El aniversario del referendo constitucional nos lleva a echar la vista atrás y calibrar la vigencia de la Constitución. Pedir rigor en el análisis y conclusiones a las formaciones nacionalistas es como pretender que un ultrasur o un boixo noi valoren con objetividad un penalti al borde del área en un Madrid-Barcelona. Misión imposible.
Los más radicales, llevan años trabajando para deslegitimar la Constitución y cada 6 de diciembre la convierten en un guiñapo inservible que es enterrado, despedazado, pisoteado o quemado. Los más moderados, escudándose en la reforma exprés que ha introducido la figura de la estabilidad presupuestaria, y en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, encuentran una nueva coartada para reclutar marineros para el barco de la travesía de la transición nacional.
Mas, que debe su cargo de Presidente de la Generalidad a la Constitución que ahora repudia, y el Parlamento autonómico de Cataluña solemnizan la ruptura del pacto constitucional, tomando como coartada la revisión del artículo 135 de la Carta Magna por ser expresión de la recentralización del Estado. Así, sin temblarles el pulso, consideran la reforma como contraria a Cataluña, obviando que de los 49 diputados catalanes, 35 votaron a favor de la reforma constitucional. Como siempre, el nacionalismo confunde la parte con el todo, y secuestra el buen nombre de Cataluña para sustituir su voluntad por su excluyente ideología.
En esta ocasión no han estado solos, otras formaciones políticas se han apresurado a renegar del soporte que dieron en su día a la Constitución. Cayo Lara, tan solícito con Amaiur -la versión política de ETA- como reticente y suspicaz con otros colectivos, muestra su cara de perro al texto constitucional. El gran adalid de la memoria histórica, desdeña el ‘Sí a la Constitución, a la democracia avanzada y a la reconciliación’ con el que empapelaron las calles viejos comunistas como Carrillo, la Pasionaria o Alberti en la época de la transición. En su desvarío, ridiculiza el texto y aprovecha el acto institucional del Congreso para hacer mercadotecnia rupturista. De atender al ruido mediático, llegaríamos a la conclusión de que el campo del No a la Constitución, se ha ensanchado, pero sería conveniente que pudiera demostrarse esa apariencia en las urnas.
La Constitución, todavía joven y con futuro, necesita de algunos retoques que la hagan lucir esplendorosa. Este es un momento trascendental, se tambalea nuestro papel en la Unión Europea, se aborda la racionalización de la sobredimensionada estructura administrativa española y se denuncia un sistema electoral que olvida el principio de proporcionalidad del voto. La sociedad española está a punto de caer en el pesimismo y en la angustia generalizada y hoy, más que nunca, sería bueno retomar el espíritu de consenso constitucional del 78 y proceder a introducir reformas que no se limiten a alicatar el Senado sino también a reforzar algunos aspectos estructurales para hacer el edificio más funcional, equitativo y democrático.
Para ello es imprescindible que los grandes partidos nacionales -con el consenso de otros más reducidos- aborden con sentido patriótico la introducción de los cambios imprescindibles para prorrogar la vigencia constitucional durante, al menos, otros treinta años más. Una vez pactada la reforma, debiera someterse a consulta del pueblo español. Aventuro que muchos de los que ahora catapultan a la España constitucional a los infiernos, comprobarán que su proyecto de transición catalana hacía la ruptura social revienta por la voluntad de los sólidos diques de la soberanía nacional.
Los más radicales, llevan años trabajando para deslegitimar la Constitución y cada 6 de diciembre la convierten en un guiñapo inservible que es enterrado, despedazado, pisoteado o quemado. Los más moderados, escudándose en la reforma exprés que ha introducido la figura de la estabilidad presupuestaria, y en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, encuentran una nueva coartada para reclutar marineros para el barco de la travesía de la transición nacional.
Mas, que debe su cargo de Presidente de la Generalidad a la Constitución que ahora repudia, y el Parlamento autonómico de Cataluña solemnizan la ruptura del pacto constitucional, tomando como coartada la revisión del artículo 135 de la Carta Magna por ser expresión de la recentralización del Estado. Así, sin temblarles el pulso, consideran la reforma como contraria a Cataluña, obviando que de los 49 diputados catalanes, 35 votaron a favor de la reforma constitucional. Como siempre, el nacionalismo confunde la parte con el todo, y secuestra el buen nombre de Cataluña para sustituir su voluntad por su excluyente ideología.
En esta ocasión no han estado solos, otras formaciones políticas se han apresurado a renegar del soporte que dieron en su día a la Constitución. Cayo Lara, tan solícito con Amaiur -la versión política de ETA- como reticente y suspicaz con otros colectivos, muestra su cara de perro al texto constitucional. El gran adalid de la memoria histórica, desdeña el ‘Sí a la Constitución, a la democracia avanzada y a la reconciliación’ con el que empapelaron las calles viejos comunistas como Carrillo, la Pasionaria o Alberti en la época de la transición. En su desvarío, ridiculiza el texto y aprovecha el acto institucional del Congreso para hacer mercadotecnia rupturista. De atender al ruido mediático, llegaríamos a la conclusión de que el campo del No a la Constitución, se ha ensanchado, pero sería conveniente que pudiera demostrarse esa apariencia en las urnas.
La Constitución, todavía joven y con futuro, necesita de algunos retoques que la hagan lucir esplendorosa. Este es un momento trascendental, se tambalea nuestro papel en la Unión Europea, se aborda la racionalización de la sobredimensionada estructura administrativa española y se denuncia un sistema electoral que olvida el principio de proporcionalidad del voto. La sociedad española está a punto de caer en el pesimismo y en la angustia generalizada y hoy, más que nunca, sería bueno retomar el espíritu de consenso constitucional del 78 y proceder a introducir reformas que no se limiten a alicatar el Senado sino también a reforzar algunos aspectos estructurales para hacer el edificio más funcional, equitativo y democrático.
Para ello es imprescindible que los grandes partidos nacionales -con el consenso de otros más reducidos- aborden con sentido patriótico la introducción de los cambios imprescindibles para prorrogar la vigencia constitucional durante, al menos, otros treinta años más. Una vez pactada la reforma, debiera someterse a consulta del pueblo español. Aventuro que muchos de los que ahora catapultan a la España constitucional a los infiernos, comprobarán que su proyecto de transición catalana hacía la ruptura social revienta por la voluntad de los sólidos diques de la soberanía nacional.
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