Después de tantos años de mirar hacia otro lado, después de tanto tiempo haciendo oídos sordos, el debate sobre el número de las Administraciones Públicas y su imprescindible coordinación ha entrado en la agenda política de los partidos políticos, y los programas incorporan propuestas que, hasta hace poco tiempo, eran impensables. La supresión de diputaciones provinciales, consejos comarcales y mancomunidades, la reestructuración de órganos y empresas públicas de las Comunidades Autónomas e, incluso, la racionalización del reparto competencial entre Estado y CCAA, darán mucho juego en los próximos años.
Este discurso está en las antípodas del que han venido sosteniendo las fuerzas nacionalistas y, evidentemente, va en la dirección contraria al que ha presidido la construcción de nuestra estructura institucional. La arquitectura política, desde la transición democrática, se ha caracterizado por incrementar el número de plantas del edificio y dotar de múltiples compartimentos a cada planta. Las consecuencias son conocidas, un edificio insostenible, con unos cimientos pobres e insuficientes, que corre el peligro de venirse abajo por sobrepeso y por falta de equilibrio.
Es cierto que últimamente se han dado algunos pasos para coordinar y armonizar el entramado. En esta línea, me parece oportuno destacar la recientemente aprobada Ley de Salud Pública por la cual el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será el encargado de aprobar un calendario único de vacunaciones que las CCAA sólo podrán modificar por razones epidemiológicas. Asimismo, esta Ley garantiza la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, de manera que quienes hayan agotado la prestación o subsidio de desempleo la tendrán garantizada con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan.
También el Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, ha introducido medidas que mejoran la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. La creación de un formato único y común de tarjeta sanitaria satisface una reclamación histórica que evitará problemas a muchos usuarios cuando se desplacen fuera de su Comunidad. Igualmente es positivo que por mandato legal se prevea para el año 2013 un modelo que permita a los profesionales sanitarios acceder la historia clínica de los pacientes del Sistema Nacional de Salud y hacer interoperativas las recetas electrónicas. Sorprende, al enumerar los cambios introducidos por esta normativa, que tales medidas de simple sentido común, hayan estado ausentes durante tan largo periodo de tiempo. Ha sido necesaria la mayor crisis económica de las últimas décadas para introducir un mínimo de racionalidad en un sistema sanitario excesivamente atomizado.
No obstante, estos avances, favorables a la igualdad efectiva en la prestación de los servicios a los usuarios, serán insuficientes si el Sistema Nacional de Salud no puede garantizar una similar cartera básica de prestación de servicios en todas las CCAA. Las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de CiU en relación con las listas de espera y la enorme demora prevista para algunas intervenciones hacen imposible el acceso a unas prestaciones de calidad. Con tanto recorte se corre el peligro de hacer inservible el patrón sanitario común. Esta vez, el Gobierno de España no puede hacerse el despistado y debe utilizar los mecanismos de evaluación y de la Alta Inspección para asegurar la equidad de las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.
Hagamos caso al tópico de que una crisis puede ser, también, una oportunidad. Las dolorosas circunstancias actuales deben servir, al menos, para dotar a la estructura del edificio constitucional de la necesaria coherencia y sensatez.
Es cierto que últimamente se han dado algunos pasos para coordinar y armonizar el entramado. En esta línea, me parece oportuno destacar la recientemente aprobada Ley de Salud Pública por la cual el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será el encargado de aprobar un calendario único de vacunaciones que las CCAA sólo podrán modificar por razones epidemiológicas. Asimismo, esta Ley garantiza la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, de manera que quienes hayan agotado la prestación o subsidio de desempleo la tendrán garantizada con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan.
También el Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, ha introducido medidas que mejoran la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. La creación de un formato único y común de tarjeta sanitaria satisface una reclamación histórica que evitará problemas a muchos usuarios cuando se desplacen fuera de su Comunidad. Igualmente es positivo que por mandato legal se prevea para el año 2013 un modelo que permita a los profesionales sanitarios acceder la historia clínica de los pacientes del Sistema Nacional de Salud y hacer interoperativas las recetas electrónicas. Sorprende, al enumerar los cambios introducidos por esta normativa, que tales medidas de simple sentido común, hayan estado ausentes durante tan largo periodo de tiempo. Ha sido necesaria la mayor crisis económica de las últimas décadas para introducir un mínimo de racionalidad en un sistema sanitario excesivamente atomizado.
No obstante, estos avances, favorables a la igualdad efectiva en la prestación de los servicios a los usuarios, serán insuficientes si el Sistema Nacional de Salud no puede garantizar una similar cartera básica de prestación de servicios en todas las CCAA. Las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de CiU en relación con las listas de espera y la enorme demora prevista para algunas intervenciones hacen imposible el acceso a unas prestaciones de calidad. Con tanto recorte se corre el peligro de hacer inservible el patrón sanitario común. Esta vez, el Gobierno de España no puede hacerse el despistado y debe utilizar los mecanismos de evaluación y de la Alta Inspección para asegurar la equidad de las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.
Hagamos caso al tópico de que una crisis puede ser, también, una oportunidad. Las dolorosas circunstancias actuales deben servir, al menos, para dotar a la estructura del edificio constitucional de la necesaria coherencia y sensatez.
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