¿Qué es ser catalán?

Artículo publicado en e-noticies el día 24 de noviembre de 2010.

El Gobierno de Nicolas Sarkozy organizó hace un año un controvertido debate en internet en torno a la pregunta “¿En qué consiste ser francés?” En Cataluña, el debate sobre la identidad de los catalanes ha sido una constante histórica en los últimos tiempos que ha merecido diversas respuestas. La más conocida y clásica es la de Pujol que afirmó que eran catalanes todos los que vivían y trabajaban en Cataluña y que, además, tenían voluntad de serlo. Ahora, el Presidente Montilla en la campaña del PSC con motivo de las elecciones catalanas ha aportado otra peculiar definición: “Ser catalán es trabajar duro y con las ideas claras”. No sé que pensarán los muchos catalanes que en estos momentos engordan las listas del paro de forma involuntaria y aquellos otros que viven inmersos en mares de dudas. De aplicar esta máxima, se verían privados de golpe y porrazo de su condición de catalanes.

Cada uno es catalán como quiere y puede. Entrar a definir o explicar este concepto me parece extravagante, además de ocioso. Existen siete millones quinientas mil formas de ser catalán y cada una es personal e intransferible por lo que tratar de extraer una identidad genérica es tergiversar necesariamente la realidad. Igual que no existe una forma de ser español, no existe una forma de ser catalán o madrileño. De hecho el debate sobre la identidad francesa fracasó ante la imposibilidad de alcanzar una explicación consensuada sobre el concepto de francés. Se demostraba así que la de las esencias nacionales es una búsqueda tan frustrante, tan ilusoria, como la del Santo Grial, predestinada a no llegar a ninguna parte y condenada a agotar a los que emprenden tamaña aventura.

En realidad, todo es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer ver. Es muy fácil ser catalán. Lo recordaba en un reciente acto electoral el Presidente Zapatero cuando aseguraba en Lérida que “…no tendría ningún problema en ser de aquí. Soy de León”. Aunque parezca excepcional, Zapatero, esta vez, no se equivocaba. Es cierto, para ser catalán basta con ser español y empadronarse en cualquier municipio catalán según se desprende del artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que dispone que “gozan” de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña”. Gozar es experimentar gratas sensaciones pero éstas no quedan garantizadas para todos los catalanes cuando tenemos ocasión de escuchar propuestas tan restrictivas de derechos como las formuladas por el engolado Àngel Colom, Presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, quien, en un mitin reciente de esta formación, espetó a los asistentes, catalanes nacidos fuera de España: “Dentro de casa podéis hablar el idioma que queráis pero en las calles, en los espacios públicos, los inmigrantes debéis usar el catalán”. Nuevos requisitos para alcanzar la condición de catalán que desbordan el derecho administrativo y que delatan a quienes los imponen: totalitarios que pretenden amoldar toda la sociedad a su peculiar concepción de ser catalán.

La paga de los políticos

Artículo publicado en La Voz de Barcelona el 24 de noviembre de 2010

Ha alcanzado gran relevancia en la campaña electoral autonómica que los primeros candidatos de las formaciones políticas parlamentarias hayan publicitado su patrimonio. El conocimiento de las cifras ha generado dudas sobre la autenticidad de los datos porque da la impresión de que sus patrimonios están maquillados a la baja. En las antípodas de esta posición estaría Silvio Berlusconi que no hace mucho se pavoneaba de ser propietario de veinte casas en un acto de su partido, el Polo de la Libertad.

Contra la opinión generalizada quiero sostener aquí que presumir de pobre puede ser, en sí, un acto de hipocresía. El patrimonio de una persona no debe constituir inconveniente para participar en la actividad política. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido.

Por lo tanto, me parece reprobable hacer alarde de riqueza y farisaico disimular las propiedades. No es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo, cuenta con un buen programa y puede formar un equipo competente.

Salvo que haya sido beneficiado por una herencia o el azar, entra en el terreno de lo lógico y lo inevitable que el patrimonio de un político joven sea inferior al de uno de más edad porque su capacidad de ahorro es más reducida, simplemente por razón del tiempo; que tenga menos propiedades no lo convierte automáticamente en más honesto ya que, llevando este razonamiento al absurdo, acabaríamos concluyendo que uno es más virtuoso cuanto más joven, argumento falaz y demagógico donde los haya.


Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, entra en su coche oficial.
El interés de los ciudadanos debería centrarse más que en el patrimonio personal, salvo que tenga un origen ilícito, en la relación entre la actividad desarrollada y el sueldo de los gestores públicos, sobre todo en épocas de endeudamiento.

En un reciente programa televisivo un joven se acercó al presidente autonómico, José Montilla, para preguntarle si trabajaba el doble que José Luis Rodríguez Zapatero porque su retribución era muy superior a la del presidente del Gobierno. Dio en la clave de la cuestión, la de la proporcionalidad. Los representantes políticos deben tener unos emolumentos dignos porque es deseable que los más capacitados se dediquen a la política y lamentablemente no siempre es así.

Ahora bien, carece de sentido que las retribuciones del presidente de la Diputación de Lérida, o de Palencia, o de Gerona, o de algunos alcaldes, por muy importantes que sean estos cargos, sean notablemente superiores a las del presidente del Gobierno cuando sus responsabilidades y su grado de dedicación es sensiblemente menor a las de este último.

Por ello, sería deseable que se racionalizase el sistema retributivo de los representantes de los ciudadanos por ley para evitar las notorias desproporciones y que se fijarán mediante tramos, en función del cargo, las pagas de electos y responsables públicos.

Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función, no por convertir a estos en el objeto de comadreo en programas de prensa rosa. Esta es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos, tengan a su alcance la opción de dedicarse al servicio de la ciudadanía.

¡Genocidio!

Artículo publicado en e-noticies el día 27 de octubre de 2010.

Un genocidio es la exterminación sistemática de un grupo humano, racial, nacional, étnico o religioso y se considera genocidio todo acto que atente contra la integridad física o mental, o contra los derechos fundamentales (pero no culturales) de uno o varios individuos pertenecientes a uno de esos grupos que se pretende destruir.

El diario Avui aporta una nueva acepción del termino hasta ahora desconocida y califica en su editorial del día 27 de octubre como “genocidio judicial contra la lengua catalana” el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya acordado la suspensión cautelar de algunos artículos de los Reglamentos de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lérida. El editorial es tremendista y disparatado. A pesar de que los recursos contra esos Reglamentos se interpusieron con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, los opinadores consideran que se está ante una campaña orquestada que pretende dinamitar la recuperación de la lengua catalana, siempre amenazada. No reparan en descalificaciones y juicios de intenciones: se está ante un “bombardeo en el marco de una ofensiva judicial implacable”, “otra atrocidad política disfrazada con toga” y en su delirio llegan a afirmar que “España sentenció antes del verano su voluntad de reducción del idioma común de los catalanes a un habla residual restringida al ámbito privado” y ha puesto en manos de la justicia “un proceso de aniquilación lingüística indiscutible y un ataque a la coexistencia pacífica sin precedentes desde el final de la dictadura franquista”. Al final del editorial reclama “una reacción cívica y una reacción política sin fisuras, sin límite de legitimidad moral en la defensa de la lengua”.

El editorial, con su lenguaje repleto de metáforas bélicas e imágenes sanguinolentas, es un puro despropósito, desmesurado y absurdo, fruto de la paranoia lingüística que se ha instalado en una buena parte de la opinión publicada catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, según el Estatuto de Autonomía es el órgano judicial que culmina la organización judicial en Cataluña, ha cumplido con su obligación que es aplicar las leyes y ha anulado aquellos preceptos que vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística, consistente en que las administraciones públicas den un trato igualitario tanto al castellano como al catalán en sus relaciones internas y en sus relaciones con los administrados. No es la primera vez que lo hace y en diversas sentencias y autos ha anulado preceptos similares de los Reglamentos de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ((2001); Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona (2003); Ayuntamiento de Sabadell (2004) y Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (2009) sin que el idioma catalán haya desaparecido de esas instituciones ni, según se podría deducir del mencionado editorial, del mapa.

Si no fuera por lo trascendente de la cuestión, induce a la hilaridad la permanente teoría de la conspiración que ven algunos en la defensa del pluralismo lingüístico en Cataluña. La “peligrosa ofensiva” está liderada por ciudadanos y asociaciones (Impulso Ciudadano es una de ellas) que, con esfuerzo y sacrificio, impugnan ante los Tribunales reglamentos que consideran contrarios a Derecho y lo hacen porque el Gobierno de España desvía intencionadamente la mirada ante las tropelías jurídicas que deliberadamente se aprueban en las instituciones catalanas. Para este y otros medios, la única respuesta legítima de los ciudadanos ante los dislates en materia de política lingüística es la resignación. Vistos los antecedentes históricos y más cuando se utiliza la palabra “genocidio”, es especialmente preocupante que desde un periódico que cuenta con una importante ayuda institucional se reclame una reacción “sin límite de legitimidad moral”. Pocas o ninguna cosa en esta vida carecen de límite. Aún menos de “límite de legitimidad moral”, nueva categoría filosófica creada ad hoc por el rotativo subvencionado y que merecería por si misma una mejor explicación. Una cosa, sin embargo, es cierta y podemos manifestarla como categoría, esta sí, absoluta: el bienestar y el progreso de la comunidad se asienta en el acatamiento de las normas morales y de las jurídicas. También los nacionalistas catalanes están vinculados por ellas.

Debates en dos lenguas

Atículo publicado en La Voz de Barcelona el día 28 de octubre.

En las campañas electorales de los últimos tiempos, los debates televisados se han convertido en un elemento clave con suficiente poder como para inclinar, en uno u otro sentido, el resultado de las propias elecciones. Actualmente, el electorado no suele acudir a los mítines ni participa activamente en la campaña electoral, por lo que los debates televisivos entre los principales candidatos se convierten en el escenario crucial donde determinar el voto de los indecisos o, incluso, cambiar el sentido del mismo. Es sumamente arriesgado para un candidato negarse a celebrar un debate, porque los electores pueden interpretar su negativa como síntomas de soberbia o debilidad.

En la precampaña de las elecciones autonómicas, ha aflorado un tema de discusión que, tratándose de Cataluña, no podía ser otro que el de la lengua. Estatutariamente, en Cataluña, existen dos lenguas oficiales (tres a partir de la entrada en vigor de la Ley del Aranés) por lo que no tendría que generar ninguna polémica que los debates entre los principales candidatos se ofrecieran en los dos idiomas.

Sin embargo, el mero planteamiento de esta posibilidad ha dado lugar a una agria controversia entre los equipos de campaña de los dos principales partidos políticos. El repentino fervor bilingüe del PSC le ha parecido a Felip Puig, el soberanista secretario general de CiU, un insulto a la inteligencia; no es de extrañar esa reacción en una persona que se retuerce, incómodo en su asiento, cuando escucha intervenciones en castellano en el Parlamento de Cataluña.


A un mes de las elecciones todavía no se sabe si Montilla y Mas se verán las caras en un 'debate a dos', o si serán dos debates, uno es español y otro en catalán.
La discusión ha alcanzado tal magnitud que ha merecido la atención de un sondeo electoral, el del Racómetre de RAC1 del mes de octubre que ha preguntado sobre la lengua de los debates entre Artur Mas (CiU) y José Montilla (PSC). Mil personas han contestado la entrevista telefónica (456 catalanohablantes, 328 castellanohablantes, 214 bilingües y 2 de otras lenguas). Para el 71,6% de los catalanohablantes los debates se deberían hacer sólo en catalán, mientras que sólo un 19,8% era partidario de debates en los dos idiomas. Por su parte, un 60,3% de los entrevistados castellanohablante se inclinaba por la opción bilingüe y, sorprendentemente, un 17,5% de este sector prefería que todos los debates se desarrollaran en catalán. El 43,8% del grupo de los bilingües ha defendido la opción monolingüe, mientras que un 40,8% se decantaba por debatir alternativamente en catalán y en castellano. En resumen, un 55.5% prefería los debates en catalán y un 31.4% se mostraba partidario de hacerlo en castellano y catalán; del resto, un 13,1% no tenía formada opinión o no le interesaba el tema y un 4,8% solicitaba otras opciones.

Si comparamos esta encuesta con la de usos lingüísticos de la Generalidad de Cataluña de 2008 se aprecian algunos desajustes. En la del Racómetre hay un mayor número de entrevistados catalanohablantes y, en cambio, la sociedad catalana es principalmente castellanohablante. Esa disfunción se puede deber al azar o a que los catalanohablantes están más movilizados y se muestran más predispuestos a contestar este tipo de encuestas políticas que los castellanohablantes.

También hay otro dato interesante, un número significativo de castellanohablantes (17,5%) optan por que los debates se hagan sólo en catalán. De producirse la situación inversa, el nacionalismo catalán, siempre tan exagerado, ante la renuncia de los derechos lingüísticos y la cesión a la lengua del poder, calificaría este fenómeno como un síntoma de autoodio.

A día de hoy ninguna formación política ha reclamado debates en catalán y castellano entre los seis candidatos de los partidos con representación parlamentaria, dándose por sentado que la lengua vehicular y preferente debe ser sólo el catalán cuando lo normal sería que las reglas de los debates garantizarán el pluralismo lingüístico, salvo que se asuma que el público al que se dirigen las elecciones autonómicas es el catalanohablante.

De los seis candidatos principales, tres se reconocen catalanohablantes (Mas, Puigcercós y Herrera), dos bilingües (Sánchez-Camacho y Rivera) y uno castellanohablante (Montilla), pero este, durante toda la legislatura, ha hecho alarde casi exclusivo de la lengua catalana, lo que ha mermado su capacidad dialéctica en los debates parlamentarios.

En un debate electoral, sea a dos o a seis, los candidatos deben estar en las mejores condiciones y en igualdad de oportunidades por lo que es importante que, además de fijar los límites de tiempo y las condiciones para tomar la palabra, se establezcan reglas que garanticen una presencia equilibrada del castellano y del catalán y, sobre todo, no olvidar que el destinatario del debate es el público en general.

Sin embargo, a la vista del formato lingüístico estándar de los debates en las elecciones autonómicas parece como si el voto objeto de deseo fuera únicamente el de los catalanohablantes. Por lo tanto, debe ponerse en duda la sinceridad de los candidatos cuando lamentan el distanciamiento de la ciudadanía de la política y el elevado nivel de abstención, y empezar a sospechar que la desidia de una parte importante del electorado, que no ve como suyas estas elecciones, forma una parte consustancial del sistema que es aceptada y alentada por el propio establishment político.

La necesidad de reforzar España

El pasado 10 de octubre publique en el Diario El Mundo este artículo.

El cambio de ciclo está a la vista. En las próximas elecciones autonómicas las encuestas electorales dan por acabado el modelo tripartito y prevén un futuro Gobierno presidido por Artur Mas. ¿La política de Mas va a ser muy diferente de la del tripartito? Si atendemos al grado de entendimiento mostrado durante la legislatura por los grupos parlamentarios que han aguantado a Montilla y el grupo de CiU hay que concluir que no. Al margen de discrepancias puntuales, que la mayoría de veces respondían más a razones tácticas que de fondo, una gran parte de las leyes promovidas por el Gobierno han sido aprobadas con el voto de convergentes y unionistas (educación, servicios sociales, acogida de inmigrantes…).

En el aspecto identitario, CiU, como la mayoría de las formaciones del tripartito, ha apoyado la supresión de las corridas de toros, blindado los correbous, aprobado la ley del aranés que califica como preferente a este idioma, avalado la inmersión obligatoria en la escuela y defendido las multas lingüísticas. Igualmente, CiU ha respaldado al tripartito en el regalo de generosas subvenciones a las asociaciones de ideología nacionalista y ha criticado la política de acción exterior de Carod, no por inútil y dilapidadora, sino por insuficiente y escasa, y para 'corregirla' tiene intención de crear, nada menos, que un Departamento específico para los asuntos exteriores.

La formación nacionalista da por finiquitada la etapa autonomista y se prepara para embarcar a los catalanes en una nueva travesía de ignoto, y previsiblemente desastroso, destino. Para abrir boca promueve entre sus prohombres, el Presidente del Cercle d'Economia Salvador Alemany lo es, manifiestos que reclaman reformular las relaciones con España. Estos antecedentes, la extenuante sensación de dejà vu, indican que CiU se prepara para entonar la cantinela de siempre: la del encaje y de la desafección hacia España que en la nueva legislatura tendrá como señuelo el 'novedoso' tema estrella del concierto económico, figura que se cayó por inconstitucional, del Estatuto de autonomía del 2006 y que ahora se convierte en la nueva carpa que albergará el triste espectáculo del victimismo nacionalista.

Asistimos a un mero paso de testigo en la carrera de relevos soberanista. Se están perfilando cambios de personas pero no de políticas. Los grupos de presión, que han influido de una manera determinante en los sucesivos tripartitos, lo continuarán haciendo en el hipotético Gobierno de CiU.

Por desgracia, el cambio que necesita Cataluña no se materializará en la próxima legislatura. Los líderes políticos no quieren aflojar la válvula de presión de la sociedad catalana para mantener una relación equilibrada entre todas las instituciones y generar los imprescindibles espacios de confianza que permitan el crecimiento de la economía. Con motivo de la inauguración del vanguardista edificio de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Montilla aludió a la necesidad de «reforzar España» al hilo de la presencia de instituciones relevantes de ámbito estatal en Cataluña. Completamente de acuerdo con esta idea, lo lamentable es que el Presidente de la Generalitat carece de credibilidad para liderar esa tarea, quien se manifiesta así es la misma persona que en el Parlamento de Cataluña afirmó, a raíz de la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía, que «en el escenario actual España es más pobre moralmente», ha pretendido desestabilizar las instituciones constitucionales del Estado y está favoreciendo la fractura del partido socialista catalán con el español, por la que vienen suspirando desde siempre los partidarios de la independencia de Cataluña.

Huelga de 'escudella'

Los sindicatos reclaman la rectificación de las medidas aprobadas en las Cortes Generales en relación a la reforma laboral y lo han hecho a través de la celebración de una huelga general. El proceso comenzó a mediados de junio con un Real Decreto Ley que finalmente se ha convertido en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Esta ley entró en vigor el pasado 18 de septiembre y, vista las expectativas de la economía española, no parece factible que el Gobierno vaya a atender las pretensiones sindicales de rectificación.

Sucesivos fallos de estrategia y errores de cálculo han llevado a las organizaciones sindicales a aparecer más debilitadas que nunca ante la opinión pública. Sus pinturas de guerra ya no impresionan y sus proclamas han cogido al respetable con el paso cambiado y el pensamiento en otra parte. La huelga se ha convertido, así, en un empeño particular de los sindicatos y no en una reclamación general de la sociedad. Durante el largo periodo en que se ha gestado, organizaciones sindicales y Gobierno han bailado un enternecedor minueto; los sindicatos han tenido especial cuidado en no zarandear a Zapatero, y el Gobierno socialista les ha devuelto el favor con un trato exquisito que ha tenido su máxima expresión en el afecto y respeto mostrado por el ministro Corbacho en la presentación de los datos de la huelga.


Dos jóvenes radicales queman un container en Barcelona, durante la jornada de huelga general de ayer (foto: vídeo).
El complemento alógeno de toda esta situación ha provenido, una vez más, de Cataluña. En clave catalana, nuestras autoridades tendrán que valorar hasta que punto la condescendencia hacía los grupos antisistema, plagados de elementos violentos, les ha dado alas para hacer de Barcelona el campo de batalla ideal para luchar contra la gran banca y las grandes marcas de tejanos. La huelga general en Cataluña nos ha dejado algunas imágenes antológicas: grupos organizados prendiendo fuego al mobiliario ciudadano; jóvenes arrastrándose por los suelos para hurtar unos euros de una caja registradora -imagen que parece entroncar con una tradición arraigada en el movimiento antisistema catalán y que nos retrotrae al 2003 cuando una manifestación estudiantil en contra de la guerra de Iraq, culminó con el asalto a El Corte Inglés y el robo de varios productos, incluido un jamón-. En definitiva, imágenes que no son la mejor carta de presentación de una ciudad dedicada al turismo de cruceros.

Me ha llamado la atención, especialmente, la peculiar adhesión de ERC a la huelga. Como aquel que quiere ser la novia en todas las bodas, ERC no podía resignarse a ser convidada de piedra en una huelga española y su presidente y candidato a la Generalidad, Joan Puigcercós, la secundó “desde una perspectiva estrictamente catalana” porque “debe haber un motivo catalán para decir al Gobierno español que lo ha hecho muy mal, ya que si hay una nación que se ha visto perjudicada por las medidas a favor de las operaciones especulativas y de los grandes conglomerados empresariales, es Cataluña”.

En la lista de ingredientes de la escudella amb carn d’olla que preparó ERC para justificar su apoyo a la huelga incluía los recortes en infraestructuras, los problemas de liquidez de pequeños y medianos empresarios y autónomos, el Plan E, la “política errática” en cuanto al sistema financiero, el coste de vida más elevado que el promedio estatal y por si fuera poco la reivindicación de la consolidación del marco catalán de relaciones laborales.

La confusión en la que navega el partido independentista ha alcanzado el delirio con el lema con el que se han presentado en la manifestación de Barcelona: ‘Nosaltres treballem, nosaltres decidim’. Ya quisieran muchos trabajadores poder poner en práctica sus decisiones, sin ir más lejos, los de la Nissan y Roca que coreaban, entre otros, a los dirigentes independentistas en la concentración del 11 de septiembre de 2009 ante la estatua de Rafael Casanovas: “Menos banderas y más trabajo”.

Artículo publicado en La Voz de Barcelona

Montilla y el lobo independentista

El Partido Socialista Obrero Español gobierna en España desde el año 2004 y lo ha hecho con apoyos parlamentarios, fundamentalmente, de los partidos nacionalistas. Por su parte, Pasqual Maragall llegó al gobierno de la Generalitat al frente de una coalición en la que tenía como compañeros de viaje a un partido que defiende el derecho a la autodeterminación (ICV-EUiA) y otro que aboga, abiertamente, por la independencia de Cataluña (ERC). Los integrantes de esta “moderada” coalición fueron los impulsores del Estatuto de Autonomía, artefacto legal de explosión diferida de corte confederal que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña y retocado, poco después, por el PSOE con la alianza de CiU en las Cortes Generales. El tripartito se reeditó en el año 2006 cambiando a Maragall por Montilla. Los miembros del Tribunal Constitucional que han declarado parcialmente inconstitucional el Estatuto de Autonomía forman parte del denominado “bloque progresista”, es decir, fueron nombrados a propuestas del PSOE y de CiU.

Si hemos de creer sus propias palabras, tanto el PSOE como el PSC impulsaron las reformas del Estatuto de Autonomía de Cataluña para consolidar el autogobierno de Cataluña y acabar con el problema del encaje de Cataluña en España. Les ha debido salir mal, si tenemos en cuenta las advertencias que ahora hacen en la precampaña de las elecciones autonómicas. Antes, era el PP el que advertía sobre el riesgo de que España se fragmentase, ahora, el discurso del miedo a la fractura lo han abrazado los socialistas y tanto Zapatero como Montilla se presentan como los únicos garantes para frenar el independentismo, del que Montilla ha llegado a decir que traerá la decadencia de Cataluña. Es desolador observar como los mismos que embarcaron a la sociedad catalana en el desafío estatutario, exhiben el espantajo independentista que han alentado, a la vez que se presentan como los únicos capaces de luchar contra él ofreciendo como solución la salvación del Estatuto de Autonomía. Los bomberos pirómanos se postulan como fiel de la balanza y ejemplo de mesura.

Probablemente, en esta campaña Montilla no buscará la fotografía almorzando con Laporta, como hizo en la del 2006. La pulsión separadora no está bien vista entre el electorado socialista y por eso, no es de extrañar que el principal reclamo propagandístico, según su video de precampaña, sea el gol que marcó el albaceteño Iniesta con la selección española en el Mundial de Sudáfrica.

Vaya, vaya... Éstos son los mismos socialistas que no pestañearon cuando el Vicepresidente de su Gobierno, Carod-Rovira, fijó en el 2014 la fecha para la independencia de Cataluña, los mismos a los que no ha temblado el pulso para subvencionar con dinero público a las asociaciones que enarbolan banderas “esteladas”, los mismos que han apoyado o permanecido pasivos en algunos ayuntamientos ante las consultas soberanistas o han desviado la mirada cuando sus compañeros de coalición, con cinismo racista, han promovido el apadrinamiento de “niños extremeños pobres” . Estos patriotas sobrevenidos son los que han consentido que no se cumpla la ley de banderas ni en los ayuntamientos ni en la Generalitat, a diferencia del Lehendakari, el también socialista Patxi López, que en sus instituciones exhibe con normalidad las banderas de España y del País Vasco. El nuevo Montilla recalca, ahora, a todo el que le quiera oír, que no es independentista, que nunca lo fue, y apela, sentimental, a su antigua condición de inmigrante andaluz a la vez que mantiene en su puesto al Delegado del Gobierno en la Cataluña Central, Jordi Fàbrega, exaltado apologeta independentista que se dedica a quemar en las plazas ejemplares del Decreto de Nueva Planta.

Los socialistas han tenido y tienen todo el poder y ahora llaman a la comunidad a defenderse del lobo separatista, ese lobo que llevan alimentando durante muchos años. ¿A quién quieren asustar? ¿A quién temen, a los independentistas o al resultado de las elecciones?

Este artículo ha sido publicado en e-noticies

Subvenciona que algo queda

En diciembre de 2004, al poco de llegar el tripartito al Gobierno autonómico de Cataluña se apresuró a elaborar un informe de evaluación de la gestión de los gobiernos de CiU. En aquel informe se revisaban las decisiones de los gobiernos pujolistas y se criticaba la actividad frenética de sus últi­mos días, aquellos en que se prorrogaban las concesiones administrativas cuando todavía faltaba mucho para que vencieran. Se concedían licencias de radio a las empresas afectas o se regalaban graciosamente, por ejemplo, cientos de miles de euros a entidades amigas como Òmnium Cultural.

Aquel documento criticaba también el poco rigor en la justificación de las subvenciones otorgadas por CiU y censuraba su parcialidad en distintos campos, entre ellos y de forma notoria, el de la prensa. Para combatir la discrecionalidad, el tripartito se comprometía en aquel documento a establecer unas reglas de juego igualitarias para acceder a las ayudas al tiempo que prometía una nueva administración fundamentada en los principios de transparencia, objetividad y profesionalidad, una oficina de transparencia y una ley de subvenciones.

En el programa del segundo gobierno tripartito desaparecieron casualmente estas ofertas y se hizo una particular interpretación de la Ley de Finanzas Públicas que:

‘Considera subvención toda ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada a cargo de los presupuestos que tengan por objeto una entrega dinera­ria a entidades públicas o privadas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: uno, que la entrega esté afecta a un fin, un propósito, una actividad o un proyec­to específico y exista la obligación del destinatario de cumplir las obligaciones o los requisitos que se hayan establecido; dos, que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o para la promoción de una finalidad pública’.

La igualdad prometida en el régimen de ayudas, con la que embaucaron a algunos incautos, ha sido sustituida por la ley de la omertá. No es de extrañar que eso sea así si tenemos en cuenta a los beneficiados en el reparto. Fundamentalmente los compañeros y amigos que trabajan para el partido o la causa y algunos tibios a los que un poco de money, money público les haga perder resquemores y escrúpulos.


Los nombres de las personas y entidades subvencionadas se han ido repitiendo en las sucesivas resoluciones de la administración catalana a lo largo de la legislatura y el objetivo siempre ha sido el mismo. Eliseu Climent, al frente del conglomerado de empresas de la que es titular, ha sabido utilizar sutiles mecanismos de concienciación pancatalanista para que las administraciones catalanas desvíen millones de euros a su holding. CIEMEN, con la excusa de las naciones sin estado, siempre ha encontrado algún generoso departamento capaz de rellenar con miles de euros el hueco de su mano. Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, transfigurada en ocasiones bajo el alias de Col.lectiu Esbartzer, quienes con la coartada de la lengua o la nación han incrementado hábilmente su patrimonio inmobiliario a expensas de las arcas públicas. O la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, cuyos integrantes han disfrutado del mejor turismo internacional por la patilla al grito: “Una nació, una selecció”. Por no hablar de otras asociaciones a las que el patriotismo ha convertido en oficinas de colocación de afectos al régimen u otras, como Sobirania i Progrès, a las que hemos financiado el gustazo de las consultas populares.

La palabra transparencia ha sido manoseada por este Gobierno autonómico hasta la náusea. Prometió un banco de datos para dar pu­blicidad a las subvenciones y aseguró que los ciuda­danos podrían comprobar lo eficaz y eficiente de su gestión y cómo se gastaría el dinero y resulta que el tripartito, huraño, ha hurtado la información incluso a los diputados autonómicos y ha puesto todas las trabas posibles para el examen de los expedientes de justificación de los gastos.

Tampoco el principal grupo de la oposición ha mostrado excesivo interés en cambiar el escenario de opacidad que ampara la arbitrariedad. Buena prueba de esta voluntad renuente es que los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU votaron en contra de una moción que presenté en el Parlamento de Cataluña –consecuencia de una interpelación al vicepresidente autonómico Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC)- que pretendía que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude elaborarán un informe específico sobre las subvenciones otorgadas por la Generalidad para valorar la legalidad y los procedimi­entos de adjudicación de las subvenciones y la adecuación del gasto a la actividad subvencionada empleando criterios de eficacia, econo­mía, calidad y equidad.

También se opusieron a elaborar una Ley de Subvenciones -Cataluña es la única comunidad que carece de ella- y a que la concesión directa de subvenciones fuera excepcional y únicamente cupiera cuando se acreditase la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las características del subvencionado o de la actividad a desarrollar. El mejor argumento contra la opacidad es que la ciudadanía pueda comprobar los expedientes administrativos de concesión y justificación de los gastos. Mientras eso no sea posible, siempre quedará campo para la sospecha.



Este artículo se ha publicado en La Voz de Barcelona

Juzgar sentimientos

"Ningún Tribunal puede, ni podrá, juzgar nuestros sentimientos ni negar nuestra voluntad."

No, no se trata de la declaración de una pareja de enamorados a los que un Tribunal les impide continuar su relación por la oposición de sus padres, ni que los Tribunales deportivos hayan prohibido el lema del RCD Espanyol “La força d’un sentiment”.
Estamos hablando de política, de la declaración que ha efectuado el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con motivo de la celebración de la Diada del 2010. La frase no es nueva, y ya la había pronunciado el Presidente Montilla en la declaración institucional de junio de este año con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía.
Hace bien el manifiesto en referirse a sentimientos, puesto que estos son las impresiones que causan a nivel espiritual determinadas situaciones. Los socialistas sienten que “Cataluña es una nación”, “que su lengua es el catalán” y que el “Estatuto fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”. Nada que objetar a que el PSC haga públicos sus sentimientos porque ya se sabe que en el terreno del corazón todo es posible y que las personas, al parecer ahora también las jurídicas, actúan y se comportan con amor, pasión u odio, a veces de una manera irracional. Ahora bien, para no confundir a los destinatarios del mensaje, estaría bien que el PSC aclarara en el manifiesto que esos sentimientos no tienen nada que ver con el ordenamiento jurídico ni con la realidad. Con las normas en la mano, a día de hoy Cataluña es una nacionalidad (artículo 1 del Estatuto de Autonomía), la sociedad catalana tiene dos lenguas mayoritarias y de ellas la más hablada es el castellano, y en el referéndum del 18 de junio de 2006 sólo votaron “Sí” a la pregunta ¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?" 1.899.879 personas de los 5.310.103 que conformaban el censo.
Puesto que el PSC se ha instalado en ese íntimo campo, esperemos que su frustración, al comparar sentimientos con realidades, no le conduzca al resentimiento.

Artículo publicado en e-noticies

Hablando en chino

Desde luego, el hecho de que la Defensora del Pueblo haya presentado, a petición de Impulso Ciudadano, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de inmigrantes y retornados a Cataluña ha levantado ampollas en el Gobierno y en los círculos nacionalistas. El subdirector de "El Punt", Manuel Cuyàs" publicó en el diario Avui el día 23 de agosto el artículo "El xinès i el català". El artículo no respondía a la realidad y remití al diario Avui una carta de réplica con el título "Prejudicis" que vio la luz el día 29 de agosto y que publico a continuación.

"El xinès i el català".

La defensora del poble, que és una senyora que sembla la Rita Barberá amb uns altres vestits i que com l'alcaldessa de València és militant del PP, ha denunciat al Tribunal Constitucional la llei d'acollida que preveu que la nova immigració s'integri a Catalunya en català. Que potser s'hi ha d'integrar en japonès? En suec? En castellà? Si és en castellà, ¿com s'integraran els immigrants que vénen de Bolívia o l'Equador, si ja parlen castellà? Qui va fer de portaplatets al negociat de la defensora és José Domingo, un home que va entrar de diputat al Parlament de Catalunya de la mà del partit Ciutadans i que ara forma part del grup mixt perquè es va batallar amb el seu líder, Albert Rivera. És el que passa amb Ciutadans: es barallen. Com que estan enfadats amb tot i amb tothom, com que el seu programa consisteix a no somriure ni dir mai ni una paraula amable i posar aquelles celles arrufades que no ha parat de posar Albert Rivera durant els quatre anys de parlamentari, els Ciutadans es barallen de manera natural i d'ofici amb els altres i entre ells.

El cas és, doncs, que José Domingo ha presentat una denúncia contra una llei que el Parlament del qual forma part va aprovar. A Catalunya, com a Espanya, també regeix el sistema bicameral, només que nosaltres de la cambra alta no en diem Senat sinó que, per gentilesa del PP i de Ciutadans, en diem Tribunal Constitucional i Defensor del Poble.

A José Domingo se l'ha d'entendre. Com que el seu anticatalanisme no ha pogut evitar que els immigrants antics, els espanyols, siguin formats en català a través de la immersió lingüística, ara procura que als nous, als de passaport estranger, no els afecti el mateix trauma. Hi ha gent que es treu les espines que porten clavades a l'ànima de manera molt recargolada.

Però jo penso que no és només d'això que es dol José Domingo. A aquest home, que va néixer a Catalunya fa més de cinquanta anys i que és advocat, no se li ha sentit dir mai ni un mot en català. Hi ha molta gent negada per als idiomes. Gent que es passa anys i anys en un lloc on es parla una llengua que no és la seva familiar i que per temps que passi no sap ni demanar un plat de sopa amb l'idioma del país.

Ara fixem-nos en els nous immigrants, els que han arribat a Catalunya fa res, quatre dies. Molts no saben articular ni una paraula en català, això és cert, i això és el que vol evitar la llei que a José Domingo li desplau, però n'hi ha uns altres que n'han tingut prou amb aquests quatre dies per expressar-se en un català més que correcte. Hi ha un cambrer xinès en un restaurant on vaig sovint a dinar que em recita els noms dels peixos com si portessin les quatre barres al llom com les hi portaven els que es banyaven pel Mediterrani a l'edat mitjana. Ara observem José Domingo. No sap ni articular bon dia, i li ve un xinès de la Xina que diu llamàntol i escórpora i sap compondre una oració principal i una altra de subordinada amb tots els pronom febles a lloc. Què ha de fer davant un cas semblant José Domingo? Córrer al receptiu Defensor del Poble no només per tancar qualsevol mena de futur al català, que és la seva intenció primera, sinó també perquè faci callar el xinès i li eviti el tràngol de quedar humiliat i en evidència.

Prejudicis

Un prejudici és una convicció o creença que provoca una actitud intolerant, persistent i hostil cap a certs temes o certs grups de persones. Afirmava Einstein que "és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici".
L'article que va publicar el Sr. Manuel Cuyàs amb el títol "El xinès i el català" és un ventall de prejudicis vers els que defensem la llibertat lingüística i, a més, es rabeja en mi quan afirma que mai he pronunciat ni un sol mot en català. La condició d'integrant de la comunitat castellanoparlant de Catalunya i el fet de que en la meva activitat política utilitzi preferentment el castellà per reivindicar la seva presència en les institucions no em converteix en un ignorant del català. Ans al contrari, parlo aquest idioma amb assiduïtat en la meva esfera privada i també en intervencions públiques (el Diari de Sessions i el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en són bona prova). Malgrat que no vaig poder estudiar la llengua catalana a l'escola, ho he fet posteriorment i he aprovat el nivell C de català, per tant, segons els paràmetres del catalanisme a l'ús, se'm pot considerar “normalitzat”. Si el Sr. Cuyàs vol comprovar-ho, no tinc cap inconvenient a entrevistar-me amb ell per parlar d'aquests temes que tant l’apassionen i que en ocasions el porten a perdre el seny.
Els seus prejudicis el confonen i el fan caure en el ridícul. La realitat està farcida de catalans que defensen el seu dret a expressar-se en llengua castellana i que coneixen satisfactòriament el català. També haurà de començar a assumir que els catalans a qui qualifica ofensivament com a “immigrants antics” tenen els mateixos drets que els de soca-rel. Personalment, m'ofèn que m'atribueixi una finalitat tan innoble com la d'evitar la formació de la gent en català quan he defensat durant tota la meva trajectòria cívica i política que les persones puguin ser escolaritzades en català i en castellà. Sóc partidari de la suma d'identitats en llibertat i, per això, en el debat de la llei d'acollida vaig proposar que l'Administració facilités als estrangers residents a Catalunya els mitjans per formar-se tant en català com en castellà, però que corresponia als immigrants decidir la seva primera llengua d’acollida. Malauradament, la llei no deixa llibertat i l’immigrant no pot configurar el seu projecte lingüístic en funció dels seus interessos. La llei, per mi, és inconstitucional i el Defensor del Poble també ho ha entès així.


De esta polémica se hizo eco La Voz de Barcelona

La màquina de fer independentistes

La expresión no es nueva, pero en los últimos tiempos es utilizada con frecuencia por los sectores que postulan la independencia de Cataluña y por aquellos otros que, consciente o inconscientemente, colaboran para que ello sea posible. Se trata de “la màquina de fer independentistes”.

Según los ingenieros sociales que han analizado este curioso artefacto, sus engranajes están compuestos por cualquier decisión o actuación que complique o dificulte el avance nacionalista en Cataluña. Es decir, la resistencia a la deriva soberanista catalana conlleva, sorprendente e impepinablemente, la conversión inmediata y espontánea de unos cuantos miles de catalanes al independentismo.


Así, suponen estos finos analistas de la realidad catalana, esta fe habría sido abrazada de forma espontánea, casi milagrosa, por muchos catalanes debido a toda una retahíla de afrentas intolerables. Cataluña, esa Cataluña homogénea, unívoca, monocorde de la que dicen ser portavoces, sería hoy más independentista que ayer porque la sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado o interpretado inadecuadamente algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque la defensora del Pueblo ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de inmigrantes, porque algunas organizaciones pretenden recurrir contra el Código de Consumo de Cataluña, porque la selección española ha ganado el campeonato mundial de fútbol, porque Pedrosa luce la camiseta de La Roja en las pistas de motociclismo, porque se coloca en el balcón la bandera de España o porque el informe de un Departamento de Estado de los Estados Unidos critica la política lingüística de la Generalidad de Cataluña.

Conozco bien el argumento, lo he padecido en el Parlamento autonómico cuando he impulsado alguna iniciativa contraria a los intereses soberanistas. Invariablemente, en esos momentos saltaba como un resorte el diputado autonómico de turno, que, por mi bien, me alertaba sobre la conveniencia de desistir de mi posición irredenta, auténtica máquina de hacer independentistas.

El descaro, la hipocresía, el doble lenguaje del nacionalismo es enorme. Todo juega a su favor. Nada escapa a su lectura interesada. Si se celebran consultas soberanistas se camina, legítimamente y en atención a la espontánea voluntad de Cataluña, hacía la independencia, pero si se denuncia su ilegalidad, la máquina comienza a funcionar y cling, cling, unos cuantos independentistas más; si la bandera nacional no ondea en los Ayuntamientos, y España desaparece simbólicamente de los mismos, se hace como expresión de un sentir compartido del pueblo catalán, pero si se pretende que se cumpla la ley para que la bandera esté en el mástil, más cling, cling, el número aumenta, imparable; es más, si se solicita que la escuela enseñe también en castellano o se protesta para que los comerciantes tengan libertad para rotular sus comercios en la lengua que elijan, nuestras calles vierten independentistas a raudales.

Vamos, que nos encontramos en un callejón sin salida y la única solución para que no se reproduzcan nuestros aliens independentistas es callarse, no hacer nada y contribuir disciplinadamente a fomentar la plurinacionalidad del Estado, única solución que evitará la ruptura de España y el funcionamiento de la máquina a toda pastilla. Los defensores del Estado español plurinacional, entre ellos Montilla y Zapatero, han colocado, sumisos, un enorme cartel con el lema ‘No molesten a los independentistas’ y protegen interesadamente a sus validos: les hacen el caldo gordo y califican como legítimas sus aspiraciones mientras ridiculizan a los que defendemos la España autonómica; miran para otro lado cuando los medios de comunicación públicos presentan la consecución del Estado catalán como el paraíso terrenal (más pensiones, más carreteras, más salud, menos impuestos…); les miman y dan millones y millones de euros de las arcas públicas a asociaciones que trabajan para romper los ligámenes con el resto de España y para hacer desaparecer de las instituciones los signos de identidad comunes de todos los españoles.

Sin embargo, la monserga de la máquina de hacer independentistas es un chantaje que no debe paralizar la actividad de aquellos que creemos que la independencia de Cataluña tendrá unas perjudiciales consecuencias en el orden económico y social para todos. Por ello, es legítimo y útil demostrar que los que no defendemos la independencia somos mayoría y que la nueva Cataluña que pregonan los separatistas es nociva. No es hora de flaquear ante tanta presión, sino de seguir con las movilizaciones y concentraciones, de acudir a los tribunales de justicia nacionales y de solicitar amparo a los organismos internacionales, de hacer cada vez más visibles a los defensores de la libertad lingüística, y a quienes defendemos la convivencia entre los catalanes y de éstos con el resto de los españoles. No es el momento de amilanarse ante las amenazas sino de dar más gas a la máquina de hacer ciudadanos más libres y demócratas.

Publicado en la Voz de Barcelona el día 1 de septiembre

Joan, no son emigrantes ¡son compatriotas!

ERC sabía lo que hacía cuando dio sus votos a José Montilla en la investidura de Presidente de la Generalitat. El líder de los capitanes, aquel movimiento interno del PSC que pretendía desalojar a su sector más catalanista, llegaba a la Generalitat y hacía visible que con independencia del origen en Cataluña es posible ser “presidente del país”, eso sí, siempre que se firme el muy sui generis contrato con Cataluña que ha redactado el nacionalismo catalán. Joan Puigcercós en un artículo de su blog califica de audacia intelectual esta teoría que alumbré en un reciente pleno del Parlament y tergiversa mis tesis. En Cataluña, hace mucho tiempo que la clase social paso a un segundo plano, el principal referente es el de la identidad.

En su artículo entrecomilla palabras que yo no pronuncie y que fueron traducidas por su subconsciente a un lenguaje que me resulta muy extraño. Basta con acudir al diario de sesiones, yo dije lo siguiente:

Permítanme que les haga una confidencia personal: una de las escenas que más me han emocionado de mi experiencia como parlamentario fue observar a los padres del presidente Montilla -cortados por el mismo patrón que los míos, andaluces también y gente trabajadora, que se esforzaron en sacar a sus hijos adelante-. Aquel día, despistados pero a la vez orgullosos, en la toma de posesión de su hijo como presidente de Cataluña, a mí me emocionaron.

Sé que durante esta legislatura a ciertos integrantes de algunas formaciones les ha costado reconocer al señor José Montilla como Molt Honorable President de todos los catalanes. Todavía hoy hay personas que lamentablemente consideran que la Generalitat es patrimonio de una determinada casta política o de lo que se entiende por família de classe bona.

El presidente Montilla rompió un tabú y los catalanes que entendemos Cataluña como una suma de identidades y orígenes nos sentimos orgullosos de ello.

Al final de la legislatura he de expresarle, presidente, mi profunda decepción. El ascensor social funcionó pero ahora sabemos que quien le ascendía le exigía una contrapartida y contaba con una coartada, la letra pequeña que tenía como misión hacer inasumible la Cataluña para todos, la Cataluña integradora. Creo sinceramente que no le ha valido la pena. No espere agradecimientos por los servicios prestados, el nacionalismo es así. Ya ve, le permitieron encabezar una manifestación al mismo tiempo que algunos de ellos pretendían expulsarle al grito de «botifler, botifler».

No utilicé la palabra emigrante, jamás la emplearía con los españoles nacidos en otras partes de España que residen en Cataluña. Somos compatriotas. Tampoco pretendo hacer de la identidad un fenómeno estático, porque creo en la suma de identidades.

De hecho, celebro - y lo digo sin ironía- que el Presidente Montilla haya mejorado su catalán a lo largo de la legislatura y que al final de ella no necesite de chuletas para realizar dedicatorias en sus libros de firmas. Mi reproche se constriñe al hecho de que haya aceptado el rol catalanista con la fe del converso, y que haya aceptado, sumiso, las condiciones que fija el Poder. Los poderosos de entonces hicieron que López Rodo o Masso renunciarán a utilizar el catalán cuando gobernaban y ahora imponen a Montilla la exclusión del castellano en sus intervenciones públicas. El “fill de la minyona”, por seguir el símil utilizado por el propio Puigcercós en su intervención en el debate extraordinario sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, ha fijado las reglas del juego y son las mismas que las de la "familia de casa bona".

Aquí, con la apelación a la unidad civil y a la represión del franquismo se chantajea a la comunidad a la que pertenecen los padres de Montilla (hablo en sentido figurado).

Estos catalanes castellanohablantes también quisieran verse reflejados en sus instituciones y algunos de ellos empiezan a tomar conciencia de que son rechazados y de que la razón de la aversión no tiene nada que ver con la condición social sino con el empeño del Poder en hacer valer una identidad única. Probablemente, Joan Puigcercós y yo tenemos parecidos orígenes sociales, ninguno de los dos procedemos de familia burguesa, y, sin embargo, nos encontramos muy alejados. El trabaja desde el Poder, del que forma parte, para anular mis derechos y cambiar mi país y contra eso me rebelo. Quiero que entienda que no pretendo anular su identidad, con Joan Puigcercós y con otros me he expresado siempre en catalán en la Cámara, sino sumar la suya a la mía. He incorporado el catalán a mi identidad, al igual que él ha incorporado el castellano a la suya, pero me niego a olvidar la lengua de mis padres, de la misma manera que el Presidente de ERC tiene siempre presente el buen catalán que habla.

La solución es muy sencilla, el bilingüismo institucional y la libertad individual pero, claro, en ese escenario el Poder catalán se encuentra incómodo porque necesita de la lengua única para acentuar la diferencia que haga más transitable el camino hacia la independencia. Por ello, me parece preocupante y próximo a la traición que el PSC, con el Presidente Montilla al frente, hayan asfaltado la tortuosa e incómoda carretera de montaña para convertirla en una vía rápida. Ahora bien, los excesos de velocidad son peligrosos y se corre el riesgo del accidente, la fractura social.

Comunidad castellanohablante

En la sesión del 28 de julio no sólo se han hablado de la prohibición de los toros, he formulado la que probablemente será mi última intervención en el pleno de la Cámara. He planteado la existencia de dos comunidades lingüísticas en Cataluña porque hasta ahora la unidad civil a la que ha apelado Carod se ha basado en un trágala para los castellanohablantes que ven como sus derechos son absolutamente ignorados en beneficio de los derechos de la lengua catalana. Es decir, a las personas que se identifican mayoritariamente con el castellano no se les reconocen derechos porque el franquismo persiguió a la lengua catalana. No niego que hay una mayoría en la Cámara catalana que apoya esa política lingüística pero, me parece profundamente antidemocrático y falto de ética que se vulneren los derechos de la mayoría lingüística castellanohablante y se pretenda mediante este chantaje hacerla invisible. Desde luego, no estoy dispuesto a que los castellanohablantes de hoy paguemos la hipoteca del franquismo, nosotros no somos los deudores.

El debate es muy sustancial y el nerviosismo de Carod en la respuesta deja claro que la vía para parar la sucesión de golpes es identificarnos como comunidad castellanohablante de Cataluña.

Pregunta
al Govern sobre la discriminació dels castellanoparlants (tram. 310-00456/08)
La següent pregunta la formula, en nom del Grup Mixt, l’il•lustre senyor José Domingo.

El Sr, Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente.

Conseller, soy uno de los integrantes de la comunidad castellanohablante de Cataluña, una comunidad que está formada, según la última encuesta de usos lingüísticos, por el 46,5 por ciento de los catalanes. El grupo que se identifica solo con la lengua catalana, en el que me imagino se incluye usted y muchos de los diputados de esta cámara, suma el 37,2 por ciento.

La comunidad lingüística castellanohablante es la mayoritaria de Cataluña pero la acción de su Gobierno la margina e ignora. Basta con leer el balance de la política lingüiística 2004-2010, que ha presentado recientemente, para concluir que los castellanohablantes de Cataluña son considerados como una anomalía social, y que por ello se impulsan políticas destinadas a corregir lo que se considera una disfunción y un extraño peligro para la supervivencia del idioma catalán. No reparan en medios, en argucias con apariencias de legalidad, e incluso en la intimidación para hacerlos invisibles.

Si los castellanohablantes pedimos la enseñanza en castellano ponemos en peligro la convivencia. Si solicitamos la documentación oficial en este idioma nos convertimos en una incomodidad. Y cuando reclamamos que la señalización de los establecimientos oficiales sea bilingüe, se apela para no hacerlo a la contaminación paisajística, a razones económicas o a la ley interpretada de la forma más excluyente.

¿Por qué su gobierno, el gobierno de todos los catalanes, ignora y margina la comunidad castellanohablante?

El president
Té la paraula, en nom del Govern, l’honorable senyor Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident d’aquest Govern.

El vicepresident de la Generalitat (Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira)
Moltes gràcies, senyor president. La pregunta que vostè ha formulat sap perfectament que és una total falsedat, i els termes en què l’ha plantejada, una absoluta i perillosa irresponsabilitat política, i vostè ho sap.

El president
Senyor diputat, té la paraula.

El Sr. Domingo Domingo
Muchas gracias, señor presidente. Hablando de peligrosas irresponsabilidades políticas: ¿Se reconoce en estas palabras, conseller? «Un inmigrante ecuatoriano en Madrid será un inmigrante, pero un inmigrante que hable catalán será uno de nosotros.»

Le retratan, están cargadas de racismo.

Usted viene a decir: un catalán que no hable catalán no es uno de nosotros.

El presidente de la Generalitat ya es uno de ustedes, de lengua materna castellana ahora considera el catalán como su lengua propia. De hecho, institucionalmente sólo lo ha utilizado cuando se ha equivocado o cuando ha citado. No ha efectuado ni un solo guiño a la comunidad castellanohablante. No se si es complejo o convicción, pero ha presidido un Gobierno injusto y discriminador hacia ella.

Le pido a Vd, pido a este gobierno mientras dure, y a los próximos gobiernos, que realmente impulsen la cohesión social...

El president
Senyor diputat...

El Sr. Domingo Domingo
...una cohesión social integradora –ya acabo, señor presidente–, que opte por no excluir a nadie, ni a castellanohablantes ni a catalanohablantes.
Muchas gracias, señor presidente.

El president
Té la paraula l’honorable vicepresident.

El vicepresident de la Generalitat
Senyor diputat, vostè no té idea, ni té ni la més, diguem-ne, remota idea, de què es discriminar i prohibir una llengua. Discriminar i prohibir una llengua es treure-la de tots els àmbits d’ús, és que et canviïn el nom, que t’alterin els cognoms, que canviïn els topònims, que et canviïn els noms dels rius, de la mar, dels llacs, dels termes municipals, de les masies, de tot; això és discriminar una llengua. Vostè vol fer creure a aquest Parlament, on tots sabem llegir i escriure, que la llengua castellana, que es una de les llengües més importants del món pel nombre de parlants, es juga el seu futur a Catalunya? Això, senyor diputat, no s’ho creu ningú.

I encara hi ha una altra cosa més important: Catalunya serà el que els seus ciutadans vulguin que sigui. I ho serà per la majoria. Catalunya no farà cap pas enlloc si no és per la majoria. Hi ha un valor que durant la dictadura vam posar com el primer dels nostres valors democràtics, que és la unitat civil del poble de Catalunya, i aquesta unitat civil no se la va poder carregar el franquisme. Si no se la va carregar el franquisme en dictadura i amb totes els mitjans que tenia al seu abast, pretén carregar-se-la vostè? No ho aconseguirà, senyor diputat, no ho aconseguirà.

El poble de Catalunya no és un projecte de Catalunya no és un projecte de passat, és un projecte de present i de futur, on no es pregunta a la gent d’on ve, ni quins cognoms porta ni quina llengua parla, perquè el futur ens pertany a tots; no ho va aconseguir el franquisme, no ho aconseguirà ni vostè ni els que pensen com vostè, perquè, què és això de «comunidad castellanohablante»? El millor que ha fet aquest país és crear una sola xarxa escolar on no es discrimini els infants per la llengua d’origen que porten a casa seva.

Potser a vostè li hauria interessat que s’hagués fracturat aquesta societat. Doncs no es fracturarà aquesta societat, perquè la majoria d’aquest Parlament no ho vol, perquè no ho vol la majoria de la societat catalana, i feliçment per al poble de Catalunya, parli el que parli, el que vostès representen és majoria ara, i desitjo que ho sigui, no sempre, sinó per a tota la vida, fins que calgui, tant com calgui. Un sol poble, el poble de Catalunya.
(Aplaudiments perllongats.)

El debate extraordinario

El día 16 de julio se celebro un debate sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con motivo de la presentación de las propuestas de resolución realicé este discurso que estuvo condicionado por las intervenciones de los otros Grupos parlamentarios. Finalmente, la resolución que se aprobó por CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA pretendía burlar la sentencia del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias, señor presidente.

Hoy se ha hablado de fatiga y de cansancio de los catalanes por el sempiterno discurso del encaje de Cataluña en España; no solo de los catalanes, de todos los españoles. Hemos perdido una gran oportunidad para cerrar hoy el debate, bastaba con acatar la sentencia y respetarla y declarar que los poderes públicos de Cataluña se sienten vinculados por ella. Era muy sencillo. Sin embargo, no ha sido así.

A la vista de las intervenciones, parece ser que algunos políticos tienen cuerda para rato y anuncian nuevos caminos y travesías. El puerto constitucional es un puerto seguro si se respetan las normas, sin embargo, algunos grupos políticos con ánimo aventurero nos quieren llevar a destinos inconcretos. Ya se sabe que en las singladuras con marcha o con destino desconocido se corren muchos riesgos de tempestades y siempre es conveniente contar con unas buenas cartas de navegación y una tripulación experimentada. Sin embargo, por lo que se ha escuchado hoy aquí, el barco con el que pretenden navegar cuenta con unos marineros que cuando puedan tienen voluntad de amotinarse.

Reflexionen sobre las consecuencias de las travesías peligrosas, no vaya a ser que aboquen a Cataluña a un naufragio. Los mares están llenos de barcos hundidos con piratas que buscaban la isla del tesoro. (Remor de veus.)

Me confieso desolado por el grado de deslealtad institucional que durante este proceso han tenido las principales autoridades de Cataluña y los principales responsables políticos. En una carrera alocada se han proclamado crisis de Estado, se han declarado municipios moralmente excluidos de la Constitución y se ha alentado a la insubordinación al Tribunal Constitucional, de la que es última expresión la resolución que con toda seguridad se aprobará hoy en esta cámara. A esa resolución le falta una parte, la de los fundamentos jurídicos de la sentencia que valora el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y también incorporar el fallo de la sentencia, que declara que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto a “Cataluña como nación” y a la “realidad nacional de Cataluña”.

Permítanme que les haga una confidencia personal: una de las escenas que más me han emocionado de mi experiencia como parlamentario fue observar a los padres del presidente Montilla -cortados por el mismo patrón que los míos, andaluces también y gente trabajadora, que se esforzaron en sacar a sus hijos adelante-. Aquel día, despistados pero a la vez orgullosos, en la toma de posesión de su hijo como presidente de Cataluña, a mí me emocionaron.

Sé que durante esta legislatura a ciertos integrantes de algunas formaciones les ha costado reconocer al señor José Montilla como molt honorable president de todos los catalanes. Todavía hoy hay personas que lamentablemente consideran que la Generalitat es patrimonio de una determinada casta política o de lo que se entiende por família de classe bona.

El presidente Montilla rompió un tabú y los catalanes que entendemos Cataluña como una suma de identidades y orígenes nos sentimos orgullosos de ello.

Al final de la legislatura he de expresarle, presidente, mi profunda decepción. El ascensor social funcionó pero ahora sabemos que quien le ascendía le exigía una contrapartida y contaba con una coartada, la letra pequeña que tenía como misión hacer inasumible la Cataluña para todos, la Cataluña integradora. Creo sinceramente que no le ha valido la pena. No espere agradecimientos por los servicios prestados, el nacionalismo es así. Ya ve, le permitieron encabezar una manifestación al mismo tiempo que algunos de ellos pretendían expulsarle al grito de «botifler, botifler».

Me duelen especialmente afirmaciones del tipo de «España no nos quiere» o conclusiones como las que ha pronunciado hoy el más alto representante del Estado en esta cámara: «En el escenario actual, España es más pobre moralmente.»

Me parece profundamente desleal que el presidente de la Generalitat, también se lo hemos escuchado a otros representantes políticos, insulte e injurie de la manera que lo ha hecho a los miembros del Tribunal Constitucional. Quiero recordar que solo el 4,97 por ciento de los catalanes votaron «no» a la Constitución española, no sé si alguno de ustedes votó que no, pero desde luego fueron una minoría. Pero, en todo caso, al asumir cargos públicos han prometido acatarla. Por cierto, esa Constitución fue apoyada en Cataluña por un porcentaje superior al del resto de España.
Solo desde la insolvencia o desde la mala fe se puede afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional rompe el pacto constitucional. Permítanme que recuerde algunas de las cláusulas de ese pacto ¡No se alteren! La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (remor de veus); la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran; la Constitución declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las otras lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas; la Constitución proclama que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad política y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, también, por lo tanto, los de la Generalitat de Cataluña. También dispone que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en toda España y es competente para conocer el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Y que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de las tres quintas partes por cada una de las cámaras.

En el proceso constituyente se cerraron algunas puertas, entonces no prosperaron las enmiendas que pretendían la calificación de nación para algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, y se votó expresamente en contra del deber genérico de conocer los idiomas oficiales de las comunidades autónomas. Tampoco prosperaron esas pretensiones en los trabajos del Estatuto de Autonomía, ni en los de la Ley de Política Lingüística. No prosperaron, por cierto, con el voto de algunas formaciones que ahora consideran mancillada la dignidad de Cataluña. Ya lo han olvidado, pero algunos de ustedes votaron en contra de que Cataluña se reconociera como nación y de la obligación de conocer el catalán, y lo hicieron porque lo consideraban inconstitucional.
Ese fue el pacto constitucional que suscribieron los catalanes, que no Cataluña, y está vigente actualmente. Ese pacto se intentó dinamitar por el Parlamento de Cataluña el 30 de setiembre de 2005 y ustedes eran conscientes de ello. También sabían que el texto que finalmente se sometió a referéndum era inconstitucional y mantuvieron el engaño. Por cierto, solo fue ratificado por uno de cada tres catalanes.

Tan conscientes eran que han votado en contra de todas las propuestas del Grupo Mixto en los debates de política general solicitando del Tribunal Constitucional una pronta resolución judicial. Y ahora viene con el cuento de un Tribunal Constitucional moroso y critican su tardanza cuando han utilizado todas las estrategias, todas las artimañas para evitar que se dicte sentencia. Abrieron las puertas que estaban cerradas por la Constitución, gritaron y denostaron a los que les advirtieron que eso no era correcto, y cuando el vigilante, el Tribunal Constitucional, cumple su cometido, le insultan, le zarandean y la emprenden a patadas con él.

Fueron ustedes los que rompieron el pacto constitucional y lo sabían, y lo terrible es que lo hicieron con el consentimiento del presidente de turno de la comunidad, que fue su colaborador necesario.

A mí no me gusta la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que avala preceptos que son a mi juicio inconstitucionales (forta remor de veus), es más, le pedí en su día al Defensor del Pueblo que recurriera el Estatuto y todavía albergo la esperanza de que algún precepto más sea declarado inconstitucional. Pero sepan que respeto la decisión judicial, soy demócrata y acato las decisiones de los tribunales. No suelo insultar ni injuriar a los jueces, porque, entre otras cosas, sé que es delito.

Hoy se ha hablado de posibles reformas constitucionales, también las defiendo, para, entre otras cosas, articular de una manera más racional la estructura del Estado y para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos que las administraciones hurtan. Sin ir más lejos, la práctica del derecho constitucional a la educación en castellano que en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Cataluña, es imposible. Pero la pretendo por los cauces reglamentarios, por los cauces de la revisión.

Hoy hablaba el diputado señor Puigcercós que tendríamos que reconocer a los catalanes tal com som; efectivamente, hay que reconocer a los catalanes, a los miles de catalanes que se manifestaron el sábado y a los cientos de miles que por toda Cataluña se manifestaron a favor de la selección española. (Forta remor de veus.) A favor de la selección española. ¡Ustedes hablan de un millón y medio, cuando no serían más de cien mil. No hagan más trampas, permítanme que concretemos los números!

He de decirles que yo en su día –que yo en su día– pedí el «no» al Estatuto de autonomía de Cataluña y fue porque no veía reflejada esa pluralidad en el texto y porque como castellanohablante me sentía excluido de ese texto. Así lo sentía y lo sigo sintiendo. Si bien ahora de una forma más matizada gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Decían que no ha habido propuestas; sí hay propuestas. Hay una propuesta de cambio en la Administración. A partir de la sentencia tendrán que reconocer que el deber de conocer el catalán que prevé el artículo 6.2 no es un deber jurídicamente exigible a todos los ciudadanos; reconocer que en la enseñanza se han de considerar al castellano y al catalán lenguas vehiculares, y, por lo tanto, se deben dejar sin efecto las prácticas de inmersión lingüística obligatoria en catalán que se vienen practicando. Eso como mínimo. Además, absténganse de utilizar el término nacional o nación a partir de ahora en los cuerpos jurídicos, es decir, en las leyes.

Ya termino, señor presidente. (Remor de veus.) A partir de hoy no sé si iniciamos el camino de la independencia, sinceramente creo que no, pero sí sé que lo que iniciamos es el camino al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que a todos nos compromete, también a todos ustedes.

Muchas gracias, señor presidente

Páginas web y multilingüismo

La perseverancia en el seguimiento de las sedes electrónicas de Carlos Córcoles, el rigor de Carlos Silva y el diseño de Judit González han hecho posible la elaboración del primer informe del Observatorio de Bilingüísmo e Igualdad Lingüística (el nombre del Observatorio se debe al siempre mesurado e inteligente Juan Antonio Cordero) que ha analizado la presencia de las lenguas oficiales en las páginas webs de las instituciones catalanas.

Es este el primer informe que escudriña la situación de los usos lingüísticos en las páginas webs del sector público y el balance no es nada positivo. Tras visitar 186 páginas, de las que 144 eran catalanas,se ha comprobado que sólo una, la del Ayuntamiento de Rubí, merece el calificativo de completamente bilingüe dado que tanto la información que facilita como la interacción entre ciudadano y administración electrónica es factible y de forma equivalente tanto en castellano como en catalán. De los Departamentos de la Generalitat sólo se salva y por los pelos el de Salud.

El Conseller de Cultura, Joan Manel Tresserres, aduce que la aplicación de las cuotas y de las sanciones son necesarias en el sector del cine para conseguir la igualdad de las lenguas. El nacionalismo suele acudir al término "igualdad" para reclamar la discriminación positiva, casi siempre en los ámbitos privados, y se dispone a arrumbarlo en el espacio público en el que es claramente predominante. Por ello, queremos reivindicar la igualdad de derechos lingüísticos en todos los espacios reservados a las instituciones públicas y reservar el concepto de libertad en el uso de lenguas al ámbito privado.

Lo lamentable del resultado del informe, en el que tan mal parada sale la lengua castellana en las sedes electrónicas, es que son las decisiones políticas, que no las técnicas o logísticas, las que tratan de evitar el multilingüismo de las páginas webs de las Administraciones catalanas. Por ello, voy a intentar que en la futura ley de usos de los medios electrónicos en el sector público catalán se incluya como principio de calidad el multilingüísmo, esto es que todos los contenidos y aplicaciones de las páginas web sean, al menos, bilingües. También, desde Impulso Ciudadano hemos decidido acudir al Síndic de Greuges (que por cierto no tiene todos los contenidos de su página web en castellano) y a los Síndicos locales de Cataluña (cuya página sólo está disponible en catalán y en inglés, como bien ha apreciado Chel Alcantud)para reclamar el bilingüismo equitativo en las sedes electrónicas de las instituciones catalanas.

Moción sobre el censo de población

La moción a la que me referí en la entrada anterior fue la siguiente:

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la realidad social de los catalanes (tram. 300-00266/08):

Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de Cataluña a hacer las gestiones necesarias para que el cuestionario del próximo Censo de Población y Viviendas del año 2011 incluya preguntas específicas sobre la lengua inicial (primera lengua transmitida familiarmente o L1), lengua de identificación (lengua considerada como propia), lengua habitual (utilizada con mayor frecuencia) y conocimiento oral, escrito y hablado del catalán, castellano, aranés y otras lenguas no oficiales por parte de los residentes en Cataluña(Tram. 302-00222/08).

Palau del Parlament, 11 de marzo de 2010
José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

Petrolingüismo o cosa de rocas

En el Pleno del pasado 25 de marzo presenté una moción sobre sobre la inclusión de preguntas relacionadas con la lengua en el censo de población del año 2011. El debate fue jugoso y revelador. Tanto CiU como ERC no quieren saber nada de preguntar a los residentes en Cataluña sobre su lengua, PP y C's se mostraron a favor del conocimiento lingüístico y PSC e ICV-EUiA no quisieron pronunciarse pero votaron en contra de las preguntas.

Este debate tuvo su antecedente en la interpelación que crucé con el Conseller de Cultura Treserres. La conclusión a la que podemos llegar es que algunos grupos políticos que, además se dicen progresistas, están petrificados y las condiciones de las personas no les influyen en absoluto. De ello hablo en el artículo que he publicado en e-noticies

En el año 2011 se elaborará el censo de población y viviendas que realiza cada diez años el Instituto Nacional de Estadística. El carácter exhaustivo del censo permite que los datos obtenidos no estén sujetos a limitaciones derivadas de la probabilidad estadística como en las encuestas o estudios de muestreo. Por eso, el censo es el instrumento adecuado para conocer, entre otras variables, la realidad sociolingüística en un territorio y las Naciones Unidas recomiendan la inclusión en los cuestionarios de preguntas sobre la lengua de identificación de la población (lengua materna, lengua propia y lengua habitual).

En este mismo orden de factores, la Ley de Política Lingüística obliga a la Generalitat a elaborar un mapa sociolingüístico de Cataluña que debe ser revisado cada cinco años. Un mapa sociolingüístico consiste en identificar los idiomas y las habilidades lingüísticas (comprensión, habla, lectura y escritura) de los residentes en una determinada zona.

Si siempre es trascendental conocer estos datos, ahora es más conveniente que nunca debido a los importantes cambios demográficos acontecidos por el fenómeno migratorio en Cataluña, y los efectos de la inmersión lingüística en la educación. Sin embargo, los grupos del tripartito y CiU se han opuesto recientemente en el Parlamento de Cataluña a la inclusión de preguntas de contenido lingïuístico en el censo; consideran que con la encuesta de usos lingüísticos es suficiente (la última se celebró en el año 2007 sobre una muestra de poco más de 7100 personas), y fundamentan su negativa en su elevado coste.

Es evidente que el nacionalismo catalán no tiene interés en fotografiar ni los idiomas ni las habilidades lingüísticas de los residentes en Cataluña porque el concepto de “lengua propia del territorio” es su único referente. Estamos, por lo tanto, ante una concepción geológica de la lengua catalana que pasa por encima de los derechos lingüísticos de las personas, es la lengua el sujeto de los derechos, no los ciudadanos. Así lo argumentó la diputada de ERC, María Mercè Roca, en el debate parlamentario: “…moltes persones que viuen a Catalunya tenen com a llengua primera o llengua pròpia, o llengua familiar, el castellà, i és veritat; i moltes persones, també, que viuen a Catalunya, tenen com a llengua primera l’àrab, o moltes d’altres. Però no parlem d’això, parlem del català com a llengua que s’ha format al mateix temps que s’ha format el territori. No és cap troballa ni és cap invent d’ara mateix, la llengua catalana ha nascut aquí i s’ha anat configurant en un país que s’ha configura alhora amb la llengua. Li ho repeteixo: podran haver-hi milions de persones a casa nostra que tinguin com a llengua primera o familiar qualsevol dels centenars de llengües que es parlen avui dia aquí, però només el català és la llengua és la llengua pròpia, només el català és la llengua territorial de Catalunya.”

Es decir, el hecho de que el castellano pudiera ser sociológicamente la lengua de la mayoría de los catalanes no constituye ninguna fuente de derechos para los ciudadanos que la hablan, puesto que en Cataluña lo trascendental es la lengua petrea, es decir, la conformada por el territorio. Después de analizar las clarificadoras palabras de la diputada Roca, habrá que revisar conceptos. Lo sustancial no es la sociolingüística, que es la disciplina que se ocupa de las relaciones entre lengua y sociedad, sino la petrolingüística porque lo fundamental es el análisis de las propiedades químicas, minerológicas, físicas y cronológicas de la lengua catalana con el territorio en el que se formó. Ya ven, la cuestión de la lengua a la que tantas y tantas páginas se le han dedicado es sólo una cosa de rocas.

Cornellà-El Prat, estadio talismán de la selección.

Hoy el Espanyol ha empatado (0-0) con el Villarreal y empezamos a mirar peligrosamente otra vez hacia el abismo, suerte que esta semana la selección me dio una alegria con un juego magnifico ante Francia. Un amigo me ha pedido que reproduzca en el blog el artículo que publique en la revista número 10 de 23perico que con tanto acierto dirige el megaperico Sergio Fidalgo. Ahí va.

Cornellà-El Prat, estadio talismán de la selección.

Hace mucho tiempo que la selección española absoluta no juega en Cataluña. Dentro de unos meses hará más de seis años que la Roja no se pasea por nuestra tierra y ha llegado el momento de que el equipo mundialista de Del Bosque aterrice en el estadio de Cornellà-El Prat.

La relación entre Cataluña y la selección viene de antiguo. El primer partido de la selección nacional tuvo lugar en Bruselas con motivo de los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920; pocos años después, en diciembre de 1924, España debutaba en el estadio de Les Corts con un portero de campanillas, nuestro mítico Ricardo Zamora que entonces jugaba en el RCDE. Zamora fue un verdadero baluarte, intervino en 46 encuentros y durante mucho tiempo mantuvo su condición de jugador más seleccionado. Por cierto, su último partido como internacional tuvo lugar en febrero de 1936 (poco antes del comienzo de la guerra civil) en el Olímpico de Montjuïc contra el equipo representativo de la Alemania de entonces.

Una de las razones que se aduce para justificar la escasa presencia de la selección en Cataluña es que no existe conexión entre el equipo nacional y la afición catalana. Es evidente que esa excusa ha sido rebatida por dos hechos. El primero, de carácter sociológico, la marea roja de aficionados catalanes que en junio del 2008 inundaron las principales calles de Cataluña para celebrar el triunfo de la selección en el Campeonato Europeo de Austria. El segundo, el entusiasmo con el que acuden a la llamada del seleccionador los jugadores catalanes que, además, han contribuido destacadamente a los últimos éxitos del combinado nacional.

Ahora bien, es cierto que estos juicios interesados dificultan la presencia de la selección en nuestras tierras y hacen que un partido de la Roja en Cataluña se convierta en un hecho excepcional. Desde luego, no debe ser la política la que impida o dificulte que el conjunto nacional exhiba su juego en Cataluña, mas cuando en otras partes de España se rompen complejos y se reclama como acto de normalidad que la selección se presente allí. El pasado 16 de noviembre el Parlamento vasco aprobaba una propuesta por la que se solicitaba de la Real Federación Española de Fútbol que tuviera en cuenta aquella Comunidad Autónoma para disputar encuentros internacionales de la selección. No lo hace desde el año 1967.

No, no lleva tanto tiempo el equipo nacional sin jugar en Cataluña como en el País Vasco, pero también es verdad que desde la llegada de la democracia -las primeras elecciones se celebraron en junio de 1977- España sólo ha disputado seis partidos en los estadios catalanes. Algunos datos son reveladores, los tres últimos encuentros se celebraron en el Estadio de Montjuïc cuando este campo era ya la casa del Espanyol. La selección se despidió ante Perú en febrero del 2004 con un triunfo de 2-1. La entrenaba entonces Camacho. Antes, nuestros jugadores se habían enfrentado a Portugal e Italia en el mismo campo con suerte distinta, ante el equipo luso España empató a uno en el año 2002 y derrotó a Italia por 2-0, con goles de Alfonso y Abelardo en el año 2000. De los otros tres partidos, dos se disputaron en el estadio del FC Barcelona en marzo de 1980 ante Inglaterra (0-2) y en enero de 1987 contra Holanda (1-1); el tercero se celebró contra Polonia (1-2) en Sarrià un 12 de noviembre de 1980, cuando el equipo era entrenado por otro ex-periquito, José Emilio Santamaría.

En el estadio de Sarriá, la selección únicamente jugó tres partidos y ninguno en competición oficial. Además del partido contra Polonia, en el año 1974 el estadio se llenó para ver ganar a la selección (1-0), en ella entonces jugaba Roberto Martínez, al equipo de la República Federal Alemana de los míticos Beckenbauer, Müller y Breitner. En 1975, una selección liderada por un genial Solsona y entrenada por Ladislao Kubala también venció en Sarrià a Dinamarca por un 2-0.

La selección ha jugado y ganado los dos únicos encuentros oficiales que ha disputado en Cataluña en toda su historia. El primero se celebró en 1969 en el Nou Camp ante la desaparecida selección de Yugoslavia que cayó por 2-1 y que sirvió para clasificarnos en el Mundial de México; el otro tuvo lugar en Sarrià en el año 1975 ante Dinamarca, finalizó con 2-0 y el resultado, lamentablemente, no fue suficiente para pasar a la fase final del Europeo de Yugoslavia. Ni un solo partido de competición oficial se ha celebrado en Cataluña en el periodo democrático.

El combinado nacional ha visitado Barcelona en 18 ocasiones de los 570 partidos que ha celebrado en toda su historia. Sólo en tres ciudades –Madrid (59), Sevilla (42) y Valencia (32)– se han disputado más partidos que en Barcelona, La selección ha jugado en Cataluña con todos los regímenes políticos: Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Dictadura de Franco y Monarquía parlamentaria.

Cornellà-El Prat es un gran estadio en el que, a pesar de su corta existencia, los recuerdos y la épica se agolpan ya en nuestra cabeza y un nudo en la garganta nos ahoga cuando en el minuto 21 de cada partido evocamos la pérdida del jugador excepcional que fue Jarque.

Pero es hora de vincular nuestro nuevo campo a partidos de leyenda y, desde luego, si nos dan la oportunidad, la afición perica y la catalana en general van a contribuir con sus cánticos a hacerlo posible. Ahora bien, para tener un estadio señero es condición imprescindible que allí jueguen los mejores equipos. Al Espanyol lo sentimos cada fin de semana, pero tenemos a nuestro alcance la mejor selección española de fútbol de la historia (ha terminado el año 2009 en cabeza de la clasificación mundial de la FIFA, por delante de Brasil, Holanda, Italia o Portugal) y tenemos que hacer lo posible para que juegue en Cornellà-El Prat. El combinado nacional merece pisar estadios en los que pueda lucir su juego en todo su esplendor y el nuestro es un "cuatro estrellas UEFA". Debemos intentar que la Federación Española de Fútbol instale su carpa en los aledaños de nuestro campo próximamente y nos comprometemos a ser los mejores huéspedes para que el campeón de Europa preparé en partidos amistosos el Mundial de Futbol de Sudáfrica y dispute alguno de los partidos oficiales de la clasificación del próximo campeonato de Europa en el estadio barcelonés del Baix Llobregat.

Es ya una tradición que la selección nacional juegue en campos recientemente construidos. Los ejemplos de la Nueva Condomina o el Nuevo Colombino o el Ono Estadi de Palma de Mallorca lo certifican. Cornellà-El Prat merece el mismo tratamiento y debiera incorporarse a los estadios en los que se disputen con habitualidad los partidos de la selección. Los pericos y los aficionados catalanes en general nos lo merecemos. Aliento, apoyo y entusiasmo no le va a faltar a España. Sólo queda pendiente la petición del Consejo de Administración del club y estamos seguros que, dentro de poco, se va a producir. Ni nosotros ni la Federación Española debemos renunciar a convertir a Cornellà-El Prat en el nuevo estadio talismán de la selección española. Ahora sólo nos falta, además, que algún jugador perico se incorporé al cuadro de las estrellas y tengamos doble motivo para acudir a animar a la Roja.

Fora Feixistes de la Universitat!

Estudiantes ruidosos y matones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) levantan o cierran, cual aduaneros, la barrera a las personas en función de la ideología. Ahora han tratado de vetar a Rosa Díez, antes lo habían intentado con otros. Consentidos en sus casas y por el Poder, estos jóvenes escupen rítmicamente la palabra “in-de-pen-dència” al tiempo que golpean con saña a sus enemigos al grito de “Fora feixistes de la Universitat!”.

Los Estatutos de la UAB proclaman que el desarrollo de sus actividades se ha de inspirar en los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad. También disponen que es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa (los estudiantes forman parte de ella) atenerse y dar plena efectividad a estos principios. Asimismo, destacan que la Universidad ha de poner especial celo en garantizar la libertad de expresión y de reunión y en orientar la docencia y la actividad universitaria a favor de la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y el progreso social.

La imagen del decano Cardús chorreando pintura refleja que los cachorros ya no son controlables por aquellos de sus maestros que han sembrado el odio hacia lo español. Se han pasado en las dosis manipulativas y han pervertido a criaturas a las que no les importa despreciar los valores democráticos para defender el estereotipo de la identidad obligatoria.

Los años de tendenciosidad educativa y de impunidad para los violentos en las Universidades catalanas deben acabarse. La solución es recurrir a la buena educación, aquella que defiende la razón sobre la intolerancia y el respeto al diferente, no su aniquilación. Los que han usurpado, sin ningún titulo, las aduanas universitarias y se permiten mandar, chulesca y violentamente, en el recinto deben ser expulsados por no respetar los principios que debieran primar en la Universidad. La rectora tiene la palabra y la responsabilidad de hacer cumplir sus Estatutos. Pues eso, “Fora feixistes de la Universitat!”.

Mi completa solidaridad con Rosa Díez y con todos aquellos que sufren y han sufrido la intransigencia de totalitarios que no saben lo que es la democracia.