Artículo publicado en el diario digital e-noticies el 15 de enero de 2011
Se ha lucido el alcalde de Vic. A Josep Maria Vila d’Abadal no le basta con poner las condiciones para que los inmigrantes cumplan con sus obligaciones cívicas, él tiene intención de forzarles hasta que sientan Vic y Cataluña. No ha explicitado el sistema que empleará para lograr que los tibios o los recalcitrantes "sientan" pero vista la contundencia de sus palabras, pueden echarse a temblar.
Forzar los sentimientos, obligar a sentir. Igual aplica el canon de los machos maltratadores que también pretenden “convencer” a sus mujeres para que les quieran a través de una buena tunda de palos, eso sí, previa advertencia. Las fases del cuadro psicológico de los maltratadores están bien definidas, primero la amenaza y la coacción, acto seguido el maltrato de obra y finalmente el arrepentimiento. ¡Ojalá que el diputado catalán pase sin solución de continuidad de la primera fase, la de la fustigación emocional, a la del arrepentimiento, ahorrando la tanda de latigazos a los inmigrantes díscolos que se atrevan a anteponer la independencia emocional a su integridad física. De todas maneras, ¿es éste el tipo de amor que quiere Vila d'Abadal? No estaría de mas que el edil viguetense recordase que el cariño de las víctimas de maltrato nunca es sincero, que cuando entregan su cuerpo, casi siempre lo hacen por miedo y que el miedo puede dar lugar a la venganza.
¿En que se diferencia nuestro vigía de la catalanidad de los guardianes de la fe que persiguen en algunos países árabes a las mujeres que consideran impías por llevar pantalones o de aquellos otros que fuerzan a otros a profesar la religión musulmana o de quienes obligan a casarse a jovencitos que ni siquiera se conocen? Los ortodoxos justifican el empleo de la mano dura en el bien de los infieles o de los ignorantes. Las recetas imperativas en materia de sentimientos conducen al desvarío y da la impresión de que el diputado democratacristiano pretende demostrar que es el más duro de la banda de su pueblo. Desde luego, si son este tipo de discursos los que le ayudarán a reforzar su posición electoral, el problema no es sólo de él, afecta a la colectividad que peligrosamente se está deslizando hacía la negación del distinto; a la antesala de un fascismo catalán que es capaz de entrometerse en el campo más personal, el de los sentimientos, y llegar a violentarlos. Estoy ansioso por conocer las reacciones de SOS Racisme, o de la fiscalía o de ICV-EUiA o de Angel Colom u Oriol Amorós, tan finos de piel en otras ocasiones.
sábado, 15 de enero de 2011
martes, 11 de enero de 2011
El discurso de Mas
Artículo publicado en La Voz de Barcelona el 4 de enero de 2011.
En la Cataluña milenaria, a la que se refería Artur Mas en su primer discurso institucional como presidente de la Generalidad, el primer nacido en el año 2011 se llama Jasmine, y es una mataronesa hija de marroquíes. Esa misma nacionalidad disfrutan los padres de Belkhir, que llegó a las 0:17 horas en la provincia de Tarragona, concretamente en el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa.
Tampoco son originarios de Cataluña los padres de Kaasem, el primer bebe de Lérida, que es el tercero de una familia argelina; desconozco si Iván, el primer gerundense que vio la luz a los pocos minutos de iniciar su curso el nuevo año en Calella, es de padres nacidos en Cataluña. No sé qué grado de conocimiento de la Cataluña de hace mil años tiene el presidente autonómico Mas, pero desde luego, aquella no puede ser la referencia para dirigir la comunidad durante la segunda década del siglo XXI.
Artur Mas es un nacionalista catalán que preside un gobierno, según él, para todos los catalanes. Ahora tiene que incluir a Jasmine, Belkhir, Kaasem e Iván. Espero que la guía de su gobierno no sea la que marcó su discurso de año nuevo, cargado de antiguos tópicos y estereotipos nacionalistas que dejan fuera del terreno de juego a un significativo grupo de catalanes.
La percepción subjetiva de lo catalán, de Cataluña y de España, que reflejaban sus palabras, es simplista, deformada y basada en la cultura del enfrentamiento. Ha tenido la oportunidad de cambiar los esquemas tradicionales y ofrecer una política de entendimiento y de colaboración con todas las instituciones que, sin duda, daría muchos más réditos que hacer incompatible su concepto de “nación catalana” con el de Estado.
En un momento en el que Mas es el segundo político mejor valorado por todos los españoles, en el que Joan Rosell ha sido elegido presidente de la CEOE por los empresarios de toda España, contradiciendo a aquellos que sostenían que esto era imposible por su condición de catalán, y en el que la Confederación Española de Cajas de Ahorro está dirigida por Isidre Fainé, resulta que el presidente autonómico insta a reaccionar y combatir las hostilidades y amenazas contra Cataluña y a alcanzar lo que define como “plenitud nacional”, una ensoñación innecesaria que ya tiene un marco completo, el español.
Los catalanes de hoy agradecerán menos épica y más gestión ordinaria que facilite la solución de sus problemas: la creación de empleo, la mejora y aseguramiento de las prestaciones sociales, la obtención de créditos para emprendedores o la potenciación de las libertades en un entorno de seguridad pública. En todas ellas tiene competencias el Gobierno autonómico y mucho que corregir para levantar el lastre que hereda de los gobiernos tripartitos. Trabajo, tiene de sobra. Esperemos que no yerre las prioridades.
Tampoco son originarios de Cataluña los padres de Kaasem, el primer bebe de Lérida, que es el tercero de una familia argelina; desconozco si Iván, el primer gerundense que vio la luz a los pocos minutos de iniciar su curso el nuevo año en Calella, es de padres nacidos en Cataluña. No sé qué grado de conocimiento de la Cataluña de hace mil años tiene el presidente autonómico Mas, pero desde luego, aquella no puede ser la referencia para dirigir la comunidad durante la segunda década del siglo XXI.
Artur Mas es un nacionalista catalán que preside un gobierno, según él, para todos los catalanes. Ahora tiene que incluir a Jasmine, Belkhir, Kaasem e Iván. Espero que la guía de su gobierno no sea la que marcó su discurso de año nuevo, cargado de antiguos tópicos y estereotipos nacionalistas que dejan fuera del terreno de juego a un significativo grupo de catalanes.
La percepción subjetiva de lo catalán, de Cataluña y de España, que reflejaban sus palabras, es simplista, deformada y basada en la cultura del enfrentamiento. Ha tenido la oportunidad de cambiar los esquemas tradicionales y ofrecer una política de entendimiento y de colaboración con todas las instituciones que, sin duda, daría muchos más réditos que hacer incompatible su concepto de “nación catalana” con el de Estado.
En un momento en el que Mas es el segundo político mejor valorado por todos los españoles, en el que Joan Rosell ha sido elegido presidente de la CEOE por los empresarios de toda España, contradiciendo a aquellos que sostenían que esto era imposible por su condición de catalán, y en el que la Confederación Española de Cajas de Ahorro está dirigida por Isidre Fainé, resulta que el presidente autonómico insta a reaccionar y combatir las hostilidades y amenazas contra Cataluña y a alcanzar lo que define como “plenitud nacional”, una ensoñación innecesaria que ya tiene un marco completo, el español.
Los catalanes de hoy agradecerán menos épica y más gestión ordinaria que facilite la solución de sus problemas: la creación de empleo, la mejora y aseguramiento de las prestaciones sociales, la obtención de créditos para emprendedores o la potenciación de las libertades en un entorno de seguridad pública. En todas ellas tiene competencias el Gobierno autonómico y mucho que corregir para levantar el lastre que hereda de los gobiernos tripartitos. Trabajo, tiene de sobra. Esperemos que no yerre las prioridades.
Discriminación negativa
Crónica Périca es una revista digital al servicio del Real Club Deportivo Espanyol. El incansable y polifacético Sergio Fidalgo me ha invitado a participar y para mí es un honor colaborar en la defensa de mi club. He inciado mi colaboracíón con un artículo de opìnión sobre el reparto de los derechos televisivos del fútbol.
De los 602,2 millones de euros a repartir por los derechos televisivos correspondientes a la temporada 2009-2010, el Espanyol percibirá 13,7 millones de euros; por su parte, el Barcelona y el Real Madrid cobrarán 140 millones de euros cada uno, seguidos por el Atlético de Madrid y el Valencia que percibirán 42 millones. El desequilibrio del reparto es escandaloso, uno sólo de los grandes recaudará la misma cantidad que el conjunto de once equipos de Primera División.
Este desnivel no tiene parangón en ninguna de las grandes ligas europeas. En España, la diferencia entre los dos grandes y los últimos (Tenerife, Sporting, Málaga y Xerez tienen asignados 12 millones) es de 128 millones de euros, mientras que en la Premier League inglesa es de 23,3 millones (el Manchester United recibe 58,2 y el Middlesbrough se conforma con 34,9 millones) y en la Bundesliga alemana es sólo de 14,8 millones de euros (el Bayern Munich ingresará 28,1 y el Hoffenheim 13,3).
La Liga española es, por lo tanto, la más descompensada del mundo y eso repercute directamente en la competición, al partir con ventaja aquellos equipos que disponen de muchos más millones para la política de fichajes. Todos los espanyolistas estamos muy orgullosos de la apuesta de nuestro club por la cantera, un acierto forzado por las circunstancias económicas, pero también es verdad que resulta descorazonador tener que cantar la hora del adiós a cada jugador que despunta, y esa experiencia la padecemos año tras año.
En estos días se está negociando un nuevo diseño del reparto televisivo, nada más oportuno que replantear un giro copernicano en esta materia. Igual que se aplican políticas de discriminación positiva para lograr la equiparación de derechos de la mujer o de personas de distinta raza, sería conveniente que se emplearán también en los derechos del fútbol televisado para hacer posible que la Liga española sea verdaderamente competitiva. Es decir, debería darse un porcentaje mayor de los derechos televisivos a aquellos equipos que disponen de menor presupuesto y establecer una horquilla de financiación más estrecha para que la diferencia entre unos clubes y otros sea más reducida. Es una cuestión de equidad.
De los 602,2 millones de euros a repartir por los derechos televisivos correspondientes a la temporada 2009-2010, el Espanyol percibirá 13,7 millones de euros; por su parte, el Barcelona y el Real Madrid cobrarán 140 millones de euros cada uno, seguidos por el Atlético de Madrid y el Valencia que percibirán 42 millones. El desequilibrio del reparto es escandaloso, uno sólo de los grandes recaudará la misma cantidad que el conjunto de once equipos de Primera División.
Este desnivel no tiene parangón en ninguna de las grandes ligas europeas. En España, la diferencia entre los dos grandes y los últimos (Tenerife, Sporting, Málaga y Xerez tienen asignados 12 millones) es de 128 millones de euros, mientras que en la Premier League inglesa es de 23,3 millones (el Manchester United recibe 58,2 y el Middlesbrough se conforma con 34,9 millones) y en la Bundesliga alemana es sólo de 14,8 millones de euros (el Bayern Munich ingresará 28,1 y el Hoffenheim 13,3).
La Liga española es, por lo tanto, la más descompensada del mundo y eso repercute directamente en la competición, al partir con ventaja aquellos equipos que disponen de muchos más millones para la política de fichajes. Todos los espanyolistas estamos muy orgullosos de la apuesta de nuestro club por la cantera, un acierto forzado por las circunstancias económicas, pero también es verdad que resulta descorazonador tener que cantar la hora del adiós a cada jugador que despunta, y esa experiencia la padecemos año tras año.
En estos días se está negociando un nuevo diseño del reparto televisivo, nada más oportuno que replantear un giro copernicano en esta materia. Igual que se aplican políticas de discriminación positiva para lograr la equiparación de derechos de la mujer o de personas de distinta raza, sería conveniente que se emplearán también en los derechos del fútbol televisado para hacer posible que la Liga española sea verdaderamente competitiva. Es decir, debería darse un porcentaje mayor de los derechos televisivos a aquellos equipos que disponen de menor presupuesto y establecer una horquilla de financiación más estrecha para que la diferencia entre unos clubes y otros sea más reducida. Es una cuestión de equidad.
El limbo catalán
Artículo publicado en el diario digital e-noticies el 22 de diciembre de 2010
El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, instala a los catalanes en el limbo, al dar por muerta la arquitectura constitucional española, en la que se han cobijado durante los últimos años, y colocarlos en un lugar temporal, a la espera de la resurrección de la “nación catalana” en su plena potencia.
Contradictoriamente, CiU ofrece un gobierno estable y con alto sentido institucional al tiempo que lanza un artilugio perturbador que arruina todos los ejes en que basa esa oferta. Mas advierte que la sociedad pide seriedad, responsabilidad, liderazgo, cohesión, sentido práctico, ideales y esperanza, y da respuesta a esas peticiones presentando como solución lo que denomina “la transición nacional”. En su atrevimiento, llega a compararla con la transición del franquismo a la democracia. La comparación no puede ser más desafortunada, a mediados de los setenta la gran mayoría de los españoles estaban comprometidos en traer la democracia y la oferta de los políticos de entonces era clara y con un punto de mira común, ahí están para constatarlo los Pactos de la Moncloa y la misma Constitución española. En cambio, el referente que sirve para justificar la “transición nacional de Cataluña” es la manifestación del 10 de julio, organizada por Omnium Cultural, que no es precisamente un ejemplo de consenso. Recordemos que aquella manifestación fue galvanizada fundamentalmente con la bandera independentista y en ella se vejó, gravemente - con el grito de “botifler”- al presidente Montilla.
Carece de credibilidad quien promete gobernar para todos los catalanes y presenta una carta de navegación en la que se disimula tramposamente el final de la travesía. No merece apoyo quien recubierto de un aparente manto de estabilidad ofrece una singladura insensata. Los políticos, incluso los de primero de primaria, debieran ser conscientes de la trascendencia de sus palabras y de la oportunidad de las mismas. Ahora, se está escudriñando con lupa la situación política y económica de España -lógicamente, también la de Cataluña- por parte de los observadores internacionales, tanto financieros como diplomáticos, y la mejor carta para no ser vapuleados es ofrecer seguridad y estabilidad, justo la que no se da cuando se ubica las vidas de siete millones y medio de catalanes en tránsito nacionaly se cuestiona la estructura del Estado, ahora comprometido en un trascendental proceso de reformas.
El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, instala a los catalanes en el limbo, al dar por muerta la arquitectura constitucional española, en la que se han cobijado durante los últimos años, y colocarlos en un lugar temporal, a la espera de la resurrección de la “nación catalana” en su plena potencia.
Contradictoriamente, CiU ofrece un gobierno estable y con alto sentido institucional al tiempo que lanza un artilugio perturbador que arruina todos los ejes en que basa esa oferta. Mas advierte que la sociedad pide seriedad, responsabilidad, liderazgo, cohesión, sentido práctico, ideales y esperanza, y da respuesta a esas peticiones presentando como solución lo que denomina “la transición nacional”. En su atrevimiento, llega a compararla con la transición del franquismo a la democracia. La comparación no puede ser más desafortunada, a mediados de los setenta la gran mayoría de los españoles estaban comprometidos en traer la democracia y la oferta de los políticos de entonces era clara y con un punto de mira común, ahí están para constatarlo los Pactos de la Moncloa y la misma Constitución española. En cambio, el referente que sirve para justificar la “transición nacional de Cataluña” es la manifestación del 10 de julio, organizada por Omnium Cultural, que no es precisamente un ejemplo de consenso. Recordemos que aquella manifestación fue galvanizada fundamentalmente con la bandera independentista y en ella se vejó, gravemente - con el grito de “botifler”- al presidente Montilla.
Carece de credibilidad quien promete gobernar para todos los catalanes y presenta una carta de navegación en la que se disimula tramposamente el final de la travesía. No merece apoyo quien recubierto de un aparente manto de estabilidad ofrece una singladura insensata. Los políticos, incluso los de primero de primaria, debieran ser conscientes de la trascendencia de sus palabras y de la oportunidad de las mismas. Ahora, se está escudriñando con lupa la situación política y económica de España -lógicamente, también la de Cataluña- por parte de los observadores internacionales, tanto financieros como diplomáticos, y la mejor carta para no ser vapuleados es ofrecer seguridad y estabilidad, justo la que no se da cuando se ubica las vidas de siete millones y medio de catalanes en tránsito nacionaly se cuestiona la estructura del Estado, ahora comprometido en un trascendental proceso de reformas.
jueves, 25 de noviembre de 2010
¿Qué es ser catalán?
Artículo publicado en e-noticies el día 24 de noviembre de 2010.
El Gobierno de Nicolas Sarkozy organizó hace un año un controvertido debate en internet en torno a la pregunta “¿En qué consiste ser francés?” En Cataluña, el debate sobre la identidad de los catalanes ha sido una constante histórica en los últimos tiempos que ha merecido diversas respuestas. La más conocida y clásica es la de Pujol que afirmó que eran catalanes todos los que vivían y trabajaban en Cataluña y que, además, tenían voluntad de serlo. Ahora, el Presidente Montilla en la campaña del PSC con motivo de las elecciones catalanas ha aportado otra peculiar definición: “Ser catalán es trabajar duro y con las ideas claras”. No sé que pensarán los muchos catalanes que en estos momentos engordan las listas del paro de forma involuntaria y aquellos otros que viven inmersos en mares de dudas. De aplicar esta máxima, se verían privados de golpe y porrazo de su condición de catalanes.
Cada uno es catalán como quiere y puede. Entrar a definir o explicar este concepto me parece extravagante, además de ocioso. Existen siete millones quinientas mil formas de ser catalán y cada una es personal e intransferible por lo que tratar de extraer una identidad genérica es tergiversar necesariamente la realidad. Igual que no existe una forma de ser español, no existe una forma de ser catalán o madrileño. De hecho el debate sobre la identidad francesa fracasó ante la imposibilidad de alcanzar una explicación consensuada sobre el concepto de francés. Se demostraba así que la de las esencias nacionales es una búsqueda tan frustrante, tan ilusoria, como la del Santo Grial, predestinada a no llegar a ninguna parte y condenada a agotar a los que emprenden tamaña aventura.
En realidad, todo es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer ver. Es muy fácil ser catalán. Lo recordaba en un reciente acto electoral el Presidente Zapatero cuando aseguraba en Lérida que “…no tendría ningún problema en ser de aquí. Soy de León”. Aunque parezca excepcional, Zapatero, esta vez, no se equivocaba. Es cierto, para ser catalán basta con ser español y empadronarse en cualquier municipio catalán según se desprende del artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que dispone que “gozan” de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña”. Gozar es experimentar gratas sensaciones pero éstas no quedan garantizadas para todos los catalanes cuando tenemos ocasión de escuchar propuestas tan restrictivas de derechos como las formuladas por el engolado Àngel Colom, Presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, quien, en un mitin reciente de esta formación, espetó a los asistentes, catalanes nacidos fuera de España: “Dentro de casa podéis hablar el idioma que queráis pero en las calles, en los espacios públicos, los inmigrantes debéis usar el catalán”. Nuevos requisitos para alcanzar la condición de catalán que desbordan el derecho administrativo y que delatan a quienes los imponen: totalitarios que pretenden amoldar toda la sociedad a su peculiar concepción de ser catalán.
El Gobierno de Nicolas Sarkozy organizó hace un año un controvertido debate en internet en torno a la pregunta “¿En qué consiste ser francés?” En Cataluña, el debate sobre la identidad de los catalanes ha sido una constante histórica en los últimos tiempos que ha merecido diversas respuestas. La más conocida y clásica es la de Pujol que afirmó que eran catalanes todos los que vivían y trabajaban en Cataluña y que, además, tenían voluntad de serlo. Ahora, el Presidente Montilla en la campaña del PSC con motivo de las elecciones catalanas ha aportado otra peculiar definición: “Ser catalán es trabajar duro y con las ideas claras”. No sé que pensarán los muchos catalanes que en estos momentos engordan las listas del paro de forma involuntaria y aquellos otros que viven inmersos en mares de dudas. De aplicar esta máxima, se verían privados de golpe y porrazo de su condición de catalanes.
Cada uno es catalán como quiere y puede. Entrar a definir o explicar este concepto me parece extravagante, además de ocioso. Existen siete millones quinientas mil formas de ser catalán y cada una es personal e intransferible por lo que tratar de extraer una identidad genérica es tergiversar necesariamente la realidad. Igual que no existe una forma de ser español, no existe una forma de ser catalán o madrileño. De hecho el debate sobre la identidad francesa fracasó ante la imposibilidad de alcanzar una explicación consensuada sobre el concepto de francés. Se demostraba así que la de las esencias nacionales es una búsqueda tan frustrante, tan ilusoria, como la del Santo Grial, predestinada a no llegar a ninguna parte y condenada a agotar a los que emprenden tamaña aventura.
En realidad, todo es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer ver. Es muy fácil ser catalán. Lo recordaba en un reciente acto electoral el Presidente Zapatero cuando aseguraba en Lérida que “…no tendría ningún problema en ser de aquí. Soy de León”. Aunque parezca excepcional, Zapatero, esta vez, no se equivocaba. Es cierto, para ser catalán basta con ser español y empadronarse en cualquier municipio catalán según se desprende del artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que dispone que “gozan” de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña”. Gozar es experimentar gratas sensaciones pero éstas no quedan garantizadas para todos los catalanes cuando tenemos ocasión de escuchar propuestas tan restrictivas de derechos como las formuladas por el engolado Àngel Colom, Presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, quien, en un mitin reciente de esta formación, espetó a los asistentes, catalanes nacidos fuera de España: “Dentro de casa podéis hablar el idioma que queráis pero en las calles, en los espacios públicos, los inmigrantes debéis usar el catalán”. Nuevos requisitos para alcanzar la condición de catalán que desbordan el derecho administrativo y que delatan a quienes los imponen: totalitarios que pretenden amoldar toda la sociedad a su peculiar concepción de ser catalán.
La paga de los políticos
Artículo publicado en La Voz de Barcelona el 24 de noviembre de 2010
Ha alcanzado gran relevancia en la campaña electoral autonómica que los primeros candidatos de las formaciones políticas parlamentarias hayan publicitado su patrimonio. El conocimiento de las cifras ha generado dudas sobre la autenticidad de los datos porque da la impresión de que sus patrimonios están maquillados a la baja. En las antípodas de esta posición estaría Silvio Berlusconi que no hace mucho se pavoneaba de ser propietario de veinte casas en un acto de su partido, el Polo de la Libertad.
Contra la opinión generalizada quiero sostener aquí que presumir de pobre puede ser, en sí, un acto de hipocresía. El patrimonio de una persona no debe constituir inconveniente para participar en la actividad política. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido.
Por lo tanto, me parece reprobable hacer alarde de riqueza y farisaico disimular las propiedades. No es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo, cuenta con un buen programa y puede formar un equipo competente.
Salvo que haya sido beneficiado por una herencia o el azar, entra en el terreno de lo lógico y lo inevitable que el patrimonio de un político joven sea inferior al de uno de más edad porque su capacidad de ahorro es más reducida, simplemente por razón del tiempo; que tenga menos propiedades no lo convierte automáticamente en más honesto ya que, llevando este razonamiento al absurdo, acabaríamos concluyendo que uno es más virtuoso cuanto más joven, argumento falaz y demagógico donde los haya.
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, entra en su coche oficial.
El interés de los ciudadanos debería centrarse más que en el patrimonio personal, salvo que tenga un origen ilícito, en la relación entre la actividad desarrollada y el sueldo de los gestores públicos, sobre todo en épocas de endeudamiento.
En un reciente programa televisivo un joven se acercó al presidente autonómico, José Montilla, para preguntarle si trabajaba el doble que José Luis Rodríguez Zapatero porque su retribución era muy superior a la del presidente del Gobierno. Dio en la clave de la cuestión, la de la proporcionalidad. Los representantes políticos deben tener unos emolumentos dignos porque es deseable que los más capacitados se dediquen a la política y lamentablemente no siempre es así.
Ahora bien, carece de sentido que las retribuciones del presidente de la Diputación de Lérida, o de Palencia, o de Gerona, o de algunos alcaldes, por muy importantes que sean estos cargos, sean notablemente superiores a las del presidente del Gobierno cuando sus responsabilidades y su grado de dedicación es sensiblemente menor a las de este último.
Por ello, sería deseable que se racionalizase el sistema retributivo de los representantes de los ciudadanos por ley para evitar las notorias desproporciones y que se fijarán mediante tramos, en función del cargo, las pagas de electos y responsables públicos.
Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función, no por convertir a estos en el objeto de comadreo en programas de prensa rosa. Esta es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos, tengan a su alcance la opción de dedicarse al servicio de la ciudadanía.
Ha alcanzado gran relevancia en la campaña electoral autonómica que los primeros candidatos de las formaciones políticas parlamentarias hayan publicitado su patrimonio. El conocimiento de las cifras ha generado dudas sobre la autenticidad de los datos porque da la impresión de que sus patrimonios están maquillados a la baja. En las antípodas de esta posición estaría Silvio Berlusconi que no hace mucho se pavoneaba de ser propietario de veinte casas en un acto de su partido, el Polo de la Libertad.
Contra la opinión generalizada quiero sostener aquí que presumir de pobre puede ser, en sí, un acto de hipocresía. El patrimonio de una persona no debe constituir inconveniente para participar en la actividad política. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido.
Por lo tanto, me parece reprobable hacer alarde de riqueza y farisaico disimular las propiedades. No es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo, cuenta con un buen programa y puede formar un equipo competente.
Salvo que haya sido beneficiado por una herencia o el azar, entra en el terreno de lo lógico y lo inevitable que el patrimonio de un político joven sea inferior al de uno de más edad porque su capacidad de ahorro es más reducida, simplemente por razón del tiempo; que tenga menos propiedades no lo convierte automáticamente en más honesto ya que, llevando este razonamiento al absurdo, acabaríamos concluyendo que uno es más virtuoso cuanto más joven, argumento falaz y demagógico donde los haya.
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, entra en su coche oficial.
El interés de los ciudadanos debería centrarse más que en el patrimonio personal, salvo que tenga un origen ilícito, en la relación entre la actividad desarrollada y el sueldo de los gestores públicos, sobre todo en épocas de endeudamiento.
En un reciente programa televisivo un joven se acercó al presidente autonómico, José Montilla, para preguntarle si trabajaba el doble que José Luis Rodríguez Zapatero porque su retribución era muy superior a la del presidente del Gobierno. Dio en la clave de la cuestión, la de la proporcionalidad. Los representantes políticos deben tener unos emolumentos dignos porque es deseable que los más capacitados se dediquen a la política y lamentablemente no siempre es así.
Ahora bien, carece de sentido que las retribuciones del presidente de la Diputación de Lérida, o de Palencia, o de Gerona, o de algunos alcaldes, por muy importantes que sean estos cargos, sean notablemente superiores a las del presidente del Gobierno cuando sus responsabilidades y su grado de dedicación es sensiblemente menor a las de este último.
Por ello, sería deseable que se racionalizase el sistema retributivo de los representantes de los ciudadanos por ley para evitar las notorias desproporciones y que se fijarán mediante tramos, en función del cargo, las pagas de electos y responsables públicos.
Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función, no por convertir a estos en el objeto de comadreo en programas de prensa rosa. Esta es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos, tengan a su alcance la opción de dedicarse al servicio de la ciudadanía.
¡Genocidio!
Artículo publicado en e-noticies el día 27 de octubre de 2010.
Un genocidio es la exterminación sistemática de un grupo humano, racial, nacional, étnico o religioso y se considera genocidio todo acto que atente contra la integridad física o mental, o contra los derechos fundamentales (pero no culturales) de uno o varios individuos pertenecientes a uno de esos grupos que se pretende destruir.
El diario Avui aporta una nueva acepción del termino hasta ahora desconocida y califica en su editorial del día 27 de octubre como “genocidio judicial contra la lengua catalana” el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya acordado la suspensión cautelar de algunos artículos de los Reglamentos de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lérida. El editorial es tremendista y disparatado. A pesar de que los recursos contra esos Reglamentos se interpusieron con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, los opinadores consideran que se está ante una campaña orquestada que pretende dinamitar la recuperación de la lengua catalana, siempre amenazada. No reparan en descalificaciones y juicios de intenciones: se está ante un “bombardeo en el marco de una ofensiva judicial implacable”, “otra atrocidad política disfrazada con toga” y en su delirio llegan a afirmar que “España sentenció antes del verano su voluntad de reducción del idioma común de los catalanes a un habla residual restringida al ámbito privado” y ha puesto en manos de la justicia “un proceso de aniquilación lingüística indiscutible y un ataque a la coexistencia pacífica sin precedentes desde el final de la dictadura franquista”. Al final del editorial reclama “una reacción cívica y una reacción política sin fisuras, sin límite de legitimidad moral en la defensa de la lengua”.
El editorial, con su lenguaje repleto de metáforas bélicas e imágenes sanguinolentas, es un puro despropósito, desmesurado y absurdo, fruto de la paranoia lingüística que se ha instalado en una buena parte de la opinión publicada catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, según el Estatuto de Autonomía es el órgano judicial que culmina la organización judicial en Cataluña, ha cumplido con su obligación que es aplicar las leyes y ha anulado aquellos preceptos que vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística, consistente en que las administraciones públicas den un trato igualitario tanto al castellano como al catalán en sus relaciones internas y en sus relaciones con los administrados. No es la primera vez que lo hace y en diversas sentencias y autos ha anulado preceptos similares de los Reglamentos de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ((2001); Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona (2003); Ayuntamiento de Sabadell (2004) y Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (2009) sin que el idioma catalán haya desaparecido de esas instituciones ni, según se podría deducir del mencionado editorial, del mapa.
Si no fuera por lo trascendente de la cuestión, induce a la hilaridad la permanente teoría de la conspiración que ven algunos en la defensa del pluralismo lingüístico en Cataluña. La “peligrosa ofensiva” está liderada por ciudadanos y asociaciones (Impulso Ciudadano es una de ellas) que, con esfuerzo y sacrificio, impugnan ante los Tribunales reglamentos que consideran contrarios a Derecho y lo hacen porque el Gobierno de España desvía intencionadamente la mirada ante las tropelías jurídicas que deliberadamente se aprueban en las instituciones catalanas. Para este y otros medios, la única respuesta legítima de los ciudadanos ante los dislates en materia de política lingüística es la resignación. Vistos los antecedentes históricos y más cuando se utiliza la palabra “genocidio”, es especialmente preocupante que desde un periódico que cuenta con una importante ayuda institucional se reclame una reacción “sin límite de legitimidad moral”. Pocas o ninguna cosa en esta vida carecen de límite. Aún menos de “límite de legitimidad moral”, nueva categoría filosófica creada ad hoc por el rotativo subvencionado y que merecería por si misma una mejor explicación. Una cosa, sin embargo, es cierta y podemos manifestarla como categoría, esta sí, absoluta: el bienestar y el progreso de la comunidad se asienta en el acatamiento de las normas morales y de las jurídicas. También los nacionalistas catalanes están vinculados por ellas.
Un genocidio es la exterminación sistemática de un grupo humano, racial, nacional, étnico o religioso y se considera genocidio todo acto que atente contra la integridad física o mental, o contra los derechos fundamentales (pero no culturales) de uno o varios individuos pertenecientes a uno de esos grupos que se pretende destruir.
El diario Avui aporta una nueva acepción del termino hasta ahora desconocida y califica en su editorial del día 27 de octubre como “genocidio judicial contra la lengua catalana” el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya acordado la suspensión cautelar de algunos artículos de los Reglamentos de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lérida. El editorial es tremendista y disparatado. A pesar de que los recursos contra esos Reglamentos se interpusieron con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, los opinadores consideran que se está ante una campaña orquestada que pretende dinamitar la recuperación de la lengua catalana, siempre amenazada. No reparan en descalificaciones y juicios de intenciones: se está ante un “bombardeo en el marco de una ofensiva judicial implacable”, “otra atrocidad política disfrazada con toga” y en su delirio llegan a afirmar que “España sentenció antes del verano su voluntad de reducción del idioma común de los catalanes a un habla residual restringida al ámbito privado” y ha puesto en manos de la justicia “un proceso de aniquilación lingüística indiscutible y un ataque a la coexistencia pacífica sin precedentes desde el final de la dictadura franquista”. Al final del editorial reclama “una reacción cívica y una reacción política sin fisuras, sin límite de legitimidad moral en la defensa de la lengua”.
El editorial, con su lenguaje repleto de metáforas bélicas e imágenes sanguinolentas, es un puro despropósito, desmesurado y absurdo, fruto de la paranoia lingüística que se ha instalado en una buena parte de la opinión publicada catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, según el Estatuto de Autonomía es el órgano judicial que culmina la organización judicial en Cataluña, ha cumplido con su obligación que es aplicar las leyes y ha anulado aquellos preceptos que vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística, consistente en que las administraciones públicas den un trato igualitario tanto al castellano como al catalán en sus relaciones internas y en sus relaciones con los administrados. No es la primera vez que lo hace y en diversas sentencias y autos ha anulado preceptos similares de los Reglamentos de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ((2001); Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona (2003); Ayuntamiento de Sabadell (2004) y Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (2009) sin que el idioma catalán haya desaparecido de esas instituciones ni, según se podría deducir del mencionado editorial, del mapa.
Si no fuera por lo trascendente de la cuestión, induce a la hilaridad la permanente teoría de la conspiración que ven algunos en la defensa del pluralismo lingüístico en Cataluña. La “peligrosa ofensiva” está liderada por ciudadanos y asociaciones (Impulso Ciudadano es una de ellas) que, con esfuerzo y sacrificio, impugnan ante los Tribunales reglamentos que consideran contrarios a Derecho y lo hacen porque el Gobierno de España desvía intencionadamente la mirada ante las tropelías jurídicas que deliberadamente se aprueban en las instituciones catalanas. Para este y otros medios, la única respuesta legítima de los ciudadanos ante los dislates en materia de política lingüística es la resignación. Vistos los antecedentes históricos y más cuando se utiliza la palabra “genocidio”, es especialmente preocupante que desde un periódico que cuenta con una importante ayuda institucional se reclame una reacción “sin límite de legitimidad moral”. Pocas o ninguna cosa en esta vida carecen de límite. Aún menos de “límite de legitimidad moral”, nueva categoría filosófica creada ad hoc por el rotativo subvencionado y que merecería por si misma una mejor explicación. Una cosa, sin embargo, es cierta y podemos manifestarla como categoría, esta sí, absoluta: el bienestar y el progreso de la comunidad se asienta en el acatamiento de las normas morales y de las jurídicas. También los nacionalistas catalanes están vinculados por ellas.
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