Acabar con la inmersión obligatoria

Hoy he publicado el siguiente artículo en el diario "El Mundo" a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 de septiembre de 2004 por la que se condenaba a la Generalitat a incluir una casilla en los impresos de preinscripción por la que se debía preguntar a los padres o tutores por la lengua en la que deseaban escolarizar a sus hijos. Esta sentencia jamás fue ejecutada por la Generalitat.

Acabar con la inmersión obligatoria

La inmersión lingüística obligatoria en Cataluña ha sido desactivada por el Tribunal Supremo.

El modelo escolar catalán es contrario a la Constitución y a la propia Ley de Política Lingüística de 1998 al impedir la escolarización de los alumnos en castellano o en bilingüe (catalán y castellano) hasta el primer ciclo de educación primaria.

Cataluña ha sido pionera en España en aplicar un modelo uniforme en la escuela que está teniendo pésimas consecuencias en miles de alumnos.

El informe PISA ha evidenciado que los niños catalanes castellanohablantes tienen peor rendimiento escolar que los de lengua catalana y que los inmigrantes escolarizados en esta comunidad acreditan un fracaso muy superior al del resto de España. La obsesión nacionalista ha arrumbado el concepto de lengua materna para hacer predominante el de lengua propia y proclamar el siguiente sofisma: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua de escolarización». El concepto de lengua propia, cual chapapote, lo impregna y ensucia todo marginando el de lengua oficial y con ello la libertad de elección de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen.

El modelo catalán ha bunquerizado la escuela y ha arruinado el progreso de miles de niños. La exclusividad del catalán como lengua de escolarización ha arramblado con el futuro de niños sordos, autistas, recién llegados a Cataluña, en tránsito, sin que los partidos tradicionales y el Gobierno autonómico tengan la más mínima sensibilidad por ello. Cuentan con patente de corso, y con ella desactivan la alta Inspección Educativa del Estado, controlan a los Gobiernos nacionales a cambio de apoyos en Presupuestos o investiduras, apelan a la pluralidad para toda España pero no la aplican en Cataluña, satanizan al disidente calificándolo con los peores atributos (anticatalán, fascista...), crean centros para satisfacción de lingüistas a los que hacen informes de encargo, preparan lobbies en Organismos Internacionales para atenuar críticas, adoban a asociaciones con subvenciones, condicionan conciertos educativos a la claudicación lingüística e imponen controles severos en aulas y patios para perseguir al recalcitrante castellanohablante.

Nada les ha parado y su fanatismo no respeta ni leyes ni tribunales. Han ignorado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora pretenden hacerlo con las del Tribunal Supremo. El secretario de Política Lingüística ya ha anticipado que esta sentencia no cambiará el modelo lingüístico catalán. Por desgracia, puede que tenga razón, ya tienen preparado el antídoto contra el derecho a la escolarización en castellano o en bilingüe en el régimen lingüístico del nuevo Estatuto de Autonomía y en la futura Ley de Educación de Cataluña. Para neutralizarlo se necesita rigor jurídico del Tribunal Constitucional, firmeza del Gobierno en la defensa de los derechos lingüísticos de todos los españoles y la aprobación por las Cortes Generales de una Ley de Lenguas que vincule la oficialidad del castellano al derecho a ser escolarizado en esta lengua en cualquier parte del territorio nacional.

La sentencia es de una gran trascendencia y de ella se ha hecho eco la prensa. Aquí os paso la completa recopilación de noticias efectuada por la Asociación por la tolerancia. También han recogido opiniones mías otros medios de comunicación como El confidencial y El Pais.

Me siento especialmente satisfecho del resultado final de este proceso judicial ya que fue impulsado por mí cuando era Secretario de Convivencia Cívica Catalana. La Administración autónomica nunca ha querido saber el número de padres que deseaban escolarizar a sus hijos en castellano o en bilingüe y por ello se ha resistido a incluir en la hoja de preinscripción la pregunta porque tendría que efectuar la programación necesaria para cumplir las peticiones. Por ello, y a raíz de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, diseño un plan para evitar el cumplimiento de las mismas que se basaba en dos argumentos: a) La sentencia no era firme (ya lo será sino la recurren ante el Tribunal Supremo; b) se informaba de la existencia del artículo 21.2 de la ley de Política Lingüística en el anverso de la hoja de preinscripción y que la petición se debía hacer en el momento de la matriculación ante el Director del Centro, no en el de la preinscripción. El hecho de que la petición se hiciera ante el Director tenía una finalidad disuasoria ante el padre y cuando éste se empeñaba en el ejercicio del derecho se le aplicaba el discriminador y segregacionista (éste sí) régimen de atención individualizada.

De ejecutar con buena fe la sentencia (pierdan toda esperanza) la Generalitat tendrá que programar clases en castellano o bilingüe de solicitarlo un número relevante de alumnos en una zona, por ejemplo veinte. Eso rompería el modelo de inmersión lingüística que se basa en la uniformización, esto es, que todos los niños son escolarizados obligatoriamente en catalán. De todas formas, la bomba de relojería para dejar sin efecto la sentencia está en el proyecto de Ley de Educación de Cataluña.