¿Qué es ser catalán?

Artículo publicado en e-noticies el día 24 de noviembre de 2010.

El Gobierno de Nicolas Sarkozy organizó hace un año un controvertido debate en internet en torno a la pregunta “¿En qué consiste ser francés?” En Cataluña, el debate sobre la identidad de los catalanes ha sido una constante histórica en los últimos tiempos que ha merecido diversas respuestas. La más conocida y clásica es la de Pujol que afirmó que eran catalanes todos los que vivían y trabajaban en Cataluña y que, además, tenían voluntad de serlo. Ahora, el Presidente Montilla en la campaña del PSC con motivo de las elecciones catalanas ha aportado otra peculiar definición: “Ser catalán es trabajar duro y con las ideas claras”. No sé que pensarán los muchos catalanes que en estos momentos engordan las listas del paro de forma involuntaria y aquellos otros que viven inmersos en mares de dudas. De aplicar esta máxima, se verían privados de golpe y porrazo de su condición de catalanes.

Cada uno es catalán como quiere y puede. Entrar a definir o explicar este concepto me parece extravagante, además de ocioso. Existen siete millones quinientas mil formas de ser catalán y cada una es personal e intransferible por lo que tratar de extraer una identidad genérica es tergiversar necesariamente la realidad. Igual que no existe una forma de ser español, no existe una forma de ser catalán o madrileño. De hecho el debate sobre la identidad francesa fracasó ante la imposibilidad de alcanzar una explicación consensuada sobre el concepto de francés. Se demostraba así que la de las esencias nacionales es una búsqueda tan frustrante, tan ilusoria, como la del Santo Grial, predestinada a no llegar a ninguna parte y condenada a agotar a los que emprenden tamaña aventura.

En realidad, todo es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer ver. Es muy fácil ser catalán. Lo recordaba en un reciente acto electoral el Presidente Zapatero cuando aseguraba en Lérida que “…no tendría ningún problema en ser de aquí. Soy de León”. Aunque parezca excepcional, Zapatero, esta vez, no se equivocaba. Es cierto, para ser catalán basta con ser español y empadronarse en cualquier municipio catalán según se desprende del artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que dispone que “gozan” de la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña”. Gozar es experimentar gratas sensaciones pero éstas no quedan garantizadas para todos los catalanes cuando tenemos ocasión de escuchar propuestas tan restrictivas de derechos como las formuladas por el engolado Àngel Colom, Presidente de la Sectorial de Inmigración de CDC, quien, en un mitin reciente de esta formación, espetó a los asistentes, catalanes nacidos fuera de España: “Dentro de casa podéis hablar el idioma que queráis pero en las calles, en los espacios públicos, los inmigrantes debéis usar el catalán”. Nuevos requisitos para alcanzar la condición de catalán que desbordan el derecho administrativo y que delatan a quienes los imponen: totalitarios que pretenden amoldar toda la sociedad a su peculiar concepción de ser catalán.

La paga de los políticos

Artículo publicado en La Voz de Barcelona el 24 de noviembre de 2010

Ha alcanzado gran relevancia en la campaña electoral autonómica que los primeros candidatos de las formaciones políticas parlamentarias hayan publicitado su patrimonio. El conocimiento de las cifras ha generado dudas sobre la autenticidad de los datos porque da la impresión de que sus patrimonios están maquillados a la baja. En las antípodas de esta posición estaría Silvio Berlusconi que no hace mucho se pavoneaba de ser propietario de veinte casas en un acto de su partido, el Polo de la Libertad.

Contra la opinión generalizada quiero sostener aquí que presumir de pobre puede ser, en sí, un acto de hipocresía. El patrimonio de una persona no debe constituir inconveniente para participar en la actividad política. La transparencia no tiene como finalidad alimentar la curiosidad morbosa, sino permitir evaluar si la detentación de un cargo público ha sido causa de un enriquecimiento indebido.

Por lo tanto, me parece reprobable hacer alarde de riqueza y farisaico disimular las propiedades. No es mejor gestor quien tiene más o menos capital, sino la persona que acredita capacidad de liderazgo, cuenta con un buen programa y puede formar un equipo competente.

Salvo que haya sido beneficiado por una herencia o el azar, entra en el terreno de lo lógico y lo inevitable que el patrimonio de un político joven sea inferior al de uno de más edad porque su capacidad de ahorro es más reducida, simplemente por razón del tiempo; que tenga menos propiedades no lo convierte automáticamente en más honesto ya que, llevando este razonamiento al absurdo, acabaríamos concluyendo que uno es más virtuoso cuanto más joven, argumento falaz y demagógico donde los haya.


Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, entra en su coche oficial.
El interés de los ciudadanos debería centrarse más que en el patrimonio personal, salvo que tenga un origen ilícito, en la relación entre la actividad desarrollada y el sueldo de los gestores públicos, sobre todo en épocas de endeudamiento.

En un reciente programa televisivo un joven se acercó al presidente autonómico, José Montilla, para preguntarle si trabajaba el doble que José Luis Rodríguez Zapatero porque su retribución era muy superior a la del presidente del Gobierno. Dio en la clave de la cuestión, la de la proporcionalidad. Los representantes políticos deben tener unos emolumentos dignos porque es deseable que los más capacitados se dediquen a la política y lamentablemente no siempre es así.

Ahora bien, carece de sentido que las retribuciones del presidente de la Diputación de Lérida, o de Palencia, o de Gerona, o de algunos alcaldes, por muy importantes que sean estos cargos, sean notablemente superiores a las del presidente del Gobierno cuando sus responsabilidades y su grado de dedicación es sensiblemente menor a las de este último.

Por ello, sería deseable que se racionalizase el sistema retributivo de los representantes de los ciudadanos por ley para evitar las notorias desproporciones y que se fijarán mediante tramos, en función del cargo, las pagas de electos y responsables públicos.

Revalorizar la actividad política ante los ojos de los ciudadanos pasa por hacer comprender a la sociedad su importancia y su dignidad que debe ir en consonancia con unas retribuciones de los dirigentes políticos proporcionales a su función, no por convertir a estos en el objeto de comadreo en programas de prensa rosa. Esta es la única puerta para garantizar que los mejores, y no sólo los más ricos, tengan a su alcance la opción de dedicarse al servicio de la ciudadanía.

¡Genocidio!

Artículo publicado en e-noticies el día 27 de octubre de 2010.

Un genocidio es la exterminación sistemática de un grupo humano, racial, nacional, étnico o religioso y se considera genocidio todo acto que atente contra la integridad física o mental, o contra los derechos fundamentales (pero no culturales) de uno o varios individuos pertenecientes a uno de esos grupos que se pretende destruir.

El diario Avui aporta una nueva acepción del termino hasta ahora desconocida y califica en su editorial del día 27 de octubre como “genocidio judicial contra la lengua catalana” el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya acordado la suspensión cautelar de algunos artículos de los Reglamentos de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lérida. El editorial es tremendista y disparatado. A pesar de que los recursos contra esos Reglamentos se interpusieron con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, los opinadores consideran que se está ante una campaña orquestada que pretende dinamitar la recuperación de la lengua catalana, siempre amenazada. No reparan en descalificaciones y juicios de intenciones: se está ante un “bombardeo en el marco de una ofensiva judicial implacable”, “otra atrocidad política disfrazada con toga” y en su delirio llegan a afirmar que “España sentenció antes del verano su voluntad de reducción del idioma común de los catalanes a un habla residual restringida al ámbito privado” y ha puesto en manos de la justicia “un proceso de aniquilación lingüística indiscutible y un ataque a la coexistencia pacífica sin precedentes desde el final de la dictadura franquista”. Al final del editorial reclama “una reacción cívica y una reacción política sin fisuras, sin límite de legitimidad moral en la defensa de la lengua”.

El editorial, con su lenguaje repleto de metáforas bélicas e imágenes sanguinolentas, es un puro despropósito, desmesurado y absurdo, fruto de la paranoia lingüística que se ha instalado en una buena parte de la opinión publicada catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, según el Estatuto de Autonomía es el órgano judicial que culmina la organización judicial en Cataluña, ha cumplido con su obligación que es aplicar las leyes y ha anulado aquellos preceptos que vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística, consistente en que las administraciones públicas den un trato igualitario tanto al castellano como al catalán en sus relaciones internas y en sus relaciones con los administrados. No es la primera vez que lo hace y en diversas sentencias y autos ha anulado preceptos similares de los Reglamentos de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ((2001); Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona (2003); Ayuntamiento de Sabadell (2004) y Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (2009) sin que el idioma catalán haya desaparecido de esas instituciones ni, según se podría deducir del mencionado editorial, del mapa.

Si no fuera por lo trascendente de la cuestión, induce a la hilaridad la permanente teoría de la conspiración que ven algunos en la defensa del pluralismo lingüístico en Cataluña. La “peligrosa ofensiva” está liderada por ciudadanos y asociaciones (Impulso Ciudadano es una de ellas) que, con esfuerzo y sacrificio, impugnan ante los Tribunales reglamentos que consideran contrarios a Derecho y lo hacen porque el Gobierno de España desvía intencionadamente la mirada ante las tropelías jurídicas que deliberadamente se aprueban en las instituciones catalanas. Para este y otros medios, la única respuesta legítima de los ciudadanos ante los dislates en materia de política lingüística es la resignación. Vistos los antecedentes históricos y más cuando se utiliza la palabra “genocidio”, es especialmente preocupante que desde un periódico que cuenta con una importante ayuda institucional se reclame una reacción “sin límite de legitimidad moral”. Pocas o ninguna cosa en esta vida carecen de límite. Aún menos de “límite de legitimidad moral”, nueva categoría filosófica creada ad hoc por el rotativo subvencionado y que merecería por si misma una mejor explicación. Una cosa, sin embargo, es cierta y podemos manifestarla como categoría, esta sí, absoluta: el bienestar y el progreso de la comunidad se asienta en el acatamiento de las normas morales y de las jurídicas. También los nacionalistas catalanes están vinculados por ellas.

Debates en dos lenguas

Atículo publicado en La Voz de Barcelona el día 28 de octubre.

En las campañas electorales de los últimos tiempos, los debates televisados se han convertido en un elemento clave con suficiente poder como para inclinar, en uno u otro sentido, el resultado de las propias elecciones. Actualmente, el electorado no suele acudir a los mítines ni participa activamente en la campaña electoral, por lo que los debates televisivos entre los principales candidatos se convierten en el escenario crucial donde determinar el voto de los indecisos o, incluso, cambiar el sentido del mismo. Es sumamente arriesgado para un candidato negarse a celebrar un debate, porque los electores pueden interpretar su negativa como síntomas de soberbia o debilidad.

En la precampaña de las elecciones autonómicas, ha aflorado un tema de discusión que, tratándose de Cataluña, no podía ser otro que el de la lengua. Estatutariamente, en Cataluña, existen dos lenguas oficiales (tres a partir de la entrada en vigor de la Ley del Aranés) por lo que no tendría que generar ninguna polémica que los debates entre los principales candidatos se ofrecieran en los dos idiomas.

Sin embargo, el mero planteamiento de esta posibilidad ha dado lugar a una agria controversia entre los equipos de campaña de los dos principales partidos políticos. El repentino fervor bilingüe del PSC le ha parecido a Felip Puig, el soberanista secretario general de CiU, un insulto a la inteligencia; no es de extrañar esa reacción en una persona que se retuerce, incómodo en su asiento, cuando escucha intervenciones en castellano en el Parlamento de Cataluña.


A un mes de las elecciones todavía no se sabe si Montilla y Mas se verán las caras en un 'debate a dos', o si serán dos debates, uno es español y otro en catalán.
La discusión ha alcanzado tal magnitud que ha merecido la atención de un sondeo electoral, el del Racómetre de RAC1 del mes de octubre que ha preguntado sobre la lengua de los debates entre Artur Mas (CiU) y José Montilla (PSC). Mil personas han contestado la entrevista telefónica (456 catalanohablantes, 328 castellanohablantes, 214 bilingües y 2 de otras lenguas). Para el 71,6% de los catalanohablantes los debates se deberían hacer sólo en catalán, mientras que sólo un 19,8% era partidario de debates en los dos idiomas. Por su parte, un 60,3% de los entrevistados castellanohablante se inclinaba por la opción bilingüe y, sorprendentemente, un 17,5% de este sector prefería que todos los debates se desarrollaran en catalán. El 43,8% del grupo de los bilingües ha defendido la opción monolingüe, mientras que un 40,8% se decantaba por debatir alternativamente en catalán y en castellano. En resumen, un 55.5% prefería los debates en catalán y un 31.4% se mostraba partidario de hacerlo en castellano y catalán; del resto, un 13,1% no tenía formada opinión o no le interesaba el tema y un 4,8% solicitaba otras opciones.

Si comparamos esta encuesta con la de usos lingüísticos de la Generalidad de Cataluña de 2008 se aprecian algunos desajustes. En la del Racómetre hay un mayor número de entrevistados catalanohablantes y, en cambio, la sociedad catalana es principalmente castellanohablante. Esa disfunción se puede deber al azar o a que los catalanohablantes están más movilizados y se muestran más predispuestos a contestar este tipo de encuestas políticas que los castellanohablantes.

También hay otro dato interesante, un número significativo de castellanohablantes (17,5%) optan por que los debates se hagan sólo en catalán. De producirse la situación inversa, el nacionalismo catalán, siempre tan exagerado, ante la renuncia de los derechos lingüísticos y la cesión a la lengua del poder, calificaría este fenómeno como un síntoma de autoodio.

A día de hoy ninguna formación política ha reclamado debates en catalán y castellano entre los seis candidatos de los partidos con representación parlamentaria, dándose por sentado que la lengua vehicular y preferente debe ser sólo el catalán cuando lo normal sería que las reglas de los debates garantizarán el pluralismo lingüístico, salvo que se asuma que el público al que se dirigen las elecciones autonómicas es el catalanohablante.

De los seis candidatos principales, tres se reconocen catalanohablantes (Mas, Puigcercós y Herrera), dos bilingües (Sánchez-Camacho y Rivera) y uno castellanohablante (Montilla), pero este, durante toda la legislatura, ha hecho alarde casi exclusivo de la lengua catalana, lo que ha mermado su capacidad dialéctica en los debates parlamentarios.

En un debate electoral, sea a dos o a seis, los candidatos deben estar en las mejores condiciones y en igualdad de oportunidades por lo que es importante que, además de fijar los límites de tiempo y las condiciones para tomar la palabra, se establezcan reglas que garanticen una presencia equilibrada del castellano y del catalán y, sobre todo, no olvidar que el destinatario del debate es el público en general.

Sin embargo, a la vista del formato lingüístico estándar de los debates en las elecciones autonómicas parece como si el voto objeto de deseo fuera únicamente el de los catalanohablantes. Por lo tanto, debe ponerse en duda la sinceridad de los candidatos cuando lamentan el distanciamiento de la ciudadanía de la política y el elevado nivel de abstención, y empezar a sospechar que la desidia de una parte importante del electorado, que no ve como suyas estas elecciones, forma una parte consustancial del sistema que es aceptada y alentada por el propio establishment político.

La necesidad de reforzar España

El pasado 10 de octubre publique en el Diario El Mundo este artículo.

El cambio de ciclo está a la vista. En las próximas elecciones autonómicas las encuestas electorales dan por acabado el modelo tripartito y prevén un futuro Gobierno presidido por Artur Mas. ¿La política de Mas va a ser muy diferente de la del tripartito? Si atendemos al grado de entendimiento mostrado durante la legislatura por los grupos parlamentarios que han aguantado a Montilla y el grupo de CiU hay que concluir que no. Al margen de discrepancias puntuales, que la mayoría de veces respondían más a razones tácticas que de fondo, una gran parte de las leyes promovidas por el Gobierno han sido aprobadas con el voto de convergentes y unionistas (educación, servicios sociales, acogida de inmigrantes…).

En el aspecto identitario, CiU, como la mayoría de las formaciones del tripartito, ha apoyado la supresión de las corridas de toros, blindado los correbous, aprobado la ley del aranés que califica como preferente a este idioma, avalado la inmersión obligatoria en la escuela y defendido las multas lingüísticas. Igualmente, CiU ha respaldado al tripartito en el regalo de generosas subvenciones a las asociaciones de ideología nacionalista y ha criticado la política de acción exterior de Carod, no por inútil y dilapidadora, sino por insuficiente y escasa, y para 'corregirla' tiene intención de crear, nada menos, que un Departamento específico para los asuntos exteriores.

La formación nacionalista da por finiquitada la etapa autonomista y se prepara para embarcar a los catalanes en una nueva travesía de ignoto, y previsiblemente desastroso, destino. Para abrir boca promueve entre sus prohombres, el Presidente del Cercle d'Economia Salvador Alemany lo es, manifiestos que reclaman reformular las relaciones con España. Estos antecedentes, la extenuante sensación de dejà vu, indican que CiU se prepara para entonar la cantinela de siempre: la del encaje y de la desafección hacia España que en la nueva legislatura tendrá como señuelo el 'novedoso' tema estrella del concierto económico, figura que se cayó por inconstitucional, del Estatuto de autonomía del 2006 y que ahora se convierte en la nueva carpa que albergará el triste espectáculo del victimismo nacionalista.

Asistimos a un mero paso de testigo en la carrera de relevos soberanista. Se están perfilando cambios de personas pero no de políticas. Los grupos de presión, que han influido de una manera determinante en los sucesivos tripartitos, lo continuarán haciendo en el hipotético Gobierno de CiU.

Por desgracia, el cambio que necesita Cataluña no se materializará en la próxima legislatura. Los líderes políticos no quieren aflojar la válvula de presión de la sociedad catalana para mantener una relación equilibrada entre todas las instituciones y generar los imprescindibles espacios de confianza que permitan el crecimiento de la economía. Con motivo de la inauguración del vanguardista edificio de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Montilla aludió a la necesidad de «reforzar España» al hilo de la presencia de instituciones relevantes de ámbito estatal en Cataluña. Completamente de acuerdo con esta idea, lo lamentable es que el Presidente de la Generalitat carece de credibilidad para liderar esa tarea, quien se manifiesta así es la misma persona que en el Parlamento de Cataluña afirmó, a raíz de la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía, que «en el escenario actual España es más pobre moralmente», ha pretendido desestabilizar las instituciones constitucionales del Estado y está favoreciendo la fractura del partido socialista catalán con el español, por la que vienen suspirando desde siempre los partidarios de la independencia de Cataluña.