He publicado el sábado 28 de enero este artículo en el diario ABC. Su origen está en la contestación que ha dado la Generalitat a la demanda que ha presentado Impulso Ciudadano contra el Decreto que regula la direccion de los centros docentes en las que se ha solicitado la presentación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña. Tampoco pueden pasar desapercibidas las declaraciones de Mas preparando el terreno para la enesima deslealtad institucional, esta vez lo ha hecho en la sede del Consell de Garanties Estatutaries, el órgano encargado de velar que las leyes autonómicos no contravengan la Constitución.
¡Allá ellos!
El modelo educativo catalán declara que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza. La Generalitat se opone a cambiarlo aduciendo que los alumnos, cuando finalizan sus estudios, conocen el catalán y el castellano. Con una enseñanza bilingüe, e incluso con un modelo que tuviera al castellano como centro de gravedad, conseguirían también un dominio de ambas lenguas. En marzo de 1998 se traspasaron a la Generalitat los últimos institutos que impartían la mayoría de las asignaturas en castellano, sus alumnos, contradiciendo la premisa del discurso oficial, obtenían buenas notas en catalán en las pruebas de selectividad. La cuestión, entonces, no tenía nada que ver con el rendimiento, el Gobierno catalán defendía la transferencia para acabar con la presencia normal del castellano en la escuela.
El invento consiste en hacer del catalán la lengua de identificación del niño, reafirmarla en aquellos que la tienen como materna y cambiarla en la de otros registros lingüísticos. A la vista de los resultados, da réditos. Según datos del informe de política lingüística del 2010, el 13% del total de la población adulta ha adoptado el catalán como su lengua, aunque no era su lengua inicial en la infancia. Estamos hablando de casi 800.000 personas.
La razón de fondo la desvela la Ley de Educación de Cataluña: “configurar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la cual la lengua catalana resulte un factor de integración social”. Para ello, la ley declara al catalán como “lengua de referencia” y “factor de cohesión social” y obliga al Gobierno a implantar estrategias educativas de inmersión lingüística que aseguren el uso intensivo del catalán como lengua vehicular.
El conflicto es de identidad, no pedagógico. Los defensores del modelo educativo monolingüe catalán y los que abogan por la escuela bilingüe libran una batalla sobre el futuro de Cataluña que tiene unas evidentes connotaciones políticas. La programación vigente discrimina al colectivo castellanohablante y es inconstitucional. Nuestros gobernantes saben que jurídicamente están en falso y sacan toda la artillería pesada contra quienes se atreven a denunciar el diseño y para evitar posibles reveses judiciales, no dudan en mentir como cuando reconocen ante los Tribunales lo que niegan en el Parlamento, que consideran al castellano lengua vehicular. Nerviosos ante lo inevitable –la declaración de inconstitucionalidad de su proyecto- el Presidente de la Generalitat gallea ante juristas y les prepara para que asuman la ruptura de las costuras constitucionales. ¡Allá ellos!
El invento consiste en hacer del catalán la lengua de identificación del niño, reafirmarla en aquellos que la tienen como materna y cambiarla en la de otros registros lingüísticos. A la vista de los resultados, da réditos. Según datos del informe de política lingüística del 2010, el 13% del total de la población adulta ha adoptado el catalán como su lengua, aunque no era su lengua inicial en la infancia. Estamos hablando de casi 800.000 personas.
La razón de fondo la desvela la Ley de Educación de Cataluña: “configurar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la cual la lengua catalana resulte un factor de integración social”. Para ello, la ley declara al catalán como “lengua de referencia” y “factor de cohesión social” y obliga al Gobierno a implantar estrategias educativas de inmersión lingüística que aseguren el uso intensivo del catalán como lengua vehicular.
El conflicto es de identidad, no pedagógico. Los defensores del modelo educativo monolingüe catalán y los que abogan por la escuela bilingüe libran una batalla sobre el futuro de Cataluña que tiene unas evidentes connotaciones políticas. La programación vigente discrimina al colectivo castellanohablante y es inconstitucional. Nuestros gobernantes saben que jurídicamente están en falso y sacan toda la artillería pesada contra quienes se atreven a denunciar el diseño y para evitar posibles reveses judiciales, no dudan en mentir como cuando reconocen ante los Tribunales lo que niegan en el Parlamento, que consideran al castellano lengua vehicular. Nerviosos ante lo inevitable –la declaración de inconstitucionalidad de su proyecto- el Presidente de la Generalitat gallea ante juristas y les prepara para que asuman la ruptura de las costuras constitucionales. ¡Allá ellos!
1 comentario:
Que la intención del gobierno catalán es la de forzar a los estudiantes mediante la supresión del español a adoptar una identidad catalana por medio de la lengua y que esto nada tiene que ver con la pedagogía está muy claro. A catalanoparlantes, que en muchos casos se sentirán más aceptados por los que mandan, será mucho más facil inculcarles sentimientos antiespañoles etc. Pero realmente el conflicto SI es pedagógico y absolutamente anticonstitucional, el fondo de la cuestión es que en Cataluña el resto de los españoles no tenemos derecho a estudiar a no ser que aprendamos o sepamos perfectamente una lengua que no es la nuestra, eso solo pasa en España.
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