sábado, 3 de marzo de 2012

Sant Pol como síntoma





El nacionalismo transversal catalán tiene una tendencia innata a pegar puñetazos en el tablero para sacar las piezas de su sitio cuando la marcha de la partida no lleva el rumbo que le conviene. Si el jugador contrario reclama la aplicación del reglamento y el árbitro sanciona al infractor, el catalanismo pone el grito en el cielo y se hace la víctima. Es lo que ha pasado en Sant Pol de Mar: el consistorio vota incumplir las leyes de banderas, cuando el Juzgado, a instancias de un concejal, ordena colocar la bandera de España, la alcaldesa apela a la soberanía del municipio y reclama su derecho a hacer lo que le plazca, llama a rebato y algunos se sienten legitimados, literalmente, para incendiar los símbolos españoles. Lo sorprendente es que el ciudadano ejemplar que ha logrado que el imperio de la ley triunfe, es acusado por los nacionalistas de romper la convivencia y tiene muchos números para ser declarado persona non grata en el municipio.


El mundo al revés. Que se sepa, a día de hoy, el Gobierno de Cataluña no ha recordado a los ayuntamientos que en un Estado democrático de Derecho es oportuno cumplir las normas. CiU tampoco ha dado instrucciones a sus concejales o alcaldes para que dejen las banderas en paz y respeten las leyes. Si en el Pleno del Parlamento de Cataluña y en la Delegación del Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma se exhiben, con normalidad, las banderas de España y de Cataluña ¿qué inconveniente hay para que algunos alcaldes, concejales o funcionarios no lo hagan en las dependencias municipales? ¿Es que se pretende practicar el golpismo en determinados municipios? A la vista de las declaraciones de los impulsores de algunas asociaciones de municipios independentistas y de las resoluciones adoptadas por ciertos ayuntamientos, destinadas a romper los anclajes institucionales, es evidente que sí. EL PSC, como siempre, de perfil, se abstiene. La estrategia soberanista de CiU, con la complicidad útil de los socialistas, pasa por deslegitimar la España autonómica.


Cada mes asistimos a la escenificación de un nuevo agravio que justifica la separación de Cataluña del resto de España, que si las balanzas fiscales, que si el traspaso de cercanías, que si los papeles de Salamanca, que si las corridas de toros, que si la ley del aranés, que sí las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, que si el corredor mediterráneo, que si la gestión del aeropuerto o la reforma de la ley de puertos, o el impago del fondo de competitividad, o el expolio, o las últimas declaraciones de Mourinho… Es más, si Chacón hubiera ganado, el PSC habría sido asimilado por el PSOE y cuando es Rubalcaba, finalmente, el vencedor, queda demostrado que España no está preparada para que una catalana pueda ser secretaria general de un Partido español. Si la Academia del Cine Español propone para los Oscars a Pa negre, se hace para atacar a la Acadèmia del cinema català de Joel Joan que, supuestamente, se fundó porque España nunca presentaría a aquel certamen una película rodada en catalán. Sea cual sea la razón, siempre hay motivos para un agravio más. Sea la circunstancia una o su inversa, siempre sopla el viento a favor de su victimismo interesado. Sin embargo, lo cierto es que en muchos ayuntamientos catalanes la bandera que no ondea es la española, que los comercios que son multados son los que no tienen la rotulación en catalán, que los niños que no pueden educarse en su lengua son los castellanohablantes y que quien sufre amenazas en su municipio, del que pretenden expulsar, es quien pide que se cumpla la Ley.


En estos tiempos de crisis económicas, en que las sensibilidades están a flor de piel, sería conveniente que todos aprendiésemos a racionalizar nuestras pasiones y no forzásemos innecesariamente las situaciones.El catalanismo tiene que empezar a comprender que el problema a resolver no es el del encaje de Cataluña en el resto de España (algunos madrileños empiezan a ver rentable la separación), sino el de la tensión unidireccional que proyectan sobre la sociedad catalana que comienza a poner en peligro su cohesión. Desde la transición, la comunidad de catalanes castellanohablantes o de aquellos que se sienten identificados con la España plural viene aguantado estoicamente afrentas y discriminaciones, pero no siempre tiene porque ser así, más cuando con agresividad, el catalanismo se está situando al margen de la ley y trata de echar con malos modos del escenario al distinto, al divergente, al otro inasimilable.