El debate extraordinario

El día 16 de julio se celebro un debate sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con motivo de la presentación de las propuestas de resolución realicé este discurso que estuvo condicionado por las intervenciones de los otros Grupos parlamentarios. Finalmente, la resolución que se aprobó por CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA pretendía burlar la sentencia del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias, señor presidente.

Hoy se ha hablado de fatiga y de cansancio de los catalanes por el sempiterno discurso del encaje de Cataluña en España; no solo de los catalanes, de todos los españoles. Hemos perdido una gran oportunidad para cerrar hoy el debate, bastaba con acatar la sentencia y respetarla y declarar que los poderes públicos de Cataluña se sienten vinculados por ella. Era muy sencillo. Sin embargo, no ha sido así.

A la vista de las intervenciones, parece ser que algunos políticos tienen cuerda para rato y anuncian nuevos caminos y travesías. El puerto constitucional es un puerto seguro si se respetan las normas, sin embargo, algunos grupos políticos con ánimo aventurero nos quieren llevar a destinos inconcretos. Ya se sabe que en las singladuras con marcha o con destino desconocido se corren muchos riesgos de tempestades y siempre es conveniente contar con unas buenas cartas de navegación y una tripulación experimentada. Sin embargo, por lo que se ha escuchado hoy aquí, el barco con el que pretenden navegar cuenta con unos marineros que cuando puedan tienen voluntad de amotinarse.

Reflexionen sobre las consecuencias de las travesías peligrosas, no vaya a ser que aboquen a Cataluña a un naufragio. Los mares están llenos de barcos hundidos con piratas que buscaban la isla del tesoro. (Remor de veus.)

Me confieso desolado por el grado de deslealtad institucional que durante este proceso han tenido las principales autoridades de Cataluña y los principales responsables políticos. En una carrera alocada se han proclamado crisis de Estado, se han declarado municipios moralmente excluidos de la Constitución y se ha alentado a la insubordinación al Tribunal Constitucional, de la que es última expresión la resolución que con toda seguridad se aprobará hoy en esta cámara. A esa resolución le falta una parte, la de los fundamentos jurídicos de la sentencia que valora el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y también incorporar el fallo de la sentencia, que declara que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto a “Cataluña como nación” y a la “realidad nacional de Cataluña”.

Permítanme que les haga una confidencia personal: una de las escenas que más me han emocionado de mi experiencia como parlamentario fue observar a los padres del presidente Montilla -cortados por el mismo patrón que los míos, andaluces también y gente trabajadora, que se esforzaron en sacar a sus hijos adelante-. Aquel día, despistados pero a la vez orgullosos, en la toma de posesión de su hijo como presidente de Cataluña, a mí me emocionaron.

Sé que durante esta legislatura a ciertos integrantes de algunas formaciones les ha costado reconocer al señor José Montilla como molt honorable president de todos los catalanes. Todavía hoy hay personas que lamentablemente consideran que la Generalitat es patrimonio de una determinada casta política o de lo que se entiende por família de classe bona.

El presidente Montilla rompió un tabú y los catalanes que entendemos Cataluña como una suma de identidades y orígenes nos sentimos orgullosos de ello.

Al final de la legislatura he de expresarle, presidente, mi profunda decepción. El ascensor social funcionó pero ahora sabemos que quien le ascendía le exigía una contrapartida y contaba con una coartada, la letra pequeña que tenía como misión hacer inasumible la Cataluña para todos, la Cataluña integradora. Creo sinceramente que no le ha valido la pena. No espere agradecimientos por los servicios prestados, el nacionalismo es así. Ya ve, le permitieron encabezar una manifestación al mismo tiempo que algunos de ellos pretendían expulsarle al grito de «botifler, botifler».

Me duelen especialmente afirmaciones del tipo de «España no nos quiere» o conclusiones como las que ha pronunciado hoy el más alto representante del Estado en esta cámara: «En el escenario actual, España es más pobre moralmente.»

Me parece profundamente desleal que el presidente de la Generalitat, también se lo hemos escuchado a otros representantes políticos, insulte e injurie de la manera que lo ha hecho a los miembros del Tribunal Constitucional. Quiero recordar que solo el 4,97 por ciento de los catalanes votaron «no» a la Constitución española, no sé si alguno de ustedes votó que no, pero desde luego fueron una minoría. Pero, en todo caso, al asumir cargos públicos han prometido acatarla. Por cierto, esa Constitución fue apoyada en Cataluña por un porcentaje superior al del resto de España.
Solo desde la insolvencia o desde la mala fe se puede afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional rompe el pacto constitucional. Permítanme que recuerde algunas de las cláusulas de ese pacto ¡No se alteren! La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (remor de veus); la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran; la Constitución declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las otras lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas; la Constitución proclama que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad política y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, también, por lo tanto, los de la Generalitat de Cataluña. También dispone que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en toda España y es competente para conocer el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Y que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de las tres quintas partes por cada una de las cámaras.

En el proceso constituyente se cerraron algunas puertas, entonces no prosperaron las enmiendas que pretendían la calificación de nación para algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, y se votó expresamente en contra del deber genérico de conocer los idiomas oficiales de las comunidades autónomas. Tampoco prosperaron esas pretensiones en los trabajos del Estatuto de Autonomía, ni en los de la Ley de Política Lingüística. No prosperaron, por cierto, con el voto de algunas formaciones que ahora consideran mancillada la dignidad de Cataluña. Ya lo han olvidado, pero algunos de ustedes votaron en contra de que Cataluña se reconociera como nación y de la obligación de conocer el catalán, y lo hicieron porque lo consideraban inconstitucional.
Ese fue el pacto constitucional que suscribieron los catalanes, que no Cataluña, y está vigente actualmente. Ese pacto se intentó dinamitar por el Parlamento de Cataluña el 30 de setiembre de 2005 y ustedes eran conscientes de ello. También sabían que el texto que finalmente se sometió a referéndum era inconstitucional y mantuvieron el engaño. Por cierto, solo fue ratificado por uno de cada tres catalanes.

Tan conscientes eran que han votado en contra de todas las propuestas del Grupo Mixto en los debates de política general solicitando del Tribunal Constitucional una pronta resolución judicial. Y ahora viene con el cuento de un Tribunal Constitucional moroso y critican su tardanza cuando han utilizado todas las estrategias, todas las artimañas para evitar que se dicte sentencia. Abrieron las puertas que estaban cerradas por la Constitución, gritaron y denostaron a los que les advirtieron que eso no era correcto, y cuando el vigilante, el Tribunal Constitucional, cumple su cometido, le insultan, le zarandean y la emprenden a patadas con él.

Fueron ustedes los que rompieron el pacto constitucional y lo sabían, y lo terrible es que lo hicieron con el consentimiento del presidente de turno de la comunidad, que fue su colaborador necesario.

A mí no me gusta la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que avala preceptos que son a mi juicio inconstitucionales (forta remor de veus), es más, le pedí en su día al Defensor del Pueblo que recurriera el Estatuto y todavía albergo la esperanza de que algún precepto más sea declarado inconstitucional. Pero sepan que respeto la decisión judicial, soy demócrata y acato las decisiones de los tribunales. No suelo insultar ni injuriar a los jueces, porque, entre otras cosas, sé que es delito.

Hoy se ha hablado de posibles reformas constitucionales, también las defiendo, para, entre otras cosas, articular de una manera más racional la estructura del Estado y para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos que las administraciones hurtan. Sin ir más lejos, la práctica del derecho constitucional a la educación en castellano que en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Cataluña, es imposible. Pero la pretendo por los cauces reglamentarios, por los cauces de la revisión.

Hoy hablaba el diputado señor Puigcercós que tendríamos que reconocer a los catalanes tal com som; efectivamente, hay que reconocer a los catalanes, a los miles de catalanes que se manifestaron el sábado y a los cientos de miles que por toda Cataluña se manifestaron a favor de la selección española. (Forta remor de veus.) A favor de la selección española. ¡Ustedes hablan de un millón y medio, cuando no serían más de cien mil. No hagan más trampas, permítanme que concretemos los números!

He de decirles que yo en su día –que yo en su día– pedí el «no» al Estatuto de autonomía de Cataluña y fue porque no veía reflejada esa pluralidad en el texto y porque como castellanohablante me sentía excluido de ese texto. Así lo sentía y lo sigo sintiendo. Si bien ahora de una forma más matizada gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Decían que no ha habido propuestas; sí hay propuestas. Hay una propuesta de cambio en la Administración. A partir de la sentencia tendrán que reconocer que el deber de conocer el catalán que prevé el artículo 6.2 no es un deber jurídicamente exigible a todos los ciudadanos; reconocer que en la enseñanza se han de considerar al castellano y al catalán lenguas vehiculares, y, por lo tanto, se deben dejar sin efecto las prácticas de inmersión lingüística obligatoria en catalán que se vienen practicando. Eso como mínimo. Además, absténganse de utilizar el término nacional o nación a partir de ahora en los cuerpos jurídicos, es decir, en las leyes.

Ya termino, señor presidente. (Remor de veus.) A partir de hoy no sé si iniciamos el camino de la independencia, sinceramente creo que no, pero sí sé que lo que iniciamos es el camino al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que a todos nos compromete, también a todos ustedes.

Muchas gracias, señor presidente