Artículo publicado en La Voz de Barcelona el 24 de noviembre de 2010
Ha alcanzado gran relevancia en la campaña electoral autonómica que los primeros candidatos de las formaciones políticas parlamentarias hayan publicitado su patrimonio. El conocimiento de las cifras ha generado dudas sobre la autenticidad de los datos porque da la impresión de que sus patrimonios están maquillados a la baja. En las antípodas de esta posición estaría Silvio Berlusconi que no hace mucho se pavoneaba de ser propietario de veinte casas en un acto de su partido, el Polo de la Libertad.
Contra la opinión generalizada quiero sostener aquí que presumir de pobre puede ser, en sí, un acto de hipocresía. El patrimonio de una persona no debe constituir inconveniente para participar en la actividad política. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido.
Por lo tanto, me parece reprobable hacer alarde de riqueza y farisaico disimular las propiedades. No es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo, cuenta con un buen programa y puede formar un equipo competente.
Salvo que haya sido beneficiado por una herencia o el azar, entra en el terreno de lo lógico y lo inevitable que el patrimonio de un político joven sea inferior al de uno de más edad porque su capacidad de ahorro es más reducida, simplemente por razón del tiempo; que tenga menos propiedades no lo convierte automáticamente en más honesto ya que, llevando este razonamiento al absurdo, acabaríamos concluyendo que uno es más virtuoso cuanto más joven, argumento falaz y demagógico donde los haya.
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, entra en su coche oficial.
El interés de los ciudadanos debería centrarse más que en el patrimonio personal, salvo que tenga un origen ilícito, en la relación entre la actividad desarrollada y el sueldo de los gestores públicos, sobre todo en épocas de endeudamiento.
En un reciente programa televisivo un joven se acercó al presidente autonómico, José Montilla, para preguntarle si trabajaba el doble que José Luis Rodríguez Zapatero porque su retribución era muy superior a la del presidente del Gobierno. Dio en la clave de la cuestión, la de la proporcionalidad. Los representantes políticos deben tener unos emolumentos dignos porque es deseable que los más capacitados se dediquen a la política y lamentablemente no siempre es así.
Ahora bien, carece de sentido que las retribuciones del presidente de la Diputación de Lérida, o de Palencia, o de Gerona, o de algunos alcaldes, por muy importantes que sean estos cargos, sean notablemente superiores a las del presidente del Gobierno cuando sus responsabilidades y su grado de dedicación es sensiblemente menor a las de este último.
Por ello, sería deseable que se racionalizase el sistema retributivo de los representantes de los ciudadanos por ley para evitar las notorias desproporciones y que se fijarán mediante tramos, en función del cargo, las pagas de electos y responsables públicos.
Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función, no por convertir a estos en el objeto de comadreo en programas de prensa rosa. Esta es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos, tengan a su alcance la opción de dedicarse al servicio de la ciudadanía.
Ha alcanzado gran relevancia en la campaña electoral autonómica que los primeros candidatos de las formaciones políticas parlamentarias hayan publicitado su patrimonio. El conocimiento de las cifras ha generado dudas sobre la autenticidad de los datos porque da la impresión de que sus patrimonios están maquillados a la baja. En las antípodas de esta posición estaría Silvio Berlusconi que no hace mucho se pavoneaba de ser propietario de veinte casas en un acto de su partido, el Polo de la Libertad.
Contra la opinión generalizada quiero sostener aquí que presumir de pobre puede ser, en sí, un acto de hipocresía. El patrimonio de una persona no debe constituir inconveniente para participar en la actividad política. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido.
Por lo tanto, me parece reprobable hacer alarde de riqueza y farisaico disimular las propiedades. No es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo, cuenta con un buen programa y puede formar un equipo competente.
Salvo que haya sido beneficiado por una herencia o el azar, entra en el terreno de lo lógico y lo inevitable que el patrimonio de un político joven sea inferior al de uno de más edad porque su capacidad de ahorro es más reducida, simplemente por razón del tiempo; que tenga menos propiedades no lo convierte automáticamente en más honesto ya que, llevando este razonamiento al absurdo, acabaríamos concluyendo que uno es más virtuoso cuanto más joven, argumento falaz y demagógico donde los haya.
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, entra en su coche oficial.
El interés de los ciudadanos debería centrarse más que en el patrimonio personal, salvo que tenga un origen ilícito, en la relación entre la actividad desarrollada y el sueldo de los gestores públicos, sobre todo en épocas de endeudamiento.
En un reciente programa televisivo un joven se acercó al presidente autonómico, José Montilla, para preguntarle si trabajaba el doble que José Luis Rodríguez Zapatero porque su retribución era muy superior a la del presidente del Gobierno. Dio en la clave de la cuestión, la de la proporcionalidad. Los representantes políticos deben tener unos emolumentos dignos porque es deseable que los más capacitados se dediquen a la política y lamentablemente no siempre es así.
Ahora bien, carece de sentido que las retribuciones del presidente de la Diputación de Lérida, o de Palencia, o de Gerona, o de algunos alcaldes, por muy importantes que sean estos cargos, sean notablemente superiores a las del presidente del Gobierno cuando sus responsabilidades y su grado de dedicación es sensiblemente menor a las de este último.
Por ello, sería deseable que se racionalizase el sistema retributivo de los representantes de los ciudadanos por ley para evitar las notorias desproporciones y que se fijarán mediante tramos, en función del cargo, las pagas de electos y responsables públicos.
Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función, no por convertir a estos en el objeto de comadreo en programas de prensa rosa. Esta es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos, tengan a su alcance la opción de dedicarse al servicio de la ciudadanía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario