En diciembre de 2004, al poco de llegar el tripartito al Gobierno autonómico de Cataluña se apresuró a elaborar un informe de evaluación de la gestión de los gobiernos de CiU. En aquel informe se revisaban las decisiones de los gobiernos pujolistas y se criticaba la actividad frenética de sus últimos días, aquellos en que se prorrogaban las concesiones administrativas cuando todavía faltaba mucho para que vencieran. Se concedían licencias de radio a las empresas afectas o se regalaban graciosamente, por ejemplo, cientos de miles de euros a entidades amigas como Òmnium Cultural.
Aquel documento criticaba también el poco rigor en la justificación de las subvenciones otorgadas por CiU y censuraba su parcialidad en distintos campos, entre ellos y de forma notoria, el de la prensa. Para combatir la discrecionalidad, el tripartito se comprometía en aquel documento a establecer unas reglas de juego igualitarias para acceder a las ayudas al tiempo que prometía una nueva administración fundamentada en los principios de transparencia, objetividad y profesionalidad, una oficina de transparencia y una ley de subvenciones.
En el programa del segundo gobierno tripartito desaparecieron casualmente estas ofertas y se hizo una particular interpretación de la Ley de Finanzas Públicas que:
‘Considera subvención toda ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada a cargo de los presupuestos que tengan por objeto una entrega dineraria a entidades públicas o privadas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: uno, que la entrega esté afecta a un fin, un propósito, una actividad o un proyecto específico y exista la obligación del destinatario de cumplir las obligaciones o los requisitos que se hayan establecido; dos, que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o para la promoción de una finalidad pública’.
La igualdad prometida en el régimen de ayudas, con la que embaucaron a algunos incautos, ha sido sustituida por la ley de la omertá. No es de extrañar que eso sea así si tenemos en cuenta a los beneficiados en el reparto. Fundamentalmente los compañeros y amigos que trabajan para el partido o la causa y algunos tibios a los que un poco de money, money público les haga perder resquemores y escrúpulos.
Los nombres de las personas y entidades subvencionadas se han ido repitiendo en las sucesivas resoluciones de la administración catalana a lo largo de la legislatura y el objetivo siempre ha sido el mismo. Eliseu Climent, al frente del conglomerado de empresas de la que es titular, ha sabido utilizar sutiles mecanismos de concienciación pancatalanista para que las administraciones catalanas desvíen millones de euros a su holding. CIEMEN, con la excusa de las naciones sin estado, siempre ha encontrado algún generoso departamento capaz de rellenar con miles de euros el hueco de su mano. Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, transfigurada en ocasiones bajo el alias de Col.lectiu Esbartzer, quienes con la coartada de la lengua o la nación han incrementado hábilmente su patrimonio inmobiliario a expensas de las arcas públicas. O la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, cuyos integrantes han disfrutado del mejor turismo internacional por la patilla al grito: “Una nació, una selecció”. Por no hablar de otras asociaciones a las que el patriotismo ha convertido en oficinas de colocación de afectos al régimen u otras, como Sobirania i Progrès, a las que hemos financiado el gustazo de las consultas populares.
La palabra transparencia ha sido manoseada por este Gobierno autonómico hasta la náusea. Prometió un banco de datos para dar publicidad a las subvenciones y aseguró que los ciudadanos podrían comprobar lo eficaz y eficiente de su gestión y cómo se gastaría el dinero y resulta que el tripartito, huraño, ha hurtado la información incluso a los diputados autonómicos y ha puesto todas las trabas posibles para el examen de los expedientes de justificación de los gastos.
Tampoco el principal grupo de la oposición ha mostrado excesivo interés en cambiar el escenario de opacidad que ampara la arbitrariedad. Buena prueba de esta voluntad renuente es que los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU votaron en contra de una moción que presenté en el Parlamento de Cataluña –consecuencia de una interpelación al vicepresidente autonómico Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC)- que pretendía que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude elaborarán un informe específico sobre las subvenciones otorgadas por la Generalidad para valorar la legalidad y los procedimientos de adjudicación de las subvenciones y la adecuación del gasto a la actividad subvencionada empleando criterios de eficacia, economía, calidad y equidad.
También se opusieron a elaborar una Ley de Subvenciones -Cataluña es la única comunidad que carece de ella- y a que la concesión directa de subvenciones fuera excepcional y únicamente cupiera cuando se acreditase la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las características del subvencionado o de la actividad a desarrollar. El mejor argumento contra la opacidad es que la ciudadanía pueda comprobar los expedientes administrativos de concesión y justificación de los gastos. Mientras eso no sea posible, siempre quedará campo para la sospecha.
Este artículo se ha publicado en La Voz de Barcelona
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