatorias en sus libros de firmas. Mi reproche se constriñe al hecho de que haya aceptado el rol catalanista con la fe del converso, y que haya aceptado, sumiso, las condiciones que fija el Poder. Los poderosos de entonces hicieron que López Rodo o Masso renunciarán a utilizar el catalán cuando gobernaban y ahora imponen a Montilla la exclusión del castellano en sus intervenciones públicas. El “fill de la minyona”, por seguir el símil utilizado por el propio Puigcercós en su intervención en el debate extraordinario sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, ha fijado las reglas del juego y son las mismas que las de la "familia de casa bona".

Aquí, con la apelación a la unidad civil y a la represión del franquismo se chantajea a la comunidad a la que pertenecen los padres de Montilla (hablo en sentido figurado).

Estos catalanes castellanohablantes también quisieran verse reflejados en sus instituciones y algunos de ellos empiezan a tomar conciencia de que son rechazados y de que la razón de la aversión no tiene nada que ver con la condición social sino con el empeño del Poder en hacer valer una identidad única. Probablemente, Joan Puigcercós y yo tenemos parecidos orígenes sociales, ninguno de los dos procedemos de familia burguesa, y, sin embargo, nos encontramos muy alejados. El trabaja desde el Poder, del que forma parte, para anular mis derechos y cambiar mi país y contra eso me rebelo. Quiero que entienda que no pretendo anular su identidad, con Joan Puigcercós y con otros me he expresado siempre en catalán en la Cámara, sino sumar la suya a la mía. He incorporado el catalán a mi identidad, al igual que él ha incorporado el castellano a la suya, pero me niego a olvidar la lengua de mis padres, de la misma manera que el Presidente de ERC tiene siempre presente el buen catalán que habla.

La solución es muy sencilla, el bilingüismo institucional y la libertad individual pero, claro, en ese escenario el Poder catalán se encuentra incómodo porque necesita de la lengua única para acentuar la diferencia que haga más transitable el camino hacia la independencia. Por ello, me parece preocupante y próximo a la traición que el PSC, con el Presidente Montilla al frente, hayan asfaltado la tortuosa e incómoda carretera de montaña para convertirla en una vía rápida. Ahora bien, los excesos de velocidad son peligrosos y se corre el riesgo del accidente, la fractura social.

miércoles, 28 de julio de 2010

Comunidad castellanohablante

En la sesión del 28 de julio no sólo se han hablado de la prohibición de los toros, he formulado la que probablemente será mi última intervención en el pleno de la Cámara. He planteado la existencia de dos comunidades lingüísticas en Cataluña porque hasta ahora la unidad civil a la que ha apelado Carod se ha basado en un trágala para los castellanohablantes que ven como sus derechos son absolutamente ignorados en beneficio de los derechos de la lengua catalana. Es decir, a las personas que se identifican mayoritariamente con el castellano no se les reconocen derechos porque el franquismo persiguió a la lengua catalana. No niego que hay una mayoría en la Cámara catalana que apoya esa política lingüística pero, me parece profundamente antidemocrático y falto de ética que se vulneren los derechos de la mayoría lingüística castellanohablante y se pretenda mediante este chantaje hacerla invisible. Desde luego, no estoy dispuesto a que los castellanohablantes de hoy paguemos la hipoteca del franquismo, nosotros no somos los deudores.
El debate es muy sustancial y el nerviosismo de Carod en la respuesta deja claro que la vía para parar la sucesión de golpes es identificarnos como comunidad castellanohablante de Cataluña.
Pregunta
al Govern sobre la discriminació dels castellanoparlants (tram. 310-00456/08)
La següent pregunta la formula, en nom del Grup Mixt, l’il•lustre senyor José Domingo.
El Sr, Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente.
Conseller, soy uno de los integrantes de la comunidad castellanohablante de Cataluña, una comunidad que está formada, según la última encuesta de usos lingüísticos, por el 46,5 por ciento de los catalanes. El grupo que se identifica solo con la lengua catalana, en el que me imagino se incluye usted y muchos de los diputados de esta cámara, suma el 37,2 por ciento.
La comunidad lingüística castellanohablante es la mayoritaria de Cataluña pero la acción de su Gobierno la margina e ignora. Basta con leer el balance de la política lingüiística 2004-2010, que ha presentado recientemente, para concluir que los castellanohablantes de Cataluña son considerados como una anomalía social, y que por ello se impulsan políticas destinadas a corregir lo que se considera una disfunción y un extraño peligro para la supervivencia del idioma catalán. No reparan en medios, en argucias con apariencias de legalidad, e incluso en la intimidación para hacerlos invisibles.
Si los castellanohablantes pedimos la enseñanza en castellano ponemos en peligro la convivencia. Si solicitamos la documentación oficial en este idioma nos convertimos en una incomodidad. Y cuando reclamamos que la señalización de los establecimientos oficiales sea bilingüe, se apela para no hacerlo a la contaminación paisajística, a razones económicas o a la ley interpretada de la forma más excluyente.

¿Por qué su gobierno, el gobierno de todos los catalanes, ignora y margina la comunidad castellanohablante?

El president
Té la paraula, en nom del Govern, l’honorable senyor Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident d’aquest Govern.

El vicepresident de la Generalitat (Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira)
Moltes gràcies, senyor president. La pregunta que vostè ha formulat sap perfectament que és una total falsedat, i els termes en què l’ha plantejada, una absoluta i perillosa irresponsabilitat política, i vostè ho sap.

El president
Senyor diputat, té la paraula.

El Sr. Domingo Domingo
Muchas gracias, señor presidente. Hablando de peligrosas irresponsabilidades políticas: ¿Se reconoce en estas palabras, conseller? «Un inmigrante ecuatoriano en Madrid será un inmigrante, pero un inmigrante que hable catalán será uno de nosotros.»
Le retratan, están cargadas de racismo.
Usted viene a decir: un catalán que no hable catalán no es uno de nosotros.
El presidente de la Generalitat ya es uno de ustedes, de lengua materna castellana ahora considera el catalán como su lengua propia. De hecho, institucionalmente sólo lo ha utilizado cuando se ha equivocado o cuando ha citado. No ha efectuado ni un solo guiño a la comunidad castellanohablante. No se si es complejo o convicción, pero ha presidido un Gobierno injusto y discriminador hacia ella.
Le pido a Vd, pido a este gobierno mientras dure, y a los próximos gobiernos, que realmente impulsen la cohesión social...

El president
Senyor diputat...

El Sr. Domingo Domingo
...una cohesión social integradora –ya acabo, señor presidente–, que opte por no excluir a nadie, ni a castellanohablantes ni a catalanohablantes.
Muchas gracias, señor presidente.

El president
Té la paraula l’honorable vicepresident.

El vicepresident de la Generalitat
Senyor diputat, vostè no té idea, ni té ni la més, diguem-ne, remota idea, de què es discriminar i prohibir una llengua. Discriminar i prohibir una llengua es treure-la de tots els àmbits d’ús, és que et canviïn el nom, que t’alterin els cognoms, que canviïn els topònims, que et canviïn els noms dels rius, de la mar, dels llacs, dels termes municipals, de les masies, de tot; això és discriminar una llengua. Vostè vol fer creure a aquest Parlament, on tots sabem llegir i escriure, que la llengua castellana, que es una de les llengües més importants del món pel nombre de parlants, es juga el seu futur a Catalunya? Això, senyor diputat, no s’ho creu ningú.
I encara hi ha una altra cosa més important: Catalunya serà el que els seus ciutadans vulguin que sigui. I ho serà per la majoria. Catalunya no farà cap pas enlloc si no és per la majoria. Hi ha un valor que durant la dictadura vam posar com el primer dels nostres valors democràtics, que és la unitat civil del poble de Catalunya, i aquesta unitat civil no se la va poder carregar el franquisme. Si no se la va carregar el franquisme en dictadura i amb totes els mitjans que tenia al seu abast, pretén carregar-se-la vostè? No ho aconseguirà, senyor diputat, no ho aconseguirà.

El poble de Catalunya no és un projecte de Catalunya no és un projecte de passat, és un projecte de present i de futur, on no es pregunta a la gent d’on ve, ni quins cognoms porta ni quina llengua parla, perquè el futur ens pertany a tots; no ho va aconseguir el franquisme, no ho aconseguirà ni vostè ni els que pensen com vostè, perquè, què és això de «comunidad castellanohablante»? El millor que ha fet aquest país és crear una sola xarxa escolar on no es discrimini els infants per la llengua d’origen que porten a casa seva.

Potser a vostè li hauria interessat que s’hagués fracturat aquesta societat. Doncs no es fracturarà aquesta societat, perquè la majoria d’aquest Parlament no ho vol, perquè no ho vol la majoria de la societat catalana, i feliçment per al poble de Catalunya, parli el que parli, el que vostès representen és majoria ara, i desitjo que ho sigui, no sempre, sinó per a tota la vida, fins que calgui, tant com calgui. Un sol poble, el poble de Catalunya.
(Aplaudiments perllongats.)

domingo, 18 de julio de 2010

El debate extraordinario

El día 16 de julio se celebro un debate sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con motivo de la presentación de las propuestas de resolución realicé este discurso que estuvo condicionado por las intervenciones de los otros Grupos parlamentarios. Finalmente, la resolución que se aprobó por CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA pretendía burlar la sentencia del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias, señor presidente.

Hoy se ha hablado de fatiga y de cansancio de los catalanes por el sempiterno discurso del encaje de Cataluña en España; no solo de los catalanes, de todos los españoles. Hemos perdido una gran oportunidad para cerrar hoy el debate, bastaba con acatar la sentencia y respetarla y declarar que los poderes públicos de Cataluña se sienten vinculados por ella. Era muy sencillo. Sin embargo, no ha sido así.

A la vista de las intervenciones, parece ser que algunos políticos tienen cuerda para rato y anuncian nuevos caminos y travesías. El puerto constitucional es un puerto seguro si se respetan las normas, sin embargo, algunos grupos políticos con ánimo aventurero nos quieren llevar a destinos inconcretos. Ya se sabe que en las singladuras con marcha o con destino desconocido se corren muchos riesgos de tempestades y siempre es conveniente contar con unas buenas cartas de navegación y una tripulación experimentada. Sin embargo, por lo que se ha escuchado hoy aquí, el barco con el que pretenden navegar cuenta con unos marineros que cuando puedan tienen voluntad de amotinarse.

Reflexionen sobre las consecuencias de las travesías peligrosas, no vaya a ser que aboquen a Cataluña a un naufragio. Los mares están llenos de barcos hundidos con piratas que buscaban la isla del tesoro. (Remor de veus.)

Me confieso desolado por el grado de deslealtad institucional que durante este proceso han tenido las principales autoridades de Cataluña y los principales responsables políticos. En una carrera alocada se han proclamado crisis de Estado, se han declarado municipios moralmente excluidos de la Constitución y se ha alentado a la insubordinación al Tribunal Constitucional, de la que es última expresión la resolución que con toda seguridad se aprobará hoy en esta cámara. A esa resolución le falta una parte, la de los fundamentos jurídicos de la sentencia que valora el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y también incorporar el fallo de la sentencia, que declara que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto a “Cataluña como nación” y a la “realidad nacional de Cataluña”.

Permítanme que les haga una confidencia personal: una de las escenas que más me han emocionado de mi experiencia como parlamentario fue observar a los padres del presidente Montilla -cortados por el mismo patrón que los míos, andaluces también y gente trabajadora, que se esforzaron en sacar a sus hijos adelante-. Aquel día, despistados pero a la vez orgullosos, en la toma de posesión de su hijo como presidente de Cataluña, a mí me emocionaron.

Sé que durante esta legislatura a ciertos integrantes de algunas formaciones les ha costado reconocer al señor José Montilla como molt honorable president de todos los catalanes. Todavía hoy hay personas que lamentablemente consideran que la Generalitat es patrimonio de una determinada casta política o de lo que se entiende por família de classe bona.

El presidente Montilla rompió un tabú y los catalanes que entendemos Cataluña como una suma de identidades y orígenes nos sentimos orgullosos de ello.

Al final de la legislatura he de expresarle, presidente, mi profunda decepción. El ascensor social funcionó pero ahora sabemos que quien le ascendía le exigía una contrapartida y contaba con una coartada, la letra pequeña que tenía como misión hacer inasumible la Cataluña para todos, la Cataluña integradora. Creo sinceramente que no le ha valido la pena. No espere agradecimientos por los servicios prestados, el nacionalismo es así. Ya ve, le permitieron encabezar una manifestación al mismo tiempo que algunos de ellos pretendían expulsarle al grito de «botifler, botifler».

Me duelen especialmente afirmaciones del tipo de «España no nos quiere» o conclusiones como las que ha pronunciado hoy el más alto representante del Estado en esta cámara: «En el escenario actual, España es más pobre moralmente.»

Me parece profundamente desleal que el presidente de la Generalitat, también se lo hemos escuchado a otros representantes políticos, insulte e injurie de la manera que lo ha hecho a los miembros del Tribunal Constitucional. Quiero recordar que solo el 4,97 por ciento de los catalanes votaron «no» a la Constitución española, no sé si alguno de ustedes votó que no, pero desde luego fueron una minoría. Pero, en todo caso, al asumir cargos públicos han prometido acatarla. Por cierto, esa Constitución fue apoyada en Cataluña por un porcentaje superior al del resto de España.
Solo desde la insolvencia o desde la mala fe se puede afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional rompe el pacto constitucional. Permítanme que recuerde algunas de las cláusulas de ese pacto ¡No se alteren! La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (remor de veus); la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran; la Constitución declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las otras lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas; la Constitución proclama que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad política y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, también, por lo tanto, los de la Generalitat de Cataluña. También dispone que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en toda España y es competente para conocer el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Y que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de las tres quintas partes por cada una de las cámaras.

En el proceso constituyente se cerraron algunas puertas, entonces no prosperaron las enmiendas que pretendían la calificación de nación para algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, y se votó expresamente en contra del deber genérico de conocer los idiomas oficiales de las comunidades autónomas. Tampoco prosperaron esas pretensiones en los trabajos del Estatuto de Autonomía, ni en los de la Ley de Política Lingüística. No prosperaron, por cierto, con el voto de algunas formaciones que ahora consideran mancillada la dignidad de Cataluña. Ya lo han olvidado, pero algunos de ustedes votaron en contra de que Cataluña se reconociera como nación y de la obligación de conocer el catalán, y lo hicieron porque lo consideraban inconstitucional.
Ese fue el pacto constitucional que suscribieron los catalanes, que no Cataluña, y está vigente actualmente. Ese pacto se intentó dinamitar por el Parlamento de Cataluña el 30 de setiembre de 2005 y ustedes eran conscientes de ello. También sabían que el texto que finalmente se sometió a referéndum era inconstitucional y mantuvieron el engaño. Por cierto, solo fue ratificado por uno de cada tres catalanes.

Tan conscientes eran que han votado en contra de todas las propuestas del Grupo Mixto en los debates de política general solicitando del Tribunal Constitucional una pronta resolución judicial. Y ahora viene con el cuento de un Tribunal Constitucional moroso y critican su tardanza cuando han utilizado todas las estrategias, todas las artimañas para evitar que se dicte sentencia. Abrieron las puertas que estaban cerradas por la Constitución, gritaron y denostaron a los que les advirtieron que eso no era correcto, y cuando el vigilante, el Tribunal Constitucional, cumple su cometido, le insultan, le zarandean y la emprenden a patadas con él.

Fueron ustedes los que rompieron el pacto constitucional y lo sabían, y lo terrible es que lo hicieron con el consentimiento del presidente de turno de la comunidad, que fue su colaborador necesario.

A mí no me gusta la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que avala preceptos que son a mi juicio inconstitucionales (forta remor de veus), es más, le pedí en su día al Defensor del Pueblo que recurriera el Estatuto y todavía albergo la esperanza de que algún precepto más sea declarado inconstitucional. Pero sepan que respeto la decisión judicial, soy demócrata y acato las decisiones de los tribunales. No suelo insultar ni injuriar a los jueces, porque, entre otras cosas, sé que es delito.

Hoy se ha hablado de posibles reformas constitucionales, también las defiendo, para, entre otras cosas, articular de una manera más racional la estructura del Estado y para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos que las administraciones hurtan. Sin ir más lejos, la práctica del derecho constitucional a la educación en castellano que en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Cataluña, es imposible. Pero la pretendo por los cauces reglamentarios, por los cauces de la revisión.

Hoy hablaba el diputado señor Puigcercós que tendríamos que reconocer a los catalanes tal com som; efectivamente, hay que reconocer a los catalanes, a los miles de catalanes que se manifestaron el sábado y a los cientos de miles que por toda Cataluña se manifestaron a favor de la selección española. (Forta remor de veus.) A favor de la selección española. ¡Ustedes hablan de un millón y medio, cuando no serían más de cien mil. No hagan más trampas, permítanme que concretemos los números!

He de decirles que yo en su día –que yo en su día– pedí el «no» al Estatuto de autonomía de Cataluña y fue porque no veía reflejada esa pluralidad en el texto y porque como castellanohablante me sentía excluido de ese texto. Así lo sentía y lo sigo sintiendo. Si bien ahora de una forma más matizada gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Decían que no ha habido propuestas; sí hay propuestas. Hay una propuesta de cambio en la Administración. A partir de la sentencia tendrán que reconocer que el deber de conocer el catalán que prevé el artículo 6.2 no es un deber jurídicamente exigible a todos los ciudadanos; reconocer que en la enseñanza se han de considerar al castellano y al catalán lenguas vehiculares, y, por lo tanto, se deben dejar sin efecto las prácticas de inmersión lingüística obligatoria en catalán que se vienen practicando. Eso como mínimo. Además, absténganse de utilizar el término nacional o nación a partir de ahora en los cuerpos jurídicos, es decir, en las leyes.

Ya termino, señor presidente. (Remor de veus.) A partir de hoy no sé si iniciamos el camino de la independencia, sinceramente creo que no, pero sí sé que lo que iniciamos es el camino al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que a todos nos compromete, también a todos ustedes.

Muchas gracias, señor presidente