Atículo publicado en La Voz de Barcelona el día 28 de octubre.
En las campañas electorales de los últimos tiempos, los debates televisados se han convertido en un elemento clave con suficiente poder como para inclinar, en uno u otro sentido, el resultado de las propias elecciones. Actualmente, el electorado no suele acudir a los mítines ni participa activamente en la campaña electoral, por lo que los debates televisivos entre los principales candidatos se convierten en el escenario crucial donde determinar el voto de los indecisos o, incluso, cambiar el sentido del mismo. Es sumamente arriesgado para un candidato negarse a celebrar un debate, porque los electores pueden interpretar su negativa como síntomas de soberbia o debilidad.
En la precampaña de las elecciones autonómicas, ha aflorado un tema de discusión que, tratándose de Cataluña, no podía ser otro que el de la lengua. Estatutariamente, en Cataluña, existen dos lenguas oficiales (tres a partir de la entrada en vigor de la Ley del Aranés) por lo que no tendría que generar ninguna polémica que los debates entre los principales candidatos se ofrecieran en los dos idiomas.
Sin embargo, el mero planteamiento de esta posibilidad ha dado lugar a una agria controversia entre los equipos de campaña de los dos principales partidos políticos. El repentino fervor bilingüe del PSC le ha parecido a Felip Puig, el soberanista secretario general de CiU, un insulto a la inteligencia; no es de extrañar esa reacción en una persona que se retuerce, incómodo en su asiento, cuando escucha intervenciones en castellano en el Parlamento de Cataluña.
A un mes de las elecciones todavía no se sabe si Montilla y Mas se verán las caras en un 'debate a dos', o si serán dos debates, uno es español y otro en catalán.
La discusión ha alcanzado tal magnitud que ha merecido la atención de un sondeo electoral, el del Racómetre de RAC1 del mes de octubre que ha preguntado sobre la lengua de los debates entre Artur Mas (CiU) y José Montilla (PSC). Mil personas han contestado la entrevista telefónica (456 catalanohablantes, 328 castellanohablantes, 214 bilingües y 2 de otras lenguas). Para el 71,6% de los catalanohablantes los debates se deberían hacer sólo en catalán, mientras que sólo un 19,8% era partidario de debates en los dos idiomas. Por su parte, un 60,3% de los entrevistados castellanohablante se inclinaba por la opción bilingüe y, sorprendentemente, un 17,5% de este sector prefería que todos los debates se desarrollaran en catalán. El 43,8% del grupo de los bilingües ha defendido la opción monolingüe, mientras que un 40,8% se decantaba por debatir alternativamente en catalán y en castellano. En resumen, un 55.5% prefería los debates en catalán y un 31.4% se mostraba partidario de hacerlo en castellano y catalán; del resto, un 13,1% no tenía formada opinión o no le interesaba el tema y un 4,8% solicitaba otras opciones.
Si comparamos esta encuesta con la de usos lingüísticos de la Generalidad de Cataluña de 2008 se aprecian algunos desajustes. En la del Racómetre hay un mayor número de entrevistados catalanohablantes y, en cambio, la sociedad catalana es principalmente castellanohablante. Esa disfunción se puede deber al azar o a que los catalanohablantes están más movilizados y se muestran más predispuestos a contestar este tipo de encuestas políticas que los castellanohablantes.
También hay otro dato interesante, un número significativo de castellanohablantes (17,5%) optan por que los debates se hagan sólo en catalán. De producirse la situación inversa, el nacionalismo catalán, siempre tan exagerado, ante la renuncia de los derechos lingüísticos y la cesión a la lengua del poder, calificaría este fenómeno como un síntoma de autoodio.
A día de hoy ninguna formación política ha reclamado debates en catalán y castellano entre los seis candidatos de los partidos con representación parlamentaria, dándose por sentado que la lengua vehicular y preferente debe ser sólo el catalán cuando lo normal sería que las reglas de los debates garantizarán el pluralismo lingüístico, salvo que se asuma que el público al que se dirigen las elecciones autonómicas es el catalanohablante.
De los seis candidatos principales, tres se reconocen catalanohablantes (Mas, Puigcercós y Herrera), dos bilingües (Sánchez-Camacho y Rivera) y uno castellanohablante (Montilla), pero este, durante toda la legislatura, ha hecho alarde casi exclusivo de la lengua catalana, lo que ha mermado su capacidad dialéctica en los debates parlamentarios.
En un debate electoral, sea a dos o a seis, los candidatos deben estar en las mejores condiciones y en igualdad de oportunidades por lo que es importante que, además de fijar los límites de tiempo y las condiciones para tomar la palabra, se establezcan reglas que garanticen una presencia equilibrada del castellano y del catalán y, sobre todo, no olvidar que el destinatario del debate es el público en general.
Sin embargo, a la vista del formato lingüístico estándar de los debates en las elecciones autonómicas parece como si el voto objeto de deseo fuera únicamente el de los catalanohablantes. Por lo tanto, debe ponerse en duda la sinceridad de los candidatos cuando lamentan el distanciamiento de la ciudadanía de la política y el elevado nivel de abstención, y empezar a sospechar que la desidia de una parte importante del electorado, que no ve como suyas estas elecciones, forma una parte consustancial del sistema que es aceptada y alentada por el propio establishment político.
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