¡Allá ellos!

He publicado el sábado 28 de enero este artículo en el diario ABC. Su origen está en la contestación que ha dado la Generalitat a la demanda que ha presentado Impulso Ciudadano contra el Decreto que regula la direccion de los centros docentes en las que se ha solicitado la presentación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña. Tampoco pueden pasar desapercibidas las declaraciones de Mas preparando el terreno para la enesima deslealtad institucional, esta vez lo ha hecho en la sede del Consell de Garanties Estatutaries, el órgano encargado de velar que las leyes autonómicos no contravengan la Constitución.

¡Allá ellos!

El modelo educativo catalán declara que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza. La Generalitat se opone a cambiarlo aduciendo que los alumnos, cuando finalizan sus estudios, conocen el catalán y el castellano. Con una enseñanza bilingüe, e incluso con un modelo que tuviera al castellano como centro de gravedad, conseguirían también un dominio de ambas lenguas. En marzo de 1998 se traspasaron a la Generalitat los últimos institutos que impartían la mayoría de las asignaturas en castellano, sus alumnos, contradiciendo la premisa del discurso oficial, obtenían buenas notas en catalán en las pruebas de selectividad. La cuestión, entonces, no tenía nada que ver con el rendimiento, el Gobierno catalán defendía la transferencia para acabar con la presencia normal del castellano en la escuela.

El invento consiste en hacer del catalán la lengua de identificación del niño, reafirmarla en aquellos que la tienen como materna y cambiarla en la de otros registros lingüísticos. A la vista de los resultados, da réditos. Según datos del informe de política lingüística del 2010, el 13% del total de la población adulta ha adoptado el catalán como su lengua, aunque no era su lengua inicial en la infancia. Estamos hablando de casi 800.000 personas.

La razón de fondo la desvela la Ley de Educación de Cataluña: “configurar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la cual la lengua catalana resulte un factor de integración social”. Para ello, la ley declara al catalán como “lengua de referencia” y “factor de cohesión social” y obliga al Gobierno a implantar estrategias educativas de inmersión lingüística que aseguren el uso intensivo del catalán como lengua vehicular.

El conflicto es de identidad, no pedagógico. Los defensores del modelo educativo monolingüe catalán y los que abogan por la escuela bilingüe libran una batalla sobre el futuro de Cataluña que tiene unas evidentes connotaciones políticas. La programación vigente discrimina al colectivo castellanohablante y es inconstitucional. Nuestros gobernantes saben que jurídicamente están en falso y sacan toda la artillería pesada contra quienes se atreven a denunciar el diseño y para evitar posibles reveses judiciales, no dudan en mentir como cuando reconocen ante los Tribunales lo que niegan en el Parlamento, que consideran al castellano lengua vehicular. Nerviosos ante lo inevitable –la declaración de inconstitucionalidad de su proyecto- el Presidente de la Generalitat gallea ante juristas y les prepara para que asuman la ruptura de las costuras constitucionales. ¡Allá ellos!

“Transición nacional” hacia la frustración

Artículo publicado en el diario digital la Voz de Barcelona el 9 de diciembre de 2011

El aniversario del referendo constitucional nos lleva a echar la vista atrás y calibrar la vigencia de la Constitución. Pedir rigor en el análisis y conclusiones a las formaciones nacionalistas es como pretender que un ultrasur o un boixo noi valoren con objetividad un penalti al borde del área en un Madrid-Barcelona. Misión imposible.

Los más radicales, llevan años trabajando para deslegitimar la Constitución y cada 6 de diciembre la convierten en un guiñapo inservible que es enterrado, despedazado, pisoteado o quemado. Los más moderados, escudándose en la reforma exprés que ha introducido la figura de la estabilidad presupuestaria, y en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, encuentran una nueva coartada para reclutar marineros para el barco de la travesía de la transición nacional.

Mas, que debe su cargo de Presidente de la Generalidad a la Constitución que ahora repudia, y el Parlamento autonómico de Cataluña solemnizan la ruptura del pacto constitucional, tomando como coartada la revisión del artículo 135 de la Carta Magna por ser expresión de la recentralización del Estado. Así, sin temblarles el pulso, consideran la reforma como contraria a Cataluña, obviando que de los 49 diputados catalanes, 35 votaron a favor de la reforma constitucional. Como siempre, el nacionalismo confunde la parte con el todo, y secuestra el buen nombre de Cataluña para sustituir su voluntad por su excluyente ideología.

En esta ocasión no han estado solos, otras formaciones políticas se han apresurado a renegar del soporte que dieron en su día a la Constitución. Cayo Lara, tan solícito con Amaiur -la versión política de ETA- como reticente y suspicaz con otros colectivos, muestra su cara de perro al texto constitucional. El gran adalid de la memoria histórica, desdeña el ‘Sí a la Constitución, a la democracia avanzada y a la reconciliación’ con el que empapelaron las calles viejos comunistas como Carrillo, la Pasionaria o Alberti en la época de la transición. En su desvarío, ridiculiza el texto y aprovecha el acto institucional del Congreso para hacer mercadotecnia rupturista. De atender al ruido mediático, llegaríamos a la conclusión de que el campo del No a la Constitución, se ha ensanchado, pero sería conveniente que pudiera demostrarse esa apariencia en las urnas.

La Constitución, todavía joven y con futuro, necesita de algunos retoques que la hagan lucir esplendorosa. Este es un momento trascendental, se tambalea nuestro papel en la Unión Europea, se aborda la racionalización de la sobredimensionada estructura administrativa española y se denuncia un sistema electoral que olvida el principio de proporcionalidad del voto. La sociedad española está a punto de caer en el pesimismo y en la angustia generalizada y hoy, más que nunca, sería bueno retomar el espíritu de consenso constitucional del 78 y proceder a introducir reformas que no se limiten a alicatar el Senado sino también a reforzar algunos aspectos estructurales para hacer el edificio más funcional, equitativo y democrático.

Para ello es imprescindible que los grandes partidos nacionales -con el consenso de otros más reducidos- aborden con sentido patriótico la introducción de los cambios imprescindibles para prorrogar la vigencia constitucional durante, al menos, otros treinta años más. Una vez pactada la reforma, debiera someterse a consulta del pueblo español. Aventuro que muchos de los que ahora catapultan a la España constitucional a los infiernos, comprobarán que su proyecto de transición catalana hacía la ruptura social revienta por la voluntad de los sólidos diques de la soberanía nacional.

Borrar a ETA

Artículo publicado en el diario digital e-noticies el 19 de octubre de 2011

Jordi Évole, corrosivo como el ácido, sabe sacar lo mejor y lo peor de sus entrevistados. Con su sonrisa irónica, su sencillez de barrio, logra establecer un grado de complicidad que facilita la confesión del que habla, desnudando, a la vez, al que calla, porque el huidizo se retrata inexorablemente con sus atronadores silencios. “Borrando a Eta”, el último reportaje del equipo de “Salvados” de la Sexta puso a cada uno en su sitio. Al cura abertzale, incapaz de censurar a sus amigos etarras los asesinatos de la banda; al familiar de terroristas que equipara el dolor de los presos con el sufrimiento de los asesinados; al pícaro y entusiasta concejal popular de Elorrío a quien las dentelladas de Bildu no han logrado borrarle la alegría; a los concejales socialistas de Mondragón, solos en el recuerdo de su compañero asesinado, Isaías Carrasco, y a todos aquellos ciudadanos que cargan contra España al mismo tiempo que convierten su lotería nacional en objeto de deseo.

Évole descubre los rodeos verbales, los mecanismos de la disculpa de los miembros de Bildu para evitar condenar la violencia asesina; muestra -elusivos, cínicos y fanáticos- a los que se niegan a compartir espacio con el adversario político. Descarado y fresco, entra en el nido de la serpiente, y se adentra en la manifestación de la izquierda abertzale en favor del reagrupamiento de los presos, donde, nada más llegar recibe un directo verbal (“¡payaso de los cojones!”) en los morros. En tierra hostil, se repone, acorrala a los amedrentadores y, achicados, deja que expresen su miseria moral.

El documental pone de manifiesto, de forma clara y premonitoria, que el final de ETA ha sido asumido por el entorno etarra y que sólo queda por definir la gestión del entierro. De ello, han pretendido encargarse los miembros de la pomposamente denominada Conferencia Internacional de la Paz celebrada recientemente en San Sebastián. El cortejo fúnebre de expertos en la solución de conflictos ha presentado unas conclusiones que, preparadas por otras manos, han determinado que los paganos del proceso sean las víctimas del terrorismo y los Gobiernos, acoquinando a escote, y que los gastos del funeral salgan casi gratis al séquito de etarras. Demasiado. El comunicado está repleto de trampas y de frases lapa. La propia apelación a la “paz” en el título de la conferencia o la llamada al cese definitivo de la “actividad armada” o a “la resolución del conflicto” a través de la asistencia de “facilitadores internacionales” sitúa a ETA en el escenario ideal que ha perseguido y soñado. Devastada policialmente y sin fuerzas para continuar, intenta, a la desesperada, lograr réditos políticos a cambio de su autoinmolación. La dolorosa experiencia terrorista que ha padecido la sociedad española y la firmeza democrática son incompatibles con la debilidad y con los apaños bajo mano. Los atajos, las estrategias interesadas, son un insulto a la memoria de las víctimas. Los expertos, y los que les han acompañado, deberían saberlo.

Con sobrepeso y sin equilibrio

Artículo publicado en la Voz de Barcelona el 06 de octubre de 2011

Después de tantos años de mirar hacia otro lado, después de tanto tiempo haciendo oídos sordos, el debate sobre el número de las Administraciones Públicas y su imprescindible coordinación ha entrado en la agenda política de los partidos políticos, y los programas incorporan propuestas que, hasta hace poco tiempo, eran impensables. La supresión de diputaciones provinciales, consejos comarcales y mancomunidades, la reestructuración de órganos y empresas públicas de las Comunidades Autónomas e, incluso, la racionalización del reparto competencial entre Estado y CCAA, darán mucho juego en los próximos años.

Este discurso está en las antípodas del que han venido sosteniendo las fuerzas nacionalistas y, evidentemente, va en la dirección contraria al que ha presidido la construcción de nuestra estructura institucional. La arquitectura política, desde la transición democrática, se ha caracterizado por incrementar el número de plantas del edificio y dotar de múltiples compartimentos a cada planta. Las consecuencias son conocidas, un edificio insostenible, con unos cimientos pobres e insuficientes, que corre el peligro de venirse abajo por sobrepeso y por falta de equilibrio.

Es cierto que últimamente se han dado algunos pasos para coordinar y armonizar el entramado. En esta línea, me parece oportuno destacar la recientemente aprobada Ley de Salud Pública por la cual el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será el encargado de aprobar un calendario único de vacunaciones que las CCAA sólo podrán modificar por razones epidemiológicas. Asimismo, esta Ley garantiza la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, de manera que quienes hayan agotado la prestación o subsidio de desempleo la tendrán garantizada con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan.

También el Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, ha introducido medidas que mejoran la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. La creación de un formato único y común de tarjeta sanitaria satisface una reclamación histórica que evitará problemas a muchos usuarios cuando se desplacen fuera de su Comunidad. Igualmente es positivo que por mandato legal se prevea para el año 2013 un modelo que permita a los profesionales sanitarios acceder la historia clínica de los pacientes del Sistema Nacional de Salud y hacer interoperativas las recetas electrónicas. Sorprende, al enumerar los cambios introducidos por esta normativa, que tales medidas de simple sentido común, hayan estado ausentes durante tan largo periodo de tiempo. Ha sido necesaria la mayor crisis económica de las últimas décadas para introducir un mínimo de racionalidad en un sistema sanitario excesivamente atomizado.

No obstante, estos avances, favorables a la igualdad efectiva en la prestación de los servicios a los usuarios, serán insuficientes si el Sistema Nacional de Salud no puede garantizar una similar cartera básica de prestación de servicios en todas las CCAA. Las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de CiU en relación con las listas de espera y la enorme demora prevista para algunas intervenciones hacen imposible el acceso a unas prestaciones de calidad. Con tanto recorte se corre el peligro de hacer inservible el patrón sanitario común. Esta vez, el Gobierno de España no puede hacerse el despistado y debe utilizar los mecanismos de evaluación y de la Alta Inspección para asegurar la equidad de las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.

Hagamos caso al tópico de que una crisis puede ser, también, una oportunidad. Las dolorosas circunstancias actuales deben servir, al menos, para dotar a la estructura del edificio constitucional de la necesaria coherencia y sensatez.

"Algarrobico" catalán

Artículo publicado en el diario digital e-noticies el 08 de septiembre de 2011

Tres años llevan intentado demoler un hotel en la playa del Algarrobico en el paraje natural de Cabo de Gata. Los Tribunales declararon ilegal su construcción por infringir la normativa medioambiental y de costas. Por extraños intereses la Junta de Andalucía se resiste, de manera sibilina, a dar cumplimiento a la sentencia.

En Cataluña vamos camino de contar con nuestro particular “Algarrobico”. Las autoridades catalanas han decidido mantener la inmersión lingüística y no ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a introducir el catalán y el castellano como lenguas vehiculares en la escuela, bien es cierto que no de forma sutil sino descargando toda la artillería pesada contra los Tribunales y demandantes. El hotel de las costas de Almería fue levantado con una licencia urbanística ilegal, rompiendo la armonía natural de aquella idílica zona. Aquí, en Cataluña, los políticos nacionalistas construyeron otro edificio contrario a la Ley, igualmente desproporcionado y monstruoso, al que bautizaron como “inmersión obligatoria”, alterando, así, las bases de la cooficialidad lingüística y negando la realidad social catalana que pasaba a ser una anomalía a corregir. Ahora, ha llegado el momento de restaurar el equilibrio social, de dar paso al principio de seguridad jurídica, base del Estado de Derecho, que se sustenta, fundamentalmente, en la erradicación de la arbitrariedad y en la ejecución de las resoluciones judiciales.

Declarada inconstitucional la aplicación del modelo excluyente de inmersión obligatoria y abierto el camino al más pedagógico y respetuoso de la conjunción lingüística en las escuelas, la mejor aportación que puede hacer el Gobierno catalán al bien común y a la cohesión social que tanto proclama es ordenar el repliegue del ejército de funcionarios docentes que ha utilizado ante los padres díscolos e irredentos que solicitan el bilingüismo y empezar a demoler las estructuras monolingüistas, tan perjudicadas por la “alucinosis” nacionalista.

Almendra-ametlla

Artículo publicado en el diario digital e-noticies el 09 de julio de 2011

Los eurodiputados catalanes Tremosa, Junqueras, Romeva, Obiols, Badía y el excéntrico Santi Fisas, exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, han orquestado una campaña para convertir en enemigos del catalán a aquellos que defendemos que en el etiquetado de los productos alimenticios figure, al menos, una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Han presentado una enmienda contra el Reglamento sobre etiquetado de alimentos de la Unión Europea que no se ha llegado a debatir, al parecer, por un defecto de forma. Con independencia de ello, han conseguido su objetivo, crear la apariencia de una nueva prohibición del catalán en Europa. Dejemos las cosas claras. El Reglamento no impide etiquetar en catalán, sino garantizar que los ingredientes o las características de los productos alimenticios sean comprensibles para los consumidores. Entra, por lo tanto, dentro de lo razonable que las etiquetas de los alimentos destinados a ser consumidos en España se redacten, al menos, en una lengua inteligible por todos los españoles y ésta, al día de hoy, es el castellano. La protección a la salud es la guía del Reglamento, se trata de asegurar que, por ejemplo, un catalán, alérgico a los productos secos, pueda conocer en Bilbao que uno de los ingredientes del pastel vasco que acaba de adquirir es la almendra. Esta menudencia le puede salvar la vida.

Muriel Casals, al hilo de la conmemoración del cincuenta aniversario de Omnium Cultural, declaraba que “sense enfrontament amb Madrid, això no tira”. El “això” se refería a la construcción nacional de Cataluña. El nacionalismo, y el catalán no es una excepción, tienen una gran experiencia en configurar escenarios que contribuyen a tensionar las relaciones entre las personas y los pueblos, retuercen las normas hasta hacerlas irreconocibles, agrandan el agravio con la técnica de los espejos y cualquier minucia es convertida en un atentado a las esencias patrias. Expertos en manipulación, aparentan ser víctimas cuando en realidad son ellos los que constriñen las libertades personales. Visto lo visto, parece como si Madrid, como enemigo, se le hubiese quedado pequeño y buscan contrincantes mayores, ahora toca Europa.

Pedorretas de matute

Artículo publicado en el diario digital e-noticies el 29 de abril de 2011

Los autores catalanes que escriben en castellano están de enhorabuena. Los dos últimos españoles que han recibido el Premio Cervantes han nacido en Barcelona. Juan Marsé fue merecedor de la edición correspondiente al año 2008 y Ana María Matute ha sido galardonada por el Jurado del 2010. También el Premio Nacional de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura ha sido otorgado a Josep María Castellet en el 2010. Por si fuera poco, los académicos han elegido Presidente de la Real Academia de la Lengua Española a otro catalán, José Manuel Blecua.

Los intelectuales y autoridades españolas en su conjunto valoran, por lo tanto, la calidad de la literatura catalana escrita en castellano y, preparan los huecos en la agenda para honrar a los premiados. En la Universidad de Alcalá de Henares los Reyes, el Presidente del Gobierno, la Ministra de Cultura, la Presidenta de la Comunidad de Madrid se emocionaron con el discurso de Ana María Matute y sonrieron cuando contó la deliciosa anécdota de una de las hijas del compositor catalán, Jordi Blancafort, que le confesaba a su hermanita: “La música de papá no te la creas: se la inventa”.

Con el nacionalismo pasa lo mismo que con la música de Blancafort, que no hay que creérselo porque se inventa la realidad, trata de colar de matute (esto es, ocultando la verdadera naturaleza de lo que coloca) una Cataluña que fantasea con el monolingüismo del idioma propio. Por eso, el Conseller de Cultura y muchos medios de comunicación catalanes hacen ver que los escritores en lengua castellana no existen en Cataluña. En el discurso que pronunció Juan Marsé, el 23 de abril de 2009, proclamó su condición de tal, de escritor catalán en lengua castellana, y manifestó que lo era por voluntad propia y por el entorno en el que había vivido. Irónicamente, se autocalificó como una anomalía. La razón de esa anomalía la describió con crudeza la exconsejera de Educación, Carme-Laura Gil. Esta honorable Sra, de la que no tengo ninguna duda sobre la bandera que abrazaría de haber nacido en la Alemania nazi o en la Norteamerica blanca, criticó el otorgamiento a Ana María Matute de la Cruz de Sant Jordi porque es “una escritora que sólo ha escrito en lengua castellana, es académica de la Real Academía Española y pertenece a la literatura española”

Precisamente en la entrega de las Cruces de Sant Jordi, Eduardo Punset advirtió del peligro que tiene Cataluña de encerrarse en si misma. En un momento de su discurso, cuando evocaba su infancia de pueblo, reprodujo el sonido de la perdiz. Dio la impresión de que estaba haciendo pedorretas a todos aquellos que se inventan faros que llevan inevitablemente a los catalanes a estrellar su barco contra las rocas de la intolerancia.