Òmnium, jugar con ventaja

El tema de la corrupción ha dado mucho de sí durante estos días. De hecho el diario "El Mundo" se ha hecho eco de algunas informaciones que he obtenido a raíz de preguntas e investigaciones parlamentarias sobre la entidad nacionalista "Òmnium Cultural" y sus organizaciones satélites. Este periódico publicó el pasado 18 de octubre el artículo que a continuación transcribo:

Òmnium, jugar con ventaja"

En Cataluña, el mecenazgo y la generosidad de determinados prohombres han sido trascendentales a la hora de impulsar proyectos culturales y sociales que han revertido en el bien común. Ahora bien, cabe preguntarse si actualmente no está ocurriendo lo contrario y si, con el bien común como excusa, no están siendo los partidos políticos los que instrumentalizan al asociacionismo. El caso del Palau de la Música, en el que se entretejen el beneficio personal y el político, y el de Òmnium Cultural, en el que el Gobierno utiliza a esta institución como ariete de su acción, son especialmente ilustrativos.
Ríos de tinta se han vertido sobre el asunto de Fèlix Millet. Sin embargo, el saqueo de las administraciones catalanas por Òmnium Cultural ha merecido el habitual manto de silencio del Gobierno, cuya neutralidad y objetividad quedan en entredicho.
En términos generales, la concesión de subvenciones genera clientelismo y debilita la independencia de las entidades perceptoras. En el caso del asociacionismo nacionalista, sus intereses se confunden con los del Gobierno. Es más, estas entidades se encargan de hacer los trabajos especiales que no pueden asumir los partidos que lo componen. Es hora de frenar este despropósito. Es hora de aclarar las cuentas. Es hora de mesura y transparencia.
Òmnium Cultural es una entidad con gran tradición en Cataluña. Fundada en 1961 por, entre otros, Félix Millet y Maristany -padre del ex presidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música-, cuenta con una red de entidades subordinadas como la Fundación Privada Òmnium, la Plataforma per la Llengua, el Col·lectiu l’Esbarzer y la Fundación Vincle. Su capacidad de incidencia es enorme, son de Òmnium miembros del Gobierno y gran parte de los generadores de opinión de Cataluña. Su labor política, de un nacionalismo exacerbado, supera con creces su presunta finalidad cultural. Prueba de ello es que en el año 1991 llegó a vetar la presencia en la Fiesta de las Letras Catalanas del entonces Ministro de Cultura, el catalán Jordi Solé Tura, porque «Òmnium no claudica ante la voluntad de un ministro español». No es, por tanto, la entidad seráfica e imparcial que se pretende vender, sino un grupo de presión y de agitación nacionalista-independentista. En el último referéndum estatutario, dio libertad de voto a sus asociados, pero su presidente, Jordi Porta, muy próximo a ERC y reconocido independentista, expresó públicamente su voto negativo. Recientemente, esta entidad ha defendido una manifestación preventiva contra el Tribunal Constitucional por el tema del Estatut de Autonomía de Cataluña.
Defiendo la pluralidad ideológica en la democracia. Nada que objetar si la actividad de Òmnium se efectuase con sus fondos. Lo reprobable es que lo haga con dinero público, que incluye también el de los no nacionalistas. Gracias a las ayudas del Gobierno de Entesa y de muchos ayuntamientos catalanes, Òmnium Cultural y las entidades de su órbita han percibido, hasta donde sabemos, más de diez millones de euros en los últimos cuatro años. Además, ha contado con el patrocinio de empresas privadas que «casualmente» han sido beneficiadas con adjudicaciones de la Generalitat. A titulo de ejemplo, la edición de la Nit de Santa Llúcia del año 2008 fue sufragada por Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Caixa. Un dato, Telefónica acababa entonces de arrebatar el contrato de los móviles de la Generalitat a Orange a pesar de que la oferta económica de esta última sociedad (14,85 millones de euros) era más barata que la de la empresa española (15,5 millones).
Òmnium ha sido mimada por Jordi Pujol (en un acto de generosidad y de posible prevaricación le regaló, sin petición previa, 600.000 euros de una herencia adjudicada a la Generalitat), por el tripartito y por los gobiernos locales. Un rosario inacabable de subvenciones, muchas de ellas sin concurrencia, han supuesto una lluvia de millones de euros, libres de control y de fiscalización por parte de las administraciones.
El trato de favor hacia las entidades nacionalistas que defienden el monolingüismo en catalán o la autodeterminación es descomunal y desvirtúa el equilibrio político en Cataluña. Mientras que las asociaciones constitucionalistas trabajan con el sacrificio de sus asociados, las colaboracionistas con CiU y la Entesa nadan en la abundancia. Sus actividades, descaradamente ideologizadas, tienen repercusión electoral y no hay que descartar tampoco que una parte sustancial de las sumas recibidas se desvíe, por vía indirecta, a los partidos nacionalistas.

Impulso Ciudadano

El sábado tres de octubre, a las seis de la tarde, se presentó Impulso Ciudadano, entidad de la que soy Presidente. Allí pronuncié el discurso que a continuación transcribo:

Muchas gracias a todos por asistir a la presentación de “Impulso Ciudadano”.

La aparición de una nueva asociación plantea siempre una serie de dudas. La primera, la de su utilidad.

Recientemente, hemos conocido que la Administración catalana precisa hacer auditorias para descubrir si los informes que encarga y paga sirven para algo. Tras muchos meses de sesudos estudios han llegado a la conclusión de que una gran mayoría de ellos no valen, y eso que solo han auditado 300 de los 3000 que encargaron en el año 2007. Están equivocados, son útiles para los compañeros de partido, para los amigos y para la familia, a los que se retribuye así de una forma encubierta.

Nosotros no haremos auditorias. La constitución de una Asociación no es por sí misma buena o mala, son sus resultados los que desvelarán su razón de ser. Es cierto que grandes proyectos fracasan por la inoperancia de sus gestores o porque no encuentran las personas idóneas para llevarlos a cabo; o, sencillamente, porque lo que pretendían no interesa a la sociedad. Confiamos en el nuestro, Impulso Ciudadano nace con vocación de permanencia.

Hace unos meses me comprometí a compatibilizar mi actividad en el Parlamento de Cataluña con la potenciación de la acción cívica y hoy se pone públicamente en marcha un proceso que creo será capaz de ilusionar a muchos de vosotros. Impulso Ciudadano nace con la voluntad de complementar y de reforzar el movimiento cívico. La presencia de numerosas asociaciones en este acto, demuestra nuestra voluntad de colaborar con todas las que llevan tiempo funcionando con solvencia tanto en Cataluña como en toda España. Os agradezco vuestra asistencia y colaboración.

Un grupo de personas vamos a dedicar tiempo y patrimonio a trabajar por unos fines que consideramos no se hayan bien cubiertos: Promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España; Defender los valores contenidos en la Constitución española de 1978; Fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades españolas; Impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las Administraciones Públicas.

Promover, defender, fomentar e impulsar son verbos que denotan acción. Pretendemos que una de las señas de identidad de nuestra Asociación sea la acción.

Campo no nos va a faltar y algunos de los testimonios que hemos escuchado lo dejan muy claro. ¿Cómo no trabajar a favor del pluralismo político, ideológico o lingüístico cuando la persecución política del diferente es sañuda en determinados ambientes, cuando hoy muchos niños tienen que estudiar en solitario en las aulas si quieren aprender a leer y escribir en castellano, o cuando muchos comerciantes que no pueden o, sencillamente, no desean que le impongan la lengua del comercio se ven obligados a soportar gastos innecesarios e incluso amenazas de cierre de sus establecimientos, o cuando un policía autonómico es sancionado por escribir en castellano las diligencias policiales ?

Por supuesto que existen otros problemas mucho más graves derivados de la crisis económica, problemas que llevan a miles de personas a perder el empleo o sus hogares y dejándolas en una situación angustiosa. La mejora de sus condiciones económicas y la defensa de la solidaridad deben ser una de nuestras prioridades, pero da la impresión de que no es ese el aspecto principal al que destinan nuestros representantes públicos sus principales preocupaciones.
No deja de ser sintomático que gran parte de la clase política, en el contexto en el que nos movemos, haya dedicado sus recientes esfuerzos a preparar el salto cualitativo del nacionalismo al soberanismo en camino hacía la independencia. Ello pone de manifiesto su orden de prioridades.

Impulso Ciudadano nace con vocación de grupo de presión, queremos que nuestras actividades sirvan para influir en las decisiones del electorado y configurar mayorías suficientes para cambiar los designios de la clase política actual. Porque en política no basta sólo con actuar, hay que influir.

Fundamentalmente, la política catalana se ha visto y se ve muy condicionada por la agitación de colectivos de corte nacionalista que, además, cuentan con unas fuentes de financiación muy amplias tanto de ámbito público como privado. La potencia de asociaciones como Òmnium Cultural, la Fundación del Palau de la Música, Plataforma per la Llengua, Sobirania i Progrès y tantas otras obedece a los lazos estrechos existentes entre el asociacionismo, las Administraciones Públicas y los partidos políticos que han tejido una red de afectos que se retroalimentan. El “te doy y me das” queda perfectamente expuesto, con una claridad manifiesta, en los tejemanejes entre la Fundación del Orfeó Català-Palau de la Música y las fundaciones dependientes de los partidos políticos y la vinculación a su vez de estos con la Administración.

En cambio, el espacio asociativo no nacionalista en Cataluña no cuenta con entidades de gran base con intensos lazos de conexión ni con los partidos de ámbito español.
Pero, lo más sorprendente es que en toda España también ocurre lo mismo. El exceso de localismo y la preocupación por lo cercano, también contamina el ámbito asociativo no nacionalista y ello ha impedido configurar un escenario en el que una asociación a nivel nacional trabaje de forma coordinada en toda España con criterios de unidad, sin perjuicio de que cada una de sus secciones autonómicas cuente con un propio marco de responsabilidad. Trabajaremos para ello y ya desde aquí anuncio la máxima implicación y generosidad en esta tarea. Es imprescindible que partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales sean conscientes de la trascendencia del momento que vivimos.

Lamentablemente, los intentos de configurar este espacio asociativo no han dado los resultados deseables hasta ahora. La creación de un entramado poderoso, con capacidad de influencia, es la antesala necesaria para ser determinantes a la hora de configurar mayorías políticas. Es imprescindible que la sociedad catalana y en general la española, descubran y asuman los beneficios o ventajas que le reportan el pluralismo político, el ideológico, el lingüístico y los valores constitucionales. El marco territorial actual que configura España está asentado desde hace muchos siglos y muchas generaciones han crecido con él y, además, las posiciones de aquellos que quieren romperlo son, a día de hoy, minoritarias. Sin embargo, la presión de los grupos separadores puede dar la apariencia contraria. Lo estamos comprobando en estos últimos días con las convocatorias sucesivas de consultas populares por la independencia. Estas consultas son promovidas por grupos organizados y gritones, con gran capacidad de influencia en el ámbito político. Son observadas con escepticismo y silencio por la mayoría de la población y ese es su primer éxito, ya han conseguido dar la apariencia de que en Cataluña el fuego independentista crece desbocado monte arriba.

Somos conscientes de que eso no es así, pero esa apariencia de realidad puede hacer creer a mucha gente lo contrario y eso tendrá consecuencias económicas y sociales tanto en Cataluña como en el resto de España.

La Cataluña virtual es omnipresente. El diccionario de la Real Academia Española define lo virtual como un término de la física que se refiere a aquello que no tiene existencia real sino que sólo es apariencia, es decir, se presenta como real pero no lo es. La siempre lúcida María Moliner decía que una “cosa designada como virtual, tiene la posibilidad de ser...pero no lo es realmente”. Es decir tiene la apariencia de ser, pero no la esencia.

La política catalana vive de lo virtual y sería conveniente que lo real se instalará por fin en ella. Sin ir más lejos, el propio Presidente de la Generalitat aparenta que tiene el catalán como lengua propia, cuando su lengua real es el castellano; el Parlamento aprueba textos en los que califica a Cataluña como Nación cuando constitucionalmente este término no es aceptable; en los mapas del tiempo se ilusiona al espectador con los Països Catalans.

Ahora bien, las Nuevas Tecnologías de Comunicación han puesto de manifiesto que muchas cosas que por tiempo fueron absolutamente virtuales, empezaron a tener una mayor apariencia de realidad, y objetos que originalmente estaban lejos de nosotros o que no existían, de pronto los tenemos cerca y hasta se pueden manipular.

La misión de Impulso Ciudadano debe consistir en hacer aflorar esa Cataluña real y alejar a la ciudadanía de lo virtual y lo ha de hacer buscando la manera de influir en la opinión pública. Eso es posible, y el ejemplo más inmediato lo tenemos en las últimas elecciones gallegas que se decidieron a favor del Partido Popular. En el resultado final tuvo mucho que ver la posición de firmeza en la defensa de la libertad de lenguas de algunas asociaciones que con habilidad supieron hacer llegar a la sociedad la existencia de un conflicto y condicionar su voto en función de la asunción de sus postulados por los partidos políticos.

Esta práctica es muy frecuente en el movimiento nacionalista. Cuenta con auténticos expertos en condicionar a los poderes públicos. Este movimiento se encuentra retroalimentado con una serie de entramados que hacen pasar por una postura mayoritaria lo que en realidad es defendido por una minoría muy radical. No es casualidad, sino fruto de un trabajo en equipo entre asociaciones y partidos políticos, que la preparación de la contestación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña se esté orquestando en sedes de asociaciones que tienen hilo directo con el Presidente de la Generalitat o con los estados mayores de los partidos políticos y que, incluso, reciben las declaraciones de utilidad pública.
Lo vamos a decir sin ningún tipo de reservas, Impulso Ciudadano intentará influir en las decisiones del poder ejecutivo o legislativo en favor de la consecución de sus fines fundacionales.

La contestación al nacionalismo no está articulada ni organizada sino deslavazada. Es hora de que las distintas asociaciones y partidos políticos sepan acondicionar el espacio de todos aquellos que se han manifestado contrarios al Estatuto de Autonomía para poder trabajar y coordinarse de forma conjunta. A esa tarea se compromete Impulso Ciudadano.

No vamos a convertirnos en partido político, pero sí queremos ganar la complicidad de las asociaciones y grupos políticos que se han venido definiendo como constitucionalistas.

La defensa de los valores constitucionales no supone, como alguien podría pensar equivocadamente una asunción integral de todos sus preceptos. Una cosa es el respeto a la ley y otra la defensa de la misma como la tabla de los diez mandamientos, sea cual sea su contenido.
Hemos defendido la Constitución de 1978 por lo que ha supuesto de beneficio para el establecimiento de un marco de convivencia entre todos los españoles. Pero esa defensa no necesariamente es eterna e inamovible. El resultado de la Sentencia del TC sobre la constitucionalidad del Estatuto es clave al respecto. Marcará un antes y un después de lo que se ha venido definiendo como el constitucionalismo no nacionalista. No hay que descartar, por lo tanto, que si el Tribunal avala el articulado lingüístico o la exagerada atribución de competencias que deja a una Administración estatal deshuesada entendamos conveniente solicitar la reforma de la Constitución española con las consecuencias que eso conlleva y pasar a respetarla por imperativo legal pero no por convicción, como hasta ahora. En definitiva, yo no sé si podré sumarme a la celebración del Día de la Constitución, dependerá del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional.

El constitucionalismo está acostumbrado a poner permanentemente la mejilla.

La lealtad institucional no sólo hay que proclamarla sino también hay que practicarla. El lenguaje que utilizan algunos representantes de las instituciones catalanas no siempre lo es. El Presidente de la Generalitat en el último debate de orientación general proclamaba, y sonaba a amenaza, que no aceptaría recortes en el contenido estatutario y esa expresión también ha sido acogida por los dirigentes de CiU con el expresivo “ni un pas enrere”.

¿Quiere eso decir que tanto para el Presidente de la Generalitat como para el principal grupo de la oposición lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional será papel mojado y que harán valer el contenido literal del Estatuto o la peculiar interpretación que hacen de su texto?
Es decir, obviarán los artículos anulados o ignorarán la doctrina del Tribunal Constitucional. Están acaso advirtiendo de la insumisión constitucional de las instituciones catalanas en el caso de un pronunciamiento desfavorable.

Sabemos que la presión a los órganos jurisdiccionales es una de las señas de identidad de algunos grupos políticos catalanes. Ya en su momento, el Presidente Pujol utilizó esta arma con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad que formuló el Tribunal Supremo contra la Ley de Normalización Lingüística y otros políticos también emplearon ese mecanismo ante el anterior Defensor del pueblo, Sr. Álvarez de Miranda, para que no presentara recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística.

El Presidente de la Generalitat y otras autoridades reaccionan ofendidos cuando se plantean dudas de imparcialidad sobre los integrantes de algunas instituciones de Cataluña en función de un supuesto pecado de origen (el clientelismo político). Sin embargo, no tienen ningún reparo en verterlas cuando se trata de instituciones constitucionales. Aquí se duda de la imparcialidad del Defensor del Pueblo o de los propios integrantes del Tribunal Constitucional y lo hacen representantes que diariamente pelean por conseguir cuotas de partido en las distintas instituciones.

Lo fundamental son los principios, pero también es imprescindible contar con personas capaces de llevarlos a buen fin. Las asociaciones se configuran en torno a unos promotores, unos pioneros. Lógicamente, ésta también. Les invito a sumarse a Impulso Ciudadano y contribuir libremente a configurar su organización y estructura y a desarrollar su discurso fundacional. El próximo mes de noviembre, los asociados celebraremos su primera asamblea en la que procederemos a elegir a su Junta Directiva, designar los delegados locales, nombrar los integrantes del Consejo de Participación, diseñar los Grupos de trabajo, aprobar su plan de trabajo para los próximos años y reformar, si se considera conveniente su estatutos. Suscriban la hoja de asociación y participen. Por ahora, sólo están concretados los cimientos ideológicos, dependerá de todos nosotros fijar la altura del edificio. Sí que tenemos claro que la configuración de la asociación debe ser de base amplia y plural. Aquí se ha repetido muchas veces, Impulso Ciudadano quiere convertirse en un punto de encuentro.

Tenemos mucho trabajo por delante:

Denunciar que el discurso del “Nosaltres sols” es contraproducente y antieconómico para Cataluña. El presidente de ERC, de forma simplista, vinculaba hace poco a España con la crisis. Proclamaba “Més Espanya, més crisis; menys Espanya, menys crisis”. Con estos bueyes son con los que se ara actualmente y así es muy difícil que surjan brotes verdes.
Defender la verdadera catalanidad, la que se expresa armoniosamente en libertad en catalán o en castellano.
Esforzarse en conseguir una Administración eficaz y más barata.
Luchar contra la corrupción y contra la dilapidación de los fondos públicos.
Queda mucho por hacer y os invito, sea cual sea vuestro color político, a colaborar con Impulso Ciudadano, a construir un edificio bien alto.

Cataluña in(ter)dependiente

He publicado este artículo titulado Cataluña in(ter)dependiente en el Noticiero de las Ideas.

Esta revista la dirige mi buen amigo Fernando García de Cortazar.

"El 21 de noviembre de 2006, José Montilla pronunciaba su discurso de investidura en el Parlamento de Cataluña. Lo iniciaba diciendo que Cataluña abría una nueva etapa y lo acababa con una descripción de su persona: “más que un ideólogo o un político, soy un trabajador de la política”, “discreto, pero transparente, no grito, pero sí dirijo, no gesticulo, pero sabré gestionar”.

Montilla había aprendido la lección de la legislatura anterior en la que el Gobierno-montaña rusa de Maragall hizo del escándalo su seña de identidad. Aquel Gobierno tuvo su carta de presentación en el pacto del Tinell y continuó con al artefacto estatutario catalán que, finalmente, explotó en las manos de sus impulsores. Esta bomba de relojería está todavía pendiente de ser desactivada por el Tribunal Constitucional.

Efectivamente, el de Montilla es un Gobierno menos estridente, pero muy eficaz en la construcción nacional. El Presidente de la Generalitat, nacido andaluz, no puede hablar de la Cataluña de sus antepasados pero trabaja para que sus hijos y nietos reconozcan a Cataluña como “nación”. Para lograrlo, utiliza el Estatuto de Autonomía de 2006 como instrumento idóneo para conseguir más autogobierno, más y mejor financiación y un mayor reconocimiento de la identidad nacional.

Sin necesidad de gritar, defiende una Cataluña interdependiente de España y de Europa, esto es con dependencia recíproca respecto a ambas. Esta política, calculadamente ambigua, permite que un vector de su Gobierno (ERC) trabaje, con la ayuda del presupuesto de la Generalitat, a favor de la independencia.

La “Entesa Nacional de Progrés”

El examen del documento programático del Gobierno, denominado de la “Entesa Nacional de Progrés” y la actualización de ese acuerdo, pactado por los socios de gobierno en abril de este año, son buenas muestras de las formas de Montilla. Los titulares del programa son aparentemente inocuos (“Progreso social y atención a las personas”, “Profundización del autogobierno, del Gobierno local y de la acción exterior; la calidad democrática y nuevos valores” e “Impulso económico, empleo y política territorial”) pero el menudillo está cargado de ideología fundamentada en los siguientes principios: a) la demolición simbólica de la presencia de la Administración General del Estado en Cataluña; b) el reforzamiento de la identidad catalana y el impulso al ámbito catalán de decisión; y c) la organización de una estructura que sirva de base para un hipotético Estado catalán.

Esta decidida acción de gobierno no hubiera sido posible sin el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la complicidad silente del Gobierno de la Nación y la inoperancia del Tribunal Constitucional que, tres años después, no ha sido capaz de dictar la sentencia que sopese la constitucionalidad de aquella norma. La situación sostenida de interinidad se ha aprovechado para ir construyendo una arquitectura normativa que hace desaparecer en la práctica a la Administración General del Estado. Así, en este periodo transitorio se han aprobado leyes que desarrollan el Estatuto como el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña, al servicio del espacio catalán de relaciones laborales, la Agencia Tributaria Catalana que gestiona, recauda, liquida e inspecciona los impuestos en Cataluña; y el Consejo de Garantías Estatutarias que convierte a este órgano en una especie de sucedáneo del Tribunal Constitucional. También, se está tramitando en estos momentos el proyecto de ley del Síndic de Greuges que impedirá la supervisión de la Administración catalana por parte del Defensor del Pueblo. En esta misma línea de fractura se encuadra la futura creación de la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acabará con la dependencia orgánica que tenían los Inspectores de Trabajo de su Ministerio, a pesar de la oposición de las organizaciones sindicales y empresariales a nivel nacional.

En esta labor de demolición juega también un papel trascendental la deslegitimación de las instituciones o empresas estatales. Son muchas las campañas orquestadas en las que se presentan como inservibles, por profundamente ineficaces, a empresas públicas como RENFE, AENA o la Administración de Justicia. Estas campañas son parte de una estrategia, bien diseñada, que identifica lo español (esto es, lo estatal) con la mala gestión, mientras que la transferencia de competencias cuenta con la presunción de la eficacia administrativa.
El proceso se ha visto completado con la progresiva consolidación de una estructura propia de un Estado, según el modelo clásico. Para ello, resulta imprescindible controlar la policía y dotarse de una administración exterior. En lo que hace referencia al modelo policial, el despliegue de la policía autonómica ha finalizado en 2008 con la llegada de los Mossos d’Esquadra a la provincia de Tarragona, pasando a desempeñar la Policía Nacional y la Guardia Civil un papel anecdótico.
Uno de los temas estrella de esta legislatura, aparte de la financiación autonómica, es la creación de la Administración exterior catalana. Carod viene insistiendo en que el nuevo Estatuto da fundamento suficiente a la Generalitat “para crear una estructura dedicada a las relaciones internacionales“, a pesar de que el artículo 149 de la Constitución atribuye explícitamente la competencia exclusiva de estas relaciones al Estado, y de que dicho sintagma no aparece en todo el texto del Estatuto (art. 193) que únicamente faculta al Gobierno catalán a llevar acciones con proyección exterior que se deriven directamente de sus competencias. Amparándose en ello, se están creando las Delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior. Basta leer los discursos de Carod en Berlín, Londres o Nueva York, con motivo de la inauguración de las nuevas Oficinas, para apreciar el nivel de deslealtad institucional que contienen. Este no es un tema menor puesto que de lo que se trata es de dar apariencia de Estado y de ahí que sólo figure en sus sedes la bandera catalana; además, se presenta a Cataluña como una Comunidad al margen de España y obligada a convivir en ella por una imposición secular. El discurso exterior catalán, se combina con una recurrente reivindicación de lo particular y un aparente pacifismo de raíces históricas inmemoriales que, según la “diplomacia” catalana son garantía de su buena fe y de su carencia de veleidades expansionistas o neocolonizadoras. Esta idiosincrasia supuestamente no-beligerante ha derivado hasta ahora en sonados enfrentamientos con compañías de aviación (Air Berlin) o medios de comunicación privados (The Economist) por asuntos relacionados con las críticas que han efectuado estos medios al modelo lingüístico catalán.
La Ley de Educación de Cataluña

Esta obsesión por la política lingüística, que empapa el discurso de Montilla, repleto de citas sobre la “lengua propia” y la descalificación de aquellos que defienden la libertad lingüística, atribuyéndoles, de forma malévola, un deseo de romper la convivencia en Cataluña (el discurso de Montilla está impregnado de lenguaje nacionalista y es habitual que en sus intervenciones públicas apele, de forma continuada, al sentimiento de pertenencia y a los conceptos de nación, pueblo o país).

El documento programático de la “Entesa Nacional de Progrés” no preveía una nueva ley de educación de Cataluña y, aparentemente, la presencia al frente del Departamento de Educación de un socialista, cuando hasta ahora esta Consejería había sido feudo republicano, hizo albergar esperanzas sobre una mayor flexibilidad en la política lingüística en la escuela. Es más, al poco de iniciar su mandato, Ernest Maragall, hermano del expresidente de la Generalitat y responsable de la educación, reconoció en el Parlamento que los niños de Olot no sabían hablar bien castellano, lo que justificaría una mayor presencia del castellano en las aulas. La sinceridad de Maragall desembocó en una reacción durísima de los nacionalistas de ERC y de CiU. Fue el inicio del cambio de modelo lingüístico que se consagra en el proyecto de ley de Educación de Cataluña. La situación de debilidad jurídica de la política educativa catalana era cuestionada por el Gobierno de la Nación, al intentar aplicar el Real Decreto de enseñanzas mínimas que prevé impartir tres horas de castellano a la semana y por los tribunales que dejaban al descubierto el artificioso engranaje administrativo que había servido de soporte a los atropellos lingüísticos. En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a preguntar a los padres en la hoja de preinscripción por la lengua en la que querían escolarizar a sus hijos en la primera enseñanza (hasta los ocho años) encendió la alarma roja del Tripartito, llevando a ERC a condicionar su continuidad en el Gobierno al blindaje de la política lingüística. La contestación se ha materializado en la aprobación de un Plan de Inmersión y el nuevo régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña que extinguen los pocos derechos de los castellanohablantes que reconocía el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística de 1998. De aprobarse el proyecto de ley, la inmersión lingüística será reconocida por primera vez en un texto normativo y los castellanohablantes sólo tendrán derecho a reclamar la escolarización en su lengua habitual durante un único año mediante el modelo segregacionista de la atención individualizada. Son los socialistas, nuevamente, ya lo hicieron en la ley de Normalización de 1983 y en la Ley de Política Lingüística de 1998, los encargados de aplastar la escolarización en castellano.

La lengua de acogida de los inmigrantes

El último paso en el proceso de construcción nacional es la asimilación cultural de los inmigrantes. Cataluña, cuenta con casi un millón cuatrocientos mil residentes extranjeros (un 16% de su censo) y esta cifra preocupa a los defensores de una identidad única catalana. El Gobierno en el año 2007, con motivo del Congreso Internacional sobre la acogida de las personas bienvenidas, presentó una ponencia en la que, al hablar de acogida para los inmigrantes, quedaba claro que se pretendía intervenir en el uso de la lengua catalana de los colectivos de la “nueva inmigración”. La aprobación de un pacto nacional (¡como no!) para la inmigración ha sido la coartada para la elaboración de una Ley de acogida en la que se condiciona el imprescindible certificado de arraigo al conocimiento de la lengua catalana, priorizada respecto al castellano, lengua oficial del Estado. De aprobarse en su literalidad el proyecto resultará, por ejemplo, que un residente de nacionalidad argentina en Madrid no tendrá problemas de arraigo y, en cambio, si vive en Tarragona, le darán el certificado cuando acredite los conocimientos lingüísticos (en lengua catalana, por supuesto).

Los efectos del Estatuto de Autonomía han continuado influyendo en la política catalana y es la promesa del paraíso de la especificidad el que guía al Gobierno. Su empecinamiento en marcar la diferencia hace inviable, por ahora, la posibilidad de un gobierno en el que los intereses nacionales, entendiendo por tales los de toda España, primen sobre lo particular.

La declaración de utilidad pública de Omnium Cultural

El culebrón del verano ha sido la eventual convocatoria por parte de Omnium Cultural de una manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta entidad fue de las primeras asociaciones declaradas de utilidad pública por parte de la Generalitat de Cataluña cuando recibió la transferencia de esta competencia del Estado. Me parece increible que se devalúe de esa manera la finalidad de estas concesiones y, por ello, he solicitado que se revoque este acuerdo y que se le retiren las subvenciones a la entidad independentista. Os adjunto la propuesta de resolución que he presentado:

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

JOSÉ DOMINGO DOMINGO, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN para que sea substanciada en la Comisión de Asuntos Institucionales


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La entidad Òmnium Cultural, declarada el pasado mes de marzo asociación de utilidad pública, establece como eje central de su plan estratégico el tener capacidad de influencia política de cara a lograr que la sociedad asuma los pensamientos y posicionamientos de dicha entidad. Este planteamiento se ha traducido en repetidas y continuas acciones de presión dirigidas a condicionar la opinión de la sociedad catalana y su actual marco político. Así, en los últimos años, Òmnium ha orquestado campañas de boicot activo a productos comerciales, elaborado registros de empresas con “conciencia de catalanidad” y promovido una sociedad monolingüe ajena a la realidad social y política de Cataluña. En este mismo sentido, Òmnium Cultural ha vuelto en los últimos meses a centrar su actividad en la organización de distintos actos de presión al Tribunal Constitucional, como el “Acto de Unidad Ciudadana” del pasado 25 de junio. Así mismo, ha promovido actos de desobediencia civil y ha anunciado la convocatoria de una manifestación en caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de Autonomía de Cataluña contraríe lo que esta entidad considere. Igualmente, y en una grave escalada de descalificaciones, el presidente de la entidad, Jordi Porta ha cuestionado al Tribunal Constitucional al sostener que no está legitimado para evaluar el Estatuto de Autonomía y dudando de la representatividad e independencia de sus integrantes.

El Artículo 87 del decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, determina como requisito para la concesión de una subvención de la Generalitat "que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o para la promoción de una finalidad pública."

En el mismo sentido, la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, establece en el artículo 32.a) que podrán ser consideradas de utilidad pública y disfrutar de las ayudas y subvenciones correspondientes para actividades asociativas concretas, aquellas asociaciones “cuyos fines estatutarios tiendan a promover el interés general (…) y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.”

En este marco jurídico, la entidad Òmnium Cultural ha sido beneficiada con numerosas subvenciones, firmando con el actual Gobierno de la Generalitat un convenio de cuatro años de 2,7 millones de euros para los años 2007-2010.

En otro orden de cosas, recientemente en la Resolución JUS/703/2009, de 13 de marzo, de declaración de utilidad pública de diversas asociaciones, la citada Entidad mereció la consideración de utilidad pública en base a los preceptos legales antes citados.

Es claramente discutible que, a la vista de sus objetivos estratégicos y de sus actuaciones públicas, difícilmente compatibles con la noción de interés público, se pueda considerar que la entidad Òmnium Cultural persiga el interés general y que sus fines sean la promoción de los valores constitucionales, la tolerancia u otros de similar naturaleza.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente,



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a

Suspender el convenio actualmente vigente con Òmnium Cultural.
Revocar la consideración de utilidad pública a Òmnium Cultural.


Palau del Parlament, 9 de septiembre de 2009

La consulta por la Independencia de Cataluña

La consulta por la independencia convocada por una asociación de Arenys de Munt y apoyada por el ayuntamiento de ese municipio ha dado mucho que hablar. Especialmente, me ha parecido repugnante el trato dado al Abogado del Estado encargado de presentar en nombre de la Delegación del Gobierno contra un acuerdo que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 ha reconocido ilegal.

En relación con este tema he publicado en e-noticies un artículo titulado "De falangistas y comunistas" y he presentado en el Parlamento de Cataluña la propuesta de resolución que a continuación transcribo:

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

JOSÉ DOMINGO DOMINGO, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN para que sea substanciada en la Comisión de Asuntos Institucionales


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ayuntamiento de Arenys de Munt aprobó en el pleno celebrado el pasado 4 de junio de 2009 apoyar la propuesta de una consulta sobre la independencia de Cataluña el 13 de septiembre de este mismo año promovida por una entidad de la población. Al margen del contenido y de la finalidad de la pregunta misma, la consulta propuesta es, en sí, improcedente al sobrepasar de largo el ámbito municipal.

La competencia sobre autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, de acuerdo con el artículo 149.1.32 de la Constitución Española, es exclusiva del Estado. Así lo ha entendido la Abogacía del Estado que, a instancia del Delegado del Gobierno en Cataluña, ha interpuesto un recurso solicitando la anulación del acuerdo municipal al considerar que éste vulnera varios preceptos de la Constitución Española y de la Ley de Bases de Régimen Local. Se ha de tener en cuenta que toda consulta o referéndum debe ser autorizada por el Gobierno español y que los ayuntamientos sólo pueden pedir permiso para aquellas materias de carácter local, de especial interés para su ciudadanía, que no superen las competencias del Ayuntamiento, no afecten a otros territorios o administraciones y que no sean sobre la Hacienda local. Del mismo modo, el Proyecto de Ley de consultas populares por vía de referéndum actualmente en tramitación no otorga amparo normativo alguno para una consulta como la planteada en el municipio de Arenys de Munt.

Una consulta sobre la independencia de Cataluña, en los términos planteados, solamente puede entenderse desde la voluntad de desestabilizar el actual marco constitucional y estatutario y por ello, las Administraciones públicas deben ser especialmente cautelosas a la hora de dar apoyo y cobertura a consultas tan extemporáneas y atípicas como la planteada por el “Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació”.

Es así que el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt por el que se da cobertura y amparo a una convocatoria rupturista ha propiciado que otros ayuntamientos hayan manifestado su intención de seguir su ejemplo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN


El Parlamento de Cataluña

Reprueba el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt por el que se apoya la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña en dicho municipio.

Manifiesta su adhesión a la legalidad constitucional y estatutaria vigente.

Invita a las corporaciones locales a no adoptar acuerdos fuera de su ámbito competencial que cuestionen el marco constitucional y estatutario.

Insta al Gobierno a hacer cumplir la legalidad vigente y actuar, en el ámbito de sus competencias, contra aquellas Corporaciones Locales que aprueben acuerdos ilegales que excedan sus competencias y dañen la paz social.


Palau del Parlament, 8 de septiembre de 2009


José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

La Voz de Barcelona

No os he comentado que he comenzado a escribir en el blog de la Voz de Barcelona. Me complace especialmente emitir opinión en el blog que dirige Alejandro Tercero, hermano de Dani e hijo del malogrado Antonio Tercero que fue presidente de Acción Cultural Miguel de Cervantes. He titulado la sección en la que escribo "A contracorriente" y esa expresión le cuadra perfectamente a la Voz de Barcelona que se aparta de lo políticamente correcto para escudriñar y difundir noticias que ponen negro sobre blanco las incoherencias y los desatinos nacionalistas. Realmente me siento como en casa, a pesar de que algunos de los comentaristas habituales en mi sección se empeñan en difundir patrañas. La última no tiene desperdicio, me llegan a preguntar si voy a ir en la lista del PSC en las próximas elecciones autonómicas. Puedo asegurar solemnemente que semejante majadería es radicalmente falsa.

Os pongo los link de los dos últimos artículos que he publicado y los transcribo.

Carod el 'dilapidador'


Parece ser que las posiciones del Gobierno catalán y del Gobierno de la Nación sobre la financiación autonómica se están aproximando. Al final ha prevalecido el carácter bilateral de la negociación y pudiera ser que el pacto deje fuera del acuerdo a otras Comunidades Autónomas que consideran que el criterio de la población, a la hora de fijar la redistribución, debe ser atenuado con otros factores como el envejecimiento, la extensión territorial o la insularidad.

Pero no es de esto de lo que quería escribir, sino del buen fin que se da a los dineros que reciben algunas Comunidades Autónomas. A mi juicio, muchos gobiernos autonómicos son manirrotos o dilapidadores. Una prueba de prodigalidad la encontramos en los habituales viajes que realiza el consejero de la Vicepresidencia catalán, Josep-Lluís Carod-Rovira, a países para los que siempre se encuentra algún motivo que justifique el desplazamiento. Cuando no es por una visita para comprobar in situ el estado de un proyecto de cooperación (¡para eso están los técnicos!) en Mozambique, es para deslizar cortinas de lápidas conmemorativas (ante menos de cinco personas) en París o para inaugurar exposiciones que sirven de justificación para tratar como héroes a los españoles, nacidos en Cataluña, que defendieron la independencia de Cuba y pasar olímpicamente, en cambio, de aquellos otros miles de catalanes que defendieron lealmente la pertenencia a España de las provincias de ultramar y murieron por ello en aquella guerra.

La acción exterior catalana es una cáscara hueca, una excusa, una coartada que no sirve para nada efectivo, sólo para aparentar que se tiene vocación de Estado propio y colocar la señera como emblema único. Caprichos extravagantes, que simplemente resultarían chuscos si fuesen gratis. Pero el empecinamiento simbólico sale muy caro. Las delegaciones, semivacías de funciones, son instaladas en edificios céntricos y lujosos de las grandes capitales y el personal destacado en ellas es contratado por la proximidad ideológica al proyecto independentista y remunerado con generosidad por sus valedores.

Carod en su viaje a Jerusalén se autocolocó la corona de espinas, lo lamentable es que su actuación esté resultando una verdadera cruz para todos los catalanes. Ahora sabemos que aquella foto no era un recuerdo de vacaciones de dos turistas provincianos; era una premonición, un aviso para navegantes.


Una Inspección de trabajo de 'país'

El tripartido, con el apoyo de CiU, quiere crear la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo. Cuando se materialice el traspaso de los funcionarios de la Inspección a Cataluña se habrá dirigido un torpedo letal contra el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española que ha funcionado de una manera eficaz y eficiente hasta ahora.

Los que recurrentemente se empeñan en hacer, en la terminología al uso de la Cámara catalana, “leyes de País” estarán satisfechos porque con la creación de la Agencia se pondrá una nueva piedra para la construcción del “espacio catalán de relaciones laborales”. En cambio, los que defendemos los intereses de los trabajadores, los que nos preocupamos por su seguridad, los que estamos interesados en hacer valer los principios tuitivos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no tendremos nada que celebrar.

A la consejera de Trabajo de la Generalidad, Mar Serna, palentina de origen, se le ha ido la mano a la hora de desarrollar el Estatuto de Autonomía. El artículo 170 transfiere la dependencia orgánica de los funcionarios de la Inspección y ella ha despachado un proyecto de Ley que pone las bases de un modelo propio de Inspección de Trabajo para Cataluña con unos principios rectores específicos.

En momentos de crisis, en los que la política de austeridad, debiera evitar la creación de órganos innecesarios se impulsa una nueva Agencia que conllevará una nueva remesa de altos cargos (presidente, director, Consejo de Gobierno, Comisión de seguimiento del Consejo de Gobierno). Además, se quiere aprobar un cuerpo propio de la inspección catalana: el Cuerpo de Subinspección de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El resultado de todo ello es que el eficaz sistema único e integrado, generalista, de la Inspección de Trabajo en toda España será sustituido, en una nueva ronda de café para todos, por diversos sistemas de subinspección de carácter autonómico, con el consiguiente fraccionamiento de la coordinación y colaboración de los inspectores a nivel nacional. Una ronda que, una vez más, correrá a cuenta de los ciudadanos españoles.

El filologo y la torre de Babel

El próximo pleno del Parlamento pondrá nuevos ladrillos a la construcción del edificio de la “nación catalana”. El miércoles, la Cámara aprobará la Ley de Educación de Cataluña y elevará a la cúspide normativa la inmersión y el apartheid lingüístico dentro de las clases mediante el modelo de atención individualizada a los niños castellanohablantes; al día siguiente, jueves, se dará un nuevo impulso a la creación del espacio catalán de relaciones laborales con la puesta en marcha de la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo.

Todo ese festival nacionalista contará con la bendición de uno de los taumaturgos de la tribu, el filólogo Joan Solà, que pronunciará un discurso gracias a la nada desinteresada gestión del Presidente Benach que ha hecho uso por primera vez de la facultad que le concede la Cámara de invitar a personalidades relevantes por su significación institucional, política, social, científica o cultural. Me opuse a la presencia de Solà en la última Junta de Portavoces. La considero una provocación. Con independencia de sus estudios académicos, no debiera merecer tal honor quien ha hecho afirmaciones tan controvertidas como las siguientes: “El pueblo, el individuo y la lengua es lo mismo” y “la lengua es espiritualmente tan fuerte como la sangre”. En una reciente entrevista, el reciente Premio de Honor de las Letras Catalanas llegaba a la conclusión de que las comunidades humanas son esencialmente rivales y de ahí deducía que “aquí hay una rivalidad entre Cataluña y España que hace la convivencia muy difícil porque España es una entidad fundamentalmente militar, totalitaria, intransigente con la diversidad y no queremos estar sometidos.” Olvida el también vicepresidente del Institut d’Estudis Catalans que el Pleno de la Cámara catalana está presidido por las banderas de España y de Cataluña, justa expresión de la realidad de nuestra Comunidad en la que la amplia mayoría de las personas compartimos identidades de una forma armónica y pacífica.

El edificio de la construcción nacional es tan imposible y pretencioso como el la Torre de Babel, aquella obra que describe el Génesis por la que los hombres decidieron levantar una torre tan alta que tocara el cielo. Yahvé, al ver su ambición, impidió sus planes "confundiendo sus lenguas" de tal modo que los obreros no pudieran entenderse unos con otros.