Los sindicatos reclaman la rectificación de las medidas aprobadas en las Cortes Generales en relación a la reforma laboral y lo han hecho a través de la celebración de una huelga general. El proceso comenzó a mediados de junio con un Real Decreto Ley que finalmente se ha convertido en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Esta ley entró en vigor el pasado 18 de septiembre y, vista las expectativas de la economía española, no parece factible que el Gobierno vaya a atender las pretensiones sindicales de rectificación.
Sucesivos fallos de estrategia y errores de cálculo han llevado a las organizaciones sindicales a aparecer más debilitadas que nunca ante la opinión pública. Sus pinturas de guerra ya no impresionan y sus proclamas han cogido al respetable con el paso cambiado y el pensamiento en otra parte. La huelga se ha convertido, así, en un empeño particular de los sindicatos y no en una reclamación general de la sociedad. Durante el largo periodo en que se ha gestado, organizaciones sindicales y Gobierno han bailado un enternecedor minueto; los sindicatos han tenido especial cuidado en no zarandear a Zapatero, y el Gobierno socialista les ha devuelto el favor con un trato exquisito que ha tenido su máxima expresión en el afecto y respeto mostrado por el ministro Corbacho en la presentación de los datos de la huelga.
Dos jóvenes radicales queman un container en Barcelona, durante la jornada de huelga general de ayer (foto: vídeo).
El complemento alógeno de toda esta situación ha provenido, una vez más, de Cataluña. En clave catalana, nuestras autoridades tendrán que valorar hasta que punto la condescendencia hacía los grupos antisistema, plagados de elementos violentos, les ha dado alas para hacer de Barcelona el campo de batalla ideal para luchar contra la gran banca y las grandes marcas de tejanos. La huelga general en Cataluña nos ha dejado algunas imágenes antológicas: grupos organizados prendiendo fuego al mobiliario ciudadano; jóvenes arrastrándose por los suelos para hurtar unos euros de una caja registradora -imagen que parece entroncar con una tradición arraigada en el movimiento antisistema catalán y que nos retrotrae al 2003 cuando una manifestación estudiantil en contra de la guerra de Iraq, culminó con el asalto a El Corte Inglés y el robo de varios productos, incluido un jamón-. En definitiva, imágenes que no son la mejor carta de presentación de una ciudad dedicada al turismo de cruceros.
Me ha llamado la atención, especialmente, la peculiar adhesión de ERC a la huelga. Como aquel que quiere ser la novia en todas las bodas, ERC no podía resignarse a ser convidada de piedra en una huelga española y su presidente y candidato a la Generalidad, Joan Puigcercós, la secundó “desde una perspectiva estrictamente catalana” porque “debe haber un motivo catalán para decir al Gobierno español que lo ha hecho muy mal, ya que si hay una nación que se ha visto perjudicada por las medidas a favor de las operaciones especulativas y de los grandes conglomerados empresariales, es Cataluña”.
En la lista de ingredientes de la escudella amb carn d’olla que preparó ERC para justificar su apoyo a la huelga incluía los recortes en infraestructuras, los problemas de liquidez de pequeños y medianos empresarios y autónomos, el Plan E, la “política errática” en cuanto al sistema financiero, el coste de vida más elevado que el promedio estatal y por si fuera poco la reivindicación de la consolidación del marco catalán de relaciones laborales.
La confusión en la que navega el partido independentista ha alcanzado el delirio con el lema con el que se han presentado en la manifestación de Barcelona: ‘Nosaltres treballem, nosaltres decidim’. Ya quisieran muchos trabajadores poder poner en práctica sus decisiones, sin ir más lejos, los de la Nissan y Roca que coreaban, entre otros, a los dirigentes independentistas en la concentración del 11 de septiembre de 2009 ante la estatua de Rafael Casanovas: “Menos banderas y más trabajo”.
Artículo publicado en La Voz de Barcelona
jueves, 30 de septiembre de 2010
Montilla y el lobo independentista
El Partido Socialista Obrero Español gobierna en España desde el año 2004 y lo ha hecho con apoyos parlamentarios, fundamentalmente, de los partidos nacionalistas. Por su parte, Pasqual Maragall llegó al gobierno de la Generalitat al frente de una coalición en la que tenía como compañeros de viaje a un partido que defiende el derecho a la autodeterminación (ICV-EUiA) y otro que aboga, abiertamente, por la independencia de Cataluña (ERC). Los integrantes de esta “moderada” coalición fueron los impulsores del Estatuto de Autonomía, artefacto legal de explosión diferida de corte confederal que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña y retocado, poco después, por el PSOE con la alianza de CiU en las Cortes Generales. El tripartito se reeditó en el año 2006 cambiando a Maragall por Montilla. Los miembros del Tribunal Constitucional que han declarado parcialmente inconstitucional el Estatuto de Autonomía forman parte del denominado “bloque progresista”, es decir, fueron nombrados a propuestas del PSOE y de CiU.
Si hemos de creer sus propias palabras, tanto el PSOE como el PSC impulsaron las reformas del Estatuto de Autonomía de Cataluña para consolidar el autogobierno de Cataluña y acabar con el problema del encaje de Cataluña en España. Les ha debido salir mal, si tenemos en cuenta las advertencias que ahora hacen en la precampaña de las elecciones autonómicas. Antes, era el PP el que advertía sobre el riesgo de que España se fragmentase, ahora, el discurso del miedo a la fractura lo han abrazado los socialistas y tanto Zapatero como Montilla se presentan como los únicos garantes para frenar el independentismo, del que Montilla ha llegado a decir que traerá la decadencia de Cataluña. Es desolador observar como los mismos que embarcaron a la sociedad catalana en el desafío estatutario, exhiben el espantajo independentista que han alentado, a la vez que se presentan como los únicos capaces de luchar contra él ofreciendo como solución la salvación del Estatuto de Autonomía. Los bomberos pirómanos se postulan como fiel de la balanza y ejemplo de mesura.
Probablemente, en esta campaña Montilla no buscará la fotografía almorzando con Laporta, como hizo en la del 2006. La pulsión separadora no está bien vista entre el electorado socialista y por eso, no es de extrañar que el principal reclamo propagandístico, según su video de precampaña, sea el gol que marcó el albaceteño Iniesta con la selección española en el Mundial de Sudáfrica.
Vaya, vaya... Éstos son los mismos socialistas que no pestañearon cuando el Vicepresidente de su Gobierno, Carod-Rovira, fijó en el 2014 la fecha para la independencia de Cataluña, los mismos a los que no ha temblado el pulso para subvencionar con dinero público a las asociaciones que enarbolan banderas “esteladas”, los mismos que han apoyado o permanecido pasivos en algunos ayuntamientos ante las consultas soberanistas o han desviado la mirada cuando sus compañeros de coalición, con cinismo racista, han promovido el apadrinamiento de “niños extremeños pobres” . Estos patriotas sobrevenidos son los que han consentido que no se cumpla la ley de banderas ni en los ayuntamientos ni en la Generalitat, a diferencia del Lehendakari, el también socialista Patxi López, que en sus instituciones exhibe con normalidad las banderas de España y del País Vasco. El nuevo Montilla recalca, ahora, a todo el que le quiera oír, que no es independentista, que nunca lo fue, y apela, sentimental, a su antigua condición de inmigrante andaluz a la vez que mantiene en su puesto al Delegado del Gobierno en la Cataluña Central, Jordi Fàbrega, exaltado apologeta independentista que se dedica a quemar en las plazas ejemplares del Decreto de Nueva Planta.
Los socialistas han tenido y tienen todo el poder y ahora llaman a la comunidad a defenderse del lobo separatista, ese lobo que llevan alimentando durante muchos años. ¿A quién quieren asustar? ¿A quién temen, a los independentistas o al resultado de las elecciones?
Este artículo ha sido publicado en e-noticies
Si hemos de creer sus propias palabras, tanto el PSOE como el PSC impulsaron las reformas del Estatuto de Autonomía de Cataluña para consolidar el autogobierno de Cataluña y acabar con el problema del encaje de Cataluña en España. Les ha debido salir mal, si tenemos en cuenta las advertencias que ahora hacen en la precampaña de las elecciones autonómicas. Antes, era el PP el que advertía sobre el riesgo de que España se fragmentase, ahora, el discurso del miedo a la fractura lo han abrazado los socialistas y tanto Zapatero como Montilla se presentan como los únicos garantes para frenar el independentismo, del que Montilla ha llegado a decir que traerá la decadencia de Cataluña. Es desolador observar como los mismos que embarcaron a la sociedad catalana en el desafío estatutario, exhiben el espantajo independentista que han alentado, a la vez que se presentan como los únicos capaces de luchar contra él ofreciendo como solución la salvación del Estatuto de Autonomía. Los bomberos pirómanos se postulan como fiel de la balanza y ejemplo de mesura.
Probablemente, en esta campaña Montilla no buscará la fotografía almorzando con Laporta, como hizo en la del 2006. La pulsión separadora no está bien vista entre el electorado socialista y por eso, no es de extrañar que el principal reclamo propagandístico, según su video de precampaña, sea el gol que marcó el albaceteño Iniesta con la selección española en el Mundial de Sudáfrica.
Vaya, vaya... Éstos son los mismos socialistas que no pestañearon cuando el Vicepresidente de su Gobierno, Carod-Rovira, fijó en el 2014 la fecha para la independencia de Cataluña, los mismos a los que no ha temblado el pulso para subvencionar con dinero público a las asociaciones que enarbolan banderas “esteladas”, los mismos que han apoyado o permanecido pasivos en algunos ayuntamientos ante las consultas soberanistas o han desviado la mirada cuando sus compañeros de coalición, con cinismo racista, han promovido el apadrinamiento de “niños extremeños pobres” . Estos patriotas sobrevenidos son los que han consentido que no se cumpla la ley de banderas ni en los ayuntamientos ni en la Generalitat, a diferencia del Lehendakari, el también socialista Patxi López, que en sus instituciones exhibe con normalidad las banderas de España y del País Vasco. El nuevo Montilla recalca, ahora, a todo el que le quiera oír, que no es independentista, que nunca lo fue, y apela, sentimental, a su antigua condición de inmigrante andaluz a la vez que mantiene en su puesto al Delegado del Gobierno en la Cataluña Central, Jordi Fàbrega, exaltado apologeta independentista que se dedica a quemar en las plazas ejemplares del Decreto de Nueva Planta.
Los socialistas han tenido y tienen todo el poder y ahora llaman a la comunidad a defenderse del lobo separatista, ese lobo que llevan alimentando durante muchos años. ¿A quién quieren asustar? ¿A quién temen, a los independentistas o al resultado de las elecciones?
Este artículo ha sido publicado en e-noticies
domingo, 19 de septiembre de 2010
Subvenciona que algo queda
En diciembre de 2004, al poco de llegar el tripartito al Gobierno autonómico de Cataluña se apresuró a elaborar un informe de evaluación de la gestión de los gobiernos de CiU. En aquel informe se revisaban las decisiones de los gobiernos pujolistas y se criticaba la actividad frenética de sus últimos días, aquellos en que se prorrogaban las concesiones administrativas cuando todavía faltaba mucho para que vencieran. Se concedían licencias de radio a las empresas afectas o se regalaban graciosamente, por ejemplo, cientos de miles de euros a entidades amigas como Òmnium Cultural.
Aquel documento criticaba también el poco rigor en la justificación de las subvenciones otorgadas por CiU y censuraba su parcialidad en distintos campos, entre ellos y de forma notoria, el de la prensa. Para combatir la discrecionalidad, el tripartito se comprometía en aquel documento a establecer unas reglas de juego igualitarias para acceder a las ayudas al tiempo que prometía una nueva administración fundamentada en los principios de transparencia, objetividad y profesionalidad, una oficina de transparencia y una ley de subvenciones.
En el programa del segundo gobierno tripartito desaparecieron casualmente estas ofertas y se hizo una particular interpretación de la Ley de Finanzas Públicas que:
‘Considera subvención toda ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada a cargo de los presupuestos que tengan por objeto una entrega dineraria a entidades públicas o privadas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: uno, que la entrega esté afecta a un fin, un propósito, una actividad o un proyecto específico y exista la obligación del destinatario de cumplir las obligaciones o los requisitos que se hayan establecido; dos, que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o para la promoción de una finalidad pública’.
La igualdad prometida en el régimen de ayudas, con la que embaucaron a algunos incautos, ha sido sustituida por la ley de la omertá. No es de extrañar que eso sea así si tenemos en cuenta a los beneficiados en el reparto. Fundamentalmente los compañeros y amigos que trabajan para el partido o la causa y algunos tibios a los que un poco de money, money público les haga perder resquemores y escrúpulos.
Los nombres de las personas y entidades subvencionadas se han ido repitiendo en las sucesivas resoluciones de la administración catalana a lo largo de la legislatura y el objetivo siempre ha sido el mismo. Eliseu Climent, al frente del conglomerado de empresas de la que es titular, ha sabido utilizar sutiles mecanismos de concienciación pancatalanista para que las administraciones catalanas desvíen millones de euros a su holding. CIEMEN, con la excusa de las naciones sin estado, siempre ha encontrado algún generoso departamento capaz de rellenar con miles de euros el hueco de su mano. Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, transfigurada en ocasiones bajo el alias de Col.lectiu Esbartzer, quienes con la coartada de la lengua o la nación han incrementado hábilmente su patrimonio inmobiliario a expensas de las arcas públicas. O la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, cuyos integrantes han disfrutado del mejor turismo internacional por la patilla al grito: “Una nació, una selecció”. Por no hablar de otras asociaciones a las que el patriotismo ha convertido en oficinas de colocación de afectos al régimen u otras, como Sobirania i Progrès, a las que hemos financiado el gustazo de las consultas populares.
La palabra transparencia ha sido manoseada por este Gobierno autonómico hasta la náusea. Prometió un banco de datos para dar publicidad a las subvenciones y aseguró que los ciudadanos podrían comprobar lo eficaz y eficiente de su gestión y cómo se gastaría el dinero y resulta que el tripartito, huraño, ha hurtado la información incluso a los diputados autonómicos y ha puesto todas las trabas posibles para el examen de los expedientes de justificación de los gastos.
Tampoco el principal grupo de la oposición ha mostrado excesivo interés en cambiar el escenario de opacidad que ampara la arbitrariedad. Buena prueba de esta voluntad renuente es que los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU votaron en contra de una moción que presenté en el Parlamento de Cataluña –consecuencia de una interpelación al vicepresidente autonómico Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC)- que pretendía que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude elaborarán un informe específico sobre las subvenciones otorgadas por la Generalidad para valorar la legalidad y los procedimientos de adjudicación de las subvenciones y la adecuación del gasto a la actividad subvencionada empleando criterios de eficacia, economía, calidad y equidad.
También se opusieron a elaborar una Ley de Subvenciones -Cataluña es la única comunidad que carece de ella- y a que la concesión directa de subvenciones fuera excepcional y únicamente cupiera cuando se acreditase la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las características del subvencionado o de la actividad a desarrollar. El mejor argumento contra la opacidad es que la ciudadanía pueda comprobar los expedientes administrativos de concesión y justificación de los gastos. Mientras eso no sea posible, siempre quedará campo para la sospecha.
Este artículo se ha publicado en La Voz de Barcelona
Aquel documento criticaba también el poco rigor en la justificación de las subvenciones otorgadas por CiU y censuraba su parcialidad en distintos campos, entre ellos y de forma notoria, el de la prensa. Para combatir la discrecionalidad, el tripartito se comprometía en aquel documento a establecer unas reglas de juego igualitarias para acceder a las ayudas al tiempo que prometía una nueva administración fundamentada en los principios de transparencia, objetividad y profesionalidad, una oficina de transparencia y una ley de subvenciones.
En el programa del segundo gobierno tripartito desaparecieron casualmente estas ofertas y se hizo una particular interpretación de la Ley de Finanzas Públicas que:
‘Considera subvención toda ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada a cargo de los presupuestos que tengan por objeto una entrega dineraria a entidades públicas o privadas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: uno, que la entrega esté afecta a un fin, un propósito, una actividad o un proyecto específico y exista la obligación del destinatario de cumplir las obligaciones o los requisitos que se hayan establecido; dos, que la finalidad responda al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o para la promoción de una finalidad pública’.
La igualdad prometida en el régimen de ayudas, con la que embaucaron a algunos incautos, ha sido sustituida por la ley de la omertá. No es de extrañar que eso sea así si tenemos en cuenta a los beneficiados en el reparto. Fundamentalmente los compañeros y amigos que trabajan para el partido o la causa y algunos tibios a los que un poco de money, money público les haga perder resquemores y escrúpulos.
Los nombres de las personas y entidades subvencionadas se han ido repitiendo en las sucesivas resoluciones de la administración catalana a lo largo de la legislatura y el objetivo siempre ha sido el mismo. Eliseu Climent, al frente del conglomerado de empresas de la que es titular, ha sabido utilizar sutiles mecanismos de concienciación pancatalanista para que las administraciones catalanas desvíen millones de euros a su holding. CIEMEN, con la excusa de las naciones sin estado, siempre ha encontrado algún generoso departamento capaz de rellenar con miles de euros el hueco de su mano. Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, transfigurada en ocasiones bajo el alias de Col.lectiu Esbartzer, quienes con la coartada de la lengua o la nación han incrementado hábilmente su patrimonio inmobiliario a expensas de las arcas públicas. O la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, cuyos integrantes han disfrutado del mejor turismo internacional por la patilla al grito: “Una nació, una selecció”. Por no hablar de otras asociaciones a las que el patriotismo ha convertido en oficinas de colocación de afectos al régimen u otras, como Sobirania i Progrès, a las que hemos financiado el gustazo de las consultas populares.
La palabra transparencia ha sido manoseada por este Gobierno autonómico hasta la náusea. Prometió un banco de datos para dar publicidad a las subvenciones y aseguró que los ciudadanos podrían comprobar lo eficaz y eficiente de su gestión y cómo se gastaría el dinero y resulta que el tripartito, huraño, ha hurtado la información incluso a los diputados autonómicos y ha puesto todas las trabas posibles para el examen de los expedientes de justificación de los gastos.
Tampoco el principal grupo de la oposición ha mostrado excesivo interés en cambiar el escenario de opacidad que ampara la arbitrariedad. Buena prueba de esta voluntad renuente es que los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU votaron en contra de una moción que presenté en el Parlamento de Cataluña –consecuencia de una interpelación al vicepresidente autonómico Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC)- que pretendía que la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude elaborarán un informe específico sobre las subvenciones otorgadas por la Generalidad para valorar la legalidad y los procedimientos de adjudicación de las subvenciones y la adecuación del gasto a la actividad subvencionada empleando criterios de eficacia, economía, calidad y equidad.
También se opusieron a elaborar una Ley de Subvenciones -Cataluña es la única comunidad que carece de ella- y a que la concesión directa de subvenciones fuera excepcional y únicamente cupiera cuando se acreditase la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las características del subvencionado o de la actividad a desarrollar. El mejor argumento contra la opacidad es que la ciudadanía pueda comprobar los expedientes administrativos de concesión y justificación de los gastos. Mientras eso no sea posible, siempre quedará campo para la sospecha.
Este artículo se ha publicado en La Voz de Barcelona
domingo, 12 de septiembre de 2010
Juzgar sentimientos
"Ningún Tribunal puede, ni podrá, juzgar nuestros sentimientos ni negar nuestra voluntad."
No, no se trata de la declaración de una pareja de enamorados a los que un Tribunal les impide continuar su relación por la oposición de sus padres, ni que los Tribunales deportivos hayan prohibido el lema del RCD Espanyol “La força d’un sentiment”.
Estamos hablando de política, de la declaración que ha efectuado el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con motivo de la celebración de la Diada del 2010. La frase no es nueva, y ya la había pronunciado el Presidente Montilla en la declaración institucional de junio de este año con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía.
Hace bien el manifiesto en referirse a sentimientos, puesto que estos son las impresiones que causan a nivel espiritual determinadas situaciones. Los socialistas sienten que “Cataluña es una nación”, “que su lengua es el catalán” y que el “Estatuto fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”. Nada que objetar a que el PSC haga públicos sus sentimientos porque ya se sabe que en el terreno del corazón todo es posible y que las personas, al parecer ahora también las jurídicas, actúan y se comportan con amor, pasión u odio, a veces de una manera irracional. Ahora bien, para no confundir a los destinatarios del mensaje, estaría bien que el PSC aclarara en el manifiesto que esos sentimientos no tienen nada que ver con el ordenamiento jurídico ni con la realidad. Con las normas en la mano, a día de hoy Cataluña es una nacionalidad (artículo 1 del Estatuto de Autonomía), la sociedad catalana tiene dos lenguas mayoritarias y de ellas la más hablada es el castellano, y en el referéndum del 18 de junio de 2006 sólo votaron “Sí” a la pregunta ¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?" 1.899.879 personas de los 5.310.103 que conformaban el censo.
Puesto que el PSC se ha instalado en ese íntimo campo, esperemos que su frustración, al comparar sentimientos con realidades, no le conduzca al resentimiento.
Artículo publicado en e-noticies
No, no se trata de la declaración de una pareja de enamorados a los que un Tribunal les impide continuar su relación por la oposición de sus padres, ni que los Tribunales deportivos hayan prohibido el lema del RCD Espanyol “La força d’un sentiment”.
Estamos hablando de política, de la declaración que ha efectuado el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con motivo de la celebración de la Diada del 2010. La frase no es nueva, y ya la había pronunciado el Presidente Montilla en la declaración institucional de junio de este año con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía.
Hace bien el manifiesto en referirse a sentimientos, puesto que estos son las impresiones que causan a nivel espiritual determinadas situaciones. Los socialistas sienten que “Cataluña es una nación”, “que su lengua es el catalán” y que el “Estatuto fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”. Nada que objetar a que el PSC haga públicos sus sentimientos porque ya se sabe que en el terreno del corazón todo es posible y que las personas, al parecer ahora también las jurídicas, actúan y se comportan con amor, pasión u odio, a veces de una manera irracional. Ahora bien, para no confundir a los destinatarios del mensaje, estaría bien que el PSC aclarara en el manifiesto que esos sentimientos no tienen nada que ver con el ordenamiento jurídico ni con la realidad. Con las normas en la mano, a día de hoy Cataluña es una nacionalidad (artículo 1 del Estatuto de Autonomía), la sociedad catalana tiene dos lenguas mayoritarias y de ellas la más hablada es el castellano, y en el referéndum del 18 de junio de 2006 sólo votaron “Sí” a la pregunta ¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?" 1.899.879 personas de los 5.310.103 que conformaban el censo.
Puesto que el PSC se ha instalado en ese íntimo campo, esperemos que su frustración, al comparar sentimientos con realidades, no le conduzca al resentimiento.
Artículo publicado en e-noticies
jueves, 2 de septiembre de 2010
Hablando en chino
Desde luego, el hecho de que la Defensora del Pueblo haya presentado, a petición de Impulso Ciudadano, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de inmigrantes y retornados a Cataluña ha levantado ampollas en el Gobierno y en los círculos nacionalistas. El subdirector de "El Punt", Manuel Cuyàs" publicó en el diario Avui el día 23 de agosto el artículo "El xinès i el català". El artículo no respondía a la realidad y remití al diario Avui una carta de réplica con el título "Prejudicis" que vio la luz el día 29 de agosto y que publico a continuación.
"El xinès i el català".
La defensora del poble, que és una senyora que sembla la Rita Barberá amb uns altres vestits i que com l'alcaldessa de València és militant del PP, ha denunciat al Tribunal Constitucional la llei d'acollida que preveu que la nova immigració s'integri a Catalunya en català. Que potser s'hi ha d'integrar en japonès? En suec? En castellà? Si és en castellà, ¿com s'integraran els immigrants que vénen de Bolívia o l'Equador, si ja parlen castellà? Qui va fer de portaplatets al negociat de la defensora és José Domingo, un home que va entrar de diputat al Parlament de Catalunya de la mà del partit Ciutadans i que ara forma part del grup mixt perquè es va batallar amb el seu líder, Albert Rivera. És el que passa amb Ciutadans: es barallen. Com que estan enfadats amb tot i amb tothom, com que el seu programa consisteix a no somriure ni dir mai ni una paraula amable i posar aquelles celles arrufades que no ha parat de posar Albert Rivera durant els quatre anys de parlamentari, els Ciutadans es barallen de manera natural i d'ofici amb els altres i entre ells.
El cas és, doncs, que José Domingo ha presentat una denúncia contra una llei que el Parlament del qual forma part va aprovar. A Catalunya, com a Espanya, també regeix el sistema bicameral, només que nosaltres de la cambra alta no en diem Senat sinó que, per gentilesa del PP i de Ciutadans, en diem Tribunal Constitucional i Defensor del Poble.
A José Domingo se l'ha d'entendre. Com que el seu anticatalanisme no ha pogut evitar que els immigrants antics, els espanyols, siguin formats en català a través de la immersió lingüística, ara procura que als nous, als de passaport estranger, no els afecti el mateix trauma. Hi ha gent que es treu les espines que porten clavades a l'ànima de manera molt recargolada.
Però jo penso que no és només d'això que es dol José Domingo. A aquest home, que va néixer a Catalunya fa més de cinquanta anys i que és advocat, no se li ha sentit dir mai ni un mot en català. Hi ha molta gent negada per als idiomes. Gent que es passa anys i anys en un lloc on es parla una llengua que no és la seva familiar i que per temps que passi no sap ni demanar un plat de sopa amb l'idioma del país.
Ara fixem-nos en els nous immigrants, els que han arribat a Catalunya fa res, quatre dies. Molts no saben articular ni una paraula en català, això és cert, i això és el que vol evitar la llei que a José Domingo li desplau, però n'hi ha uns altres que n'han tingut prou amb aquests quatre dies per expressar-se en un català més que correcte. Hi ha un cambrer xinès en un restaurant on vaig sovint a dinar que em recita els noms dels peixos com si portessin les quatre barres al llom com les hi portaven els que es banyaven pel Mediterrani a l'edat mitjana. Ara observem José Domingo. No sap ni articular bon dia, i li ve un xinès de la Xina que diu llamàntol i escórpora i sap compondre una oració principal i una altra de subordinada amb tots els pronom febles a lloc. Què ha de fer davant un cas semblant José Domingo? Córrer al receptiu Defensor del Poble no només per tancar qualsevol mena de futur al català, que és la seva intenció primera, sinó també perquè faci callar el xinès i li eviti el tràngol de quedar humiliat i en evidència.
Un prejudici és una convicció o creença que provoca una actitud intolerant, persistent i hostil cap a certs temes o certs grups de persones. Afirmava Einstein que "és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici".
L'article que va publicar el Sr. Manuel Cuyàs amb el títol "El xinès i el català" és un ventall de prejudicis vers els que defensem la llibertat lingüística i, a més, es rabeja en mi quan afirma que mai he pronunciat ni un sol mot en català. La condició d'integrant de la comunitat castellanoparlant de Catalunya i el fet de que en la meva activitat política utilitzi preferentment el castellà per reivindicar la seva presència en les institucions no em converteix en un ignorant del català. Ans al contrari, parlo aquest idioma amb assiduïtat en la meva esfera privada i també en intervencions públiques (el Diari de Sessions i el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en són bona prova). Malgrat que no vaig poder estudiar la llengua catalana a l'escola, ho he fet posteriorment i he aprovat el nivell C de català, per tant, segons els paràmetres del catalanisme a l'ús, se'm pot considerar “normalitzat”. Si el Sr. Cuyàs vol comprovar-ho, no tinc cap inconvenient a entrevistar-me amb ell per parlar d'aquests temes que tant l’apassionen i que en ocasions el porten a perdre el seny.
Els seus prejudicis el confonen i el fan caure en el ridícul. La realitat està farcida de catalans que defensen el seu dret a expressar-se en llengua castellana i que coneixen satisfactòriament el català. També haurà de començar a assumir que els catalans a qui qualifica ofensivament com a “immigrants antics” tenen els mateixos drets que els de soca-rel. Personalment, m'ofèn que m'atribueixi una finalitat tan innoble com la d'evitar la formació de la gent en català quan he defensat durant tota la meva trajectòria cívica i política que les persones puguin ser escolaritzades en català i en castellà. Sóc partidari de la suma d'identitats en llibertat i, per això, en el debat de la llei d'acollida vaig proposar que l'Administració facilités als estrangers residents a Catalunya els mitjans per formar-se tant en català com en castellà, però que corresponia als immigrants decidir la seva primera llengua d’acollida. Malauradament, la llei no deixa llibertat i l’immigrant no pot configurar el seu projecte lingüístic en funció dels seus interessos. La llei, per mi, és inconstitucional i el Defensor del Poble també ho ha entès així.
De esta polémica se hizo eco La Voz de Barcelona
"El xinès i el català".
La defensora del poble, que és una senyora que sembla la Rita Barberá amb uns altres vestits i que com l'alcaldessa de València és militant del PP, ha denunciat al Tribunal Constitucional la llei d'acollida que preveu que la nova immigració s'integri a Catalunya en català. Que potser s'hi ha d'integrar en japonès? En suec? En castellà? Si és en castellà, ¿com s'integraran els immigrants que vénen de Bolívia o l'Equador, si ja parlen castellà? Qui va fer de portaplatets al negociat de la defensora és José Domingo, un home que va entrar de diputat al Parlament de Catalunya de la mà del partit Ciutadans i que ara forma part del grup mixt perquè es va batallar amb el seu líder, Albert Rivera. És el que passa amb Ciutadans: es barallen. Com que estan enfadats amb tot i amb tothom, com que el seu programa consisteix a no somriure ni dir mai ni una paraula amable i posar aquelles celles arrufades que no ha parat de posar Albert Rivera durant els quatre anys de parlamentari, els Ciutadans es barallen de manera natural i d'ofici amb els altres i entre ells.
El cas és, doncs, que José Domingo ha presentat una denúncia contra una llei que el Parlament del qual forma part va aprovar. A Catalunya, com a Espanya, també regeix el sistema bicameral, només que nosaltres de la cambra alta no en diem Senat sinó que, per gentilesa del PP i de Ciutadans, en diem Tribunal Constitucional i Defensor del Poble.
A José Domingo se l'ha d'entendre. Com que el seu anticatalanisme no ha pogut evitar que els immigrants antics, els espanyols, siguin formats en català a través de la immersió lingüística, ara procura que als nous, als de passaport estranger, no els afecti el mateix trauma. Hi ha gent que es treu les espines que porten clavades a l'ànima de manera molt recargolada.
Però jo penso que no és només d'això que es dol José Domingo. A aquest home, que va néixer a Catalunya fa més de cinquanta anys i que és advocat, no se li ha sentit dir mai ni un mot en català. Hi ha molta gent negada per als idiomes. Gent que es passa anys i anys en un lloc on es parla una llengua que no és la seva familiar i que per temps que passi no sap ni demanar un plat de sopa amb l'idioma del país.
Ara fixem-nos en els nous immigrants, els que han arribat a Catalunya fa res, quatre dies. Molts no saben articular ni una paraula en català, això és cert, i això és el que vol evitar la llei que a José Domingo li desplau, però n'hi ha uns altres que n'han tingut prou amb aquests quatre dies per expressar-se en un català més que correcte. Hi ha un cambrer xinès en un restaurant on vaig sovint a dinar que em recita els noms dels peixos com si portessin les quatre barres al llom com les hi portaven els que es banyaven pel Mediterrani a l'edat mitjana. Ara observem José Domingo. No sap ni articular bon dia, i li ve un xinès de la Xina que diu llamàntol i escórpora i sap compondre una oració principal i una altra de subordinada amb tots els pronom febles a lloc. Què ha de fer davant un cas semblant José Domingo? Córrer al receptiu Defensor del Poble no només per tancar qualsevol mena de futur al català, que és la seva intenció primera, sinó també perquè faci callar el xinès i li eviti el tràngol de quedar humiliat i en evidència.
Prejudicis
Un prejudici és una convicció o creença que provoca una actitud intolerant, persistent i hostil cap a certs temes o certs grups de persones. Afirmava Einstein que "és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici".
L'article que va publicar el Sr. Manuel Cuyàs amb el títol "El xinès i el català" és un ventall de prejudicis vers els que defensem la llibertat lingüística i, a més, es rabeja en mi quan afirma que mai he pronunciat ni un sol mot en català. La condició d'integrant de la comunitat castellanoparlant de Catalunya i el fet de que en la meva activitat política utilitzi preferentment el castellà per reivindicar la seva presència en les institucions no em converteix en un ignorant del català. Ans al contrari, parlo aquest idioma amb assiduïtat en la meva esfera privada i també en intervencions públiques (el Diari de Sessions i el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en són bona prova). Malgrat que no vaig poder estudiar la llengua catalana a l'escola, ho he fet posteriorment i he aprovat el nivell C de català, per tant, segons els paràmetres del catalanisme a l'ús, se'm pot considerar “normalitzat”. Si el Sr. Cuyàs vol comprovar-ho, no tinc cap inconvenient a entrevistar-me amb ell per parlar d'aquests temes que tant l’apassionen i que en ocasions el porten a perdre el seny.
Els seus prejudicis el confonen i el fan caure en el ridícul. La realitat està farcida de catalans que defensen el seu dret a expressar-se en llengua castellana i que coneixen satisfactòriament el català. També haurà de començar a assumir que els catalans a qui qualifica ofensivament com a “immigrants antics” tenen els mateixos drets que els de soca-rel. Personalment, m'ofèn que m'atribueixi una finalitat tan innoble com la d'evitar la formació de la gent en català quan he defensat durant tota la meva trajectòria cívica i política que les persones puguin ser escolaritzades en català i en castellà. Sóc partidari de la suma d'identitats en llibertat i, per això, en el debat de la llei d'acollida vaig proposar que l'Administració facilités als estrangers residents a Catalunya els mitjans per formar-se tant en català com en castellà, però que corresponia als immigrants decidir la seva primera llengua d’acollida. Malauradament, la llei no deixa llibertat i l’immigrant no pot configurar el seu projecte lingüístic en funció dels seus interessos. La llei, per mi, és inconstitucional i el Defensor del Poble també ho ha entès així.
De esta polémica se hizo eco La Voz de Barcelona
La màquina de fer independentistes
La expresión no es nueva, pero en los últimos tiempos es utilizada con frecuencia por los sectores que postulan la independencia de Cataluña y por aquellos otros que, consciente o inconscientemente, colaboran para que ello sea posible. Se trata de “la màquina de fer independentistes”.
Según los ingenieros sociales que han analizado este curioso artefacto, sus engranajes están compuestos por cualquier decisión o actuación que complique o dificulte el avance nacionalista en Cataluña. Es decir, la resistencia a la deriva soberanista catalana conlleva, sorprendente e impepinablemente, la conversión inmediata y espontánea de unos cuantos miles de catalanes al independentismo.
Así, suponen estos finos analistas de la realidad catalana, esta fe habría sido abrazada de forma espontánea, casi milagrosa, por muchos catalanes debido a toda una retahíla de afrentas intolerables. Cataluña, esa Cataluña homogénea, unívoca, monocorde de la que dicen ser portavoces, sería hoy más independentista que ayer porque la sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado o interpretado inadecuadamente algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque la defensora del Pueblo ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de inmigrantes, porque algunas organizaciones pretenden recurrir contra el Código de Consumo de Cataluña, porque la selección española ha ganado el campeonato mundial de fútbol, porque Pedrosa luce la camiseta de La Roja en las pistas de motociclismo, porque se coloca en el balcón la bandera de España o porque el informe de un Departamento de Estado de los Estados Unidos critica la política lingüística de la Generalidad de Cataluña.
Conozco bien el argumento, lo he padecido en el Parlamento autonómico cuando he impulsado alguna iniciativa contraria a los intereses soberanistas. Invariablemente, en esos momentos saltaba como un resorte el diputado autonómico de turno, que, por mi bien, me alertaba sobre la conveniencia de desistir de mi posición irredenta, auténtica máquina de hacer independentistas.
El descaro, la hipocresía, el doble lenguaje del nacionalismo es enorme. Todo juega a su favor. Nada escapa a su lectura interesada. Si se celebran consultas soberanistas se camina, legítimamente y en atención a la espontánea voluntad de Cataluña, hacía la independencia, pero si se denuncia su ilegalidad, la máquina comienza a funcionar y cling, cling, unos cuantos independentistas más; si la bandera nacional no ondea en los Ayuntamientos, y España desaparece simbólicamente de los mismos, se hace como expresión de un sentir compartido del pueblo catalán, pero si se pretende que se cumpla la ley para que la bandera esté en el mástil, más cling, cling, el número aumenta, imparable; es más, si se solicita que la escuela enseñe también en castellano o se protesta para que los comerciantes tengan libertad para rotular sus comercios en la lengua que elijan, nuestras calles vierten independentistas a raudales.
Vamos, que nos encontramos en un callejón sin salida y la única solución para que no se reproduzcan nuestros aliens independentistas es callarse, no hacer nada y contribuir disciplinadamente a fomentar la plurinacionalidad del Estado, única solución que evitará la ruptura de España y el funcionamiento de la máquina a toda pastilla. Los defensores del Estado español plurinacional, entre ellos Montilla y Zapatero, han colocado, sumisos, un enorme cartel con el lema ‘No molesten a los independentistas’ y protegen interesadamente a sus validos: les hacen el caldo gordo y califican como legítimas sus aspiraciones mientras ridiculizan a los que defendemos la España autonómica; miran para otro lado cuando los medios de comunicación públicos presentan la consecución del Estado catalán como el paraíso terrenal (más pensiones, más carreteras, más salud, menos impuestos…); les miman y dan millones y millones de euros de las arcas públicas a asociaciones que trabajan para romper los ligámenes con el resto de España y para hacer desaparecer de las instituciones los signos de identidad comunes de todos los españoles.
Sin embargo, la monserga de la máquina de hacer independentistas es un chantaje que no debe paralizar la actividad de aquellos que creemos que la independencia de Cataluña tendrá unas perjudiciales consecuencias en el orden económico y social para todos. Por ello, es legítimo y útil demostrar que los que no defendemos la independencia somos mayoría y que la nueva Cataluña que pregonan los separatistas es nociva. No es hora de flaquear ante tanta presión, sino de seguir con las movilizaciones y concentraciones, de acudir a los tribunales de justicia nacionales y de solicitar amparo a los organismos internacionales, de hacer cada vez más visibles a los defensores de la libertad lingüística, y a quienes defendemos la convivencia entre los catalanes y de éstos con el resto de los españoles. No es el momento de amilanarse ante las amenazas sino de dar más gas a la máquina de hacer ciudadanos más libres y demócratas.
Publicado en la Voz de Barcelona el día 1 de septiembre
Según los ingenieros sociales que han analizado este curioso artefacto, sus engranajes están compuestos por cualquier decisión o actuación que complique o dificulte el avance nacionalista en Cataluña. Es decir, la resistencia a la deriva soberanista catalana conlleva, sorprendente e impepinablemente, la conversión inmediata y espontánea de unos cuantos miles de catalanes al independentismo.
Así, suponen estos finos analistas de la realidad catalana, esta fe habría sido abrazada de forma espontánea, casi milagrosa, por muchos catalanes debido a toda una retahíla de afrentas intolerables. Cataluña, esa Cataluña homogénea, unívoca, monocorde de la que dicen ser portavoces, sería hoy más independentista que ayer porque la sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado o interpretado inadecuadamente algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque la defensora del Pueblo ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de inmigrantes, porque algunas organizaciones pretenden recurrir contra el Código de Consumo de Cataluña, porque la selección española ha ganado el campeonato mundial de fútbol, porque Pedrosa luce la camiseta de La Roja en las pistas de motociclismo, porque se coloca en el balcón la bandera de España o porque el informe de un Departamento de Estado de los Estados Unidos critica la política lingüística de la Generalidad de Cataluña.
Conozco bien el argumento, lo he padecido en el Parlamento autonómico cuando he impulsado alguna iniciativa contraria a los intereses soberanistas. Invariablemente, en esos momentos saltaba como un resorte el diputado autonómico de turno, que, por mi bien, me alertaba sobre la conveniencia de desistir de mi posición irredenta, auténtica máquina de hacer independentistas.
El descaro, la hipocresía, el doble lenguaje del nacionalismo es enorme. Todo juega a su favor. Nada escapa a su lectura interesada. Si se celebran consultas soberanistas se camina, legítimamente y en atención a la espontánea voluntad de Cataluña, hacía la independencia, pero si se denuncia su ilegalidad, la máquina comienza a funcionar y cling, cling, unos cuantos independentistas más; si la bandera nacional no ondea en los Ayuntamientos, y España desaparece simbólicamente de los mismos, se hace como expresión de un sentir compartido del pueblo catalán, pero si se pretende que se cumpla la ley para que la bandera esté en el mástil, más cling, cling, el número aumenta, imparable; es más, si se solicita que la escuela enseñe también en castellano o se protesta para que los comerciantes tengan libertad para rotular sus comercios en la lengua que elijan, nuestras calles vierten independentistas a raudales.
Vamos, que nos encontramos en un callejón sin salida y la única solución para que no se reproduzcan nuestros aliens independentistas es callarse, no hacer nada y contribuir disciplinadamente a fomentar la plurinacionalidad del Estado, única solución que evitará la ruptura de España y el funcionamiento de la máquina a toda pastilla. Los defensores del Estado español plurinacional, entre ellos Montilla y Zapatero, han colocado, sumisos, un enorme cartel con el lema ‘No molesten a los independentistas’ y protegen interesadamente a sus validos: les hacen el caldo gordo y califican como legítimas sus aspiraciones mientras ridiculizan a los que defendemos la España autonómica; miran para otro lado cuando los medios de comunicación públicos presentan la consecución del Estado catalán como el paraíso terrenal (más pensiones, más carreteras, más salud, menos impuestos…); les miman y dan millones y millones de euros de las arcas públicas a asociaciones que trabajan para romper los ligámenes con el resto de España y para hacer desaparecer de las instituciones los signos de identidad comunes de todos los españoles.
Sin embargo, la monserga de la máquina de hacer independentistas es un chantaje que no debe paralizar la actividad de aquellos que creemos que la independencia de Cataluña tendrá unas perjudiciales consecuencias en el orden económico y social para todos. Por ello, es legítimo y útil demostrar que los que no defendemos la independencia somos mayoría y que la nueva Cataluña que pregonan los separatistas es nociva. No es hora de flaquear ante tanta presión, sino de seguir con las movilizaciones y concentraciones, de acudir a los tribunales de justicia nacionales y de solicitar amparo a los organismos internacionales, de hacer cada vez más visibles a los defensores de la libertad lingüística, y a quienes defendemos la convivencia entre los catalanes y de éstos con el resto de los españoles. No es el momento de amilanarse ante las amenazas sino de dar más gas a la máquina de hacer ciudadanos más libres y demócratas.
Publicado en la Voz de Barcelona el día 1 de septiembre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)