(Conferencia pronunciada el 12 de mayo de 2009 en el hotel Podium de Barcelona)
Lo he referido en muchas ocasiones: la culpa de mi implicación en la causa no nacionalista en Cataluña la tiene Manuel Piñol y, sorprendentemente, a pesar de la faena, sigue siendo un muy buen amigo mío. Era el año 1995 cuando Manuel me llevó a la sede de la Asociación por la Tolerancia , entonces en la calle Provenza, para conocer a gente que, como yo, se sentía ahogada por la presión nacionalista.
Mi primera incursión en este mundo fue descorazonadora: una bronca que no sabía muy bien a que obedecía. No recuerdo si Antonio Robles se había enfadado con Villacorta o Villacorta con Pérez Romera o Pérez Romera con Robles. El caso es que, aquellas convulsiones, aquellas discrepancias entre sus dirigentes, llevaron a la buena de Marita Rodríguez a asumir la Presidencia de la Asociación unos meses después, y a mi, al poco tiempo, a aceptar la vicepresidencia, que gustosamente me cedió el “gentil” Piñol.
En el año 1992, se habían aprobado los Decretos de inmersión lingüística y la oposición al precepto que amparaba el monolingüismo en la escuela: “el catalán es la lengua normalmente utilizada en la educación”, motivó la aparición de una pléyade de asociaciones (CADECA, Tolerancia, Profesores por el Bilingüísmo…), todas ellas con una línea de acción común en la defensa de la libertad de elección de lenguas en la escuela.
Mi primer contacto con uno de los intelectuales que años más tarde estarían en la génesis de Ciudadanos, fue con Francesc de Carreras en el Centro castellano-leonés de Sant Andreu. Con motivo del día de la Constitución del año 1995, el catedrático de Derecho constitucional, miembro del Consejo Consultivo, y también antiguo profesor mío, y Ferran Bello, un socialista de Badalona que después fue el director General de Cultura Tradicional, trataban de explicar al auditorio, desde puntos de vista distintos, las ventajas del bilingüismo. Aquello terminó en un enorme guirigay que casi precisa la intervención policial. Pocos años después, Carreras me confesó que, en aquel momento, estuvo a punto de irse y no volver a contactar con los bilingüistas.
No fue mejor el primer contacto con el mundo político. La Asociación por la Tolerancia , había decidido conceder el premio a la Tolerancia del año 1996 a Pasqual Maragall. Maragall lo había aceptado a regañadientes y ni el discurso de Robles, ni la intervención de un joven exseminarista, Pablo Ginés, despachándose a gusto en contra de los obispos catalanes de entonces ayudaron, precisamente, a distender el ambiente. Los prolegómenos no presagiaban nada bueno. El entonces alcalde de Barcelona sacó del bolsillo un papel y procedió a la lectura íntegra de un discurso de su abuelo, Joan Maragall, pronunciado en las Cortes Generales, en el que, poco más o menos, calificaba a los castellanos de bárbaros. Nueva bronca.
Desde luego, había que tener muchas ganas para continuar en aquel escenario tan “acogedor”. Pero yo las tenía. Buena prueba de ello es que poco después llevé a María, mi hija – cuando todavía no sabía andar – a su primera concentración y, unos meses más tarde, colocaba una pegatina en su carita con el lema “Bilingüismo es libertad”, imagen que, en forma de foto, sirvió de portada para una revista “Tolerancia”, revista que yo había fundado al poco de incorporarme a la Asociación.
Estábamos con la concentración. El ayuntamiento de Barcelona había montado para las fiestas de navidad del año 1996 el pesebre en la plaza de Sant Jaume, también llamada plaza de la Constitución. El tema que evocaba el belén era el de la tolerancia y en un panel informativo se daban explicaciones del sentido del belén en diversas lenguas, salvo una, se les había olvidado el castellano. Fue mi primera incursión en el activismo de a pie de calle. Cogimos un lienzo blanco y en él escribimos “En castellano también, por favor”. Mi entusiasmo me hizo pensar que lo razonable de la causa actuaría como un resorte en la conciencia de miles de ciudadanos que, espontáneamente, fluirían a la concentración. Fuimos exactamente diez.
Ese fue mi primer baño de realidad: indiferencia, murmullos cómplices de algunos transeúntes y la condena expresa, desagradable, de quien se considera dueño del terreno y no está dispuesto a que nadie cuestione su propiedad, en este caso lingüística. Allí me espetaron el primer “facha” y me invitaron a que “marxés a la meva terra”. ¡A mi! que soy de Barcelona, concretamente del barrio de Verdum. Sin embargo, lo peor de aquella experiencia, fue descubrir que algunos compañeros no acudieron a la concentración por desconfianza, porque no sabían a cuál de las “familias”, que ya pululaban entonces, estaba adscrito yo.
No sólo no me fui, sino que mi entusiasmo creció. La revista “Tolerancia” comenzó a tomar cada vez más cuerpo y se convirtió en la gaceta que daba cuenta de los actos que organizábamos desde la Asociación. Por cierto, que la portada del primer número se abría con la siguiente pregunta “¿Es posible ser nacionalista y demócrata?” En ella escribían Francesc de Carreras , Rafael Núñez, Antonio Roig (al que le hacíamos firmar Antoni para incrementar la cuota de catalán, hasta que un día se rebeló y dijo que nunca más, que él de siempre había sido Antonio), Jesús Royo, Antonio Robles , y yo mismo. También se daba cuenta en aquel número de unas tertulias que se montaban en el Restaurante “El Bierzo”. Por allí pasaron Aleix Vidal-Quadras (actual candidato por el PP en las elecciones europeas), Eduard Voltas que había publicado un libro sobre la “Guerra de la llengua” y Àngel Colom con el que nos enzarzamos en el tema de la independencia, tema que, al parecer le sigue apasionando, aunque ahora cuente ya con una “casa gran” para defenderla. Por cierto, entonces, lideraba un minúsculo partido, el de la Independencia , que había fundado con Pilar Rahola, tras escindirse de ERC y pasar al grupo mixto. Después de la escisión obtuvo unos resultados electorales ridículos y abandonó la política.
En aquel primer número se podía leer la crónica de la celebración del Día de la Constitución en la que intervinieron el catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, y el malogrado Rafael Abella (¡Cuánto te echamos de menos!). Por cierto, que a instancias mías fue Tomás Ramón Fernández el que preparó el dictamen contra la Ley de Política Lingüística del año 1998 que presentamos siete asociaciones ante el Defensor del Pueblo para que formulará recurso de inconstitucionalidad contra la Ley. Finalmente , es historia conocida, al Defensor le tembló la mano, y, cuentan por ahí, que las presiones del entonces Presidente de la Generalitat Jordi Pujol (“le hago a usted responsable del rebrote de la violencia en Cataluña”), de expresidentes del Gobierno (Suárez y Felipe González), de ministros de Aznar y hasta de amigos de la infancia, pudieron más que su conciencia: se limitó a sugerir y a recomendar, pero no a recurrir. Remitió tales recomendaciones al Parlamento, al Presidente de la Generalitat y a los solicitantes de la interposición del recurso. Veamos algunas de aquellas recomendaciones:
Primera, “Se hace preciso que en el desarrollo normativo de la LPL , o en la aplicación de la misma, no se adopten medidas que, de una u otra forma, presupongan la existencia de un deber general de conocimiento de la lengua catalana, predicable de los ciudadanos residentes en Cataluña.”
Segunda: “Debe distinguirse con nitidez que una cosa es que la Generalidad resulte habilitada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3. del Estatuto de Autonomía de Cataluña, para garantizar el uso normal y oficial de los idiomas cooficiales, y otra muy distinta es que ese uso normal se quisiera llevar a todos los ámbitos y se quisiera imponer en todo momento. La Generalidad , como cualquier otro poder público, está limitada en sus facultades por el respeto que debe a los ámbitos privados. No entenderlo así supondría admitir que los poderes públicos pueden todo lo que quieren, y ello no resultaría conforme al propio modelo de limitación del poder y sometimiento a la ley y al Derecho que la Constitución establece.”
Así seguía hasta un total de cuatro larguísimas recomendaciones y un montón de sugerencias.
¡Recomendaciones a nacionalistas! Todavía se están carcajeando el Presidente de la Generalitat y los distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, aquel documento debilitó por primera vez al nacionalismo que, hasta aquel momento, había salido indemne de cualquier enfrentamiento con las autoridades judiciales o políticas.
Fue, precisamente, la Ley de Política Lingüística la que originó la primera coalición de los movimientos cívicos de resistencia no nacionalista. El 27 de diciembre de 1997 presenté en una rueda de prensa junto a Angela Diest, Marita Rodríguez, Aleix Vidal Quadras, Eusebio Murillo y Antonio Tercero un documento en el que las entidades que se habían significado en la defensa del bilingüismo en Cataluña y por la defensa de las libertades y los derechos reconocidos en la Constitución , valoraban la inminente aprobación por el Parlamento de Cataluña de la referida Ley y comunicaban su voluntad de defender sus postulados mediante la acción conjunta. Esa primera iniciativa dio lugar, posteriormente, a la creación de Convivencia Cívica Catalana, entidad de la que fui su primer secretario general. En esta entidad potencié el frente judicial contra el nacionalismo. De hecho, algunas de las sentencias que ahora sirven de ariete contra la actuación del Gobierno de entesa tienen su origen en recursos redactados por mí, como el de la famosa casilla, o el de la anulación de los reglamentos de usos lingüísticos de ayuntamientos y universidades. En este capítulo quisiera hacer especial mención a la valentía de la profesora Josefina Albert, quien denunció las condiciones lingüísticas en las pruebas de selectividad de la Universidad Rovira i Virgili y logró que se encausara al rector de aquella Universidad, por falsedad documental y prevaricación.
Paralelamente, un grupo de destacadas personalidades impulsó el Primer Manifiesto del Foro Babel, del que fui firmante. Muchos más suscribieron el segundo manifiesto del Foro, primer paso de ciertos sectores procedentes del “establishment” a favor de la causa bilingüe. Aquel movimiento, en el que también estuve activamente implicado, denunciaba la distancia existente entre la Cataluña real y la oficial y la obsesión nacionalista, capaz de utilizar todos los instrumentos que considere necesarios para forzar el cambio social, sin importarle los perjuicios que cause.
Mi doble, e incluso triple militancia, dio lugar a escenas curiosas. En representación de la FECAC y de la Confederación de Casas Regionales y Culturales en Cataluña (CECREC) había preparado para Francisco García Prieto un documento crítico con la Ley de Política Lingüística. Gané su confianza y representé a la FECAC en un programa de radio en el que se debatía la “bondad” de la Ley con Josep Lluís Carod-Rovira. Pocos días después, la asociación de antiguos alumnos de la Universidad Autónoma de Cataluña organizó un coloquio con el secretario general de ERC sobre la misma ley en donde intervine como firmante del Foro Babel. Al cabo de unos días, la Asociación por la Tolerancia organizó el día 30 de diciembre una protesta por la aprobación de la Ley con un simbólico entierro de la libertad lingüística frente al Parlamento. Allí acudí portando una enorme pancarta que evocaba un escaparate de la tienda “Diseños Lucas” (era la época de Chiquito de la Calzada ) precintada con un expeditivo “sancionat”. Cuando se acercaba al Parlament, Carod Rovira, me vio otra vez y no pudo reprimir un clarificador “aquí també…”. Años más tarde, ya diputado de C’s, en uno de los primeros apartes que hice con él, le recordé el “aquí també”, ahora ya en el Parlamento y elegido por el pueblo. Hace poco más de diez años, los socialistas decían que nadie sería sancionado por temas lingüísticos – ahora ya son miles de personas las que ven condicionados sus negocios por la coacción – y también se oponían a la obligación de los ciudadanos de conocer el catalán, ahora lo han incluido como mandato estatutario.
La unidad de acción hizo que en el seno de CCC nos planteáramos la conveniencia de presentar una lista electoral propia en las elecciones autonómicas de octubre de 1999. Descartado Aleix Vidal Quadras, que se había marchado al Parlamento europeo, se intentó incluir a Julio Villacorta en las listas del PSC. No fue posible, y la colaboración de CiU-PP hizo a Pujol nuevamente presidente de la Generalitat.
Los pasos siguientes son conocidos por muchos de vosotros. El movimiento cívico, en condiciones muy difíciles, ha llevado en todo momento el estandarte del activismo: protestas ante las oficinas de delación lingüística, reivindicación del derecho a la educación en la lengua materna en la sede del Gobierno catalán y en las puertas del Ministerio de Educación, denuncias ante los organismos internacionales, desenmascaramiento de los Síndic de Greuges de turno y tantas y tantas actividades destinadas a concienciar a la ciudadanía de que tiene derechos y que deben ser reclamados para que les sean garantizados. Al mismo tiempo, el movimiento cívico ha buscado alianzas y complicidades con las organizaciones vascas y con las asociaciones antiterroristas. Se han establecido vínculos con Foro de Ermua, con Basta Ya, con la Fundación para la Libertad , con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con otras muchas más. Recientemente, además, han cuajado frentes de reivindicación conjunta con asociaciones de defensores de los derechos lingüísticos en otras comunidades autónomas.
Los triunfos del PP en España y, más tarde, del PSC en Cataluña nos hicieron albergar alguna esperanza en un cambio de política en materia lingüística. La experiencia nos ha demostrado, sin embargo, que el juego de las mayorías parlamentarias es el que condiciona la acción política y hace flexible los ideales. Hasta ahora, las condiciones, casi siempre, las han puesto las fuerzas nacionalistas. Así ocurrió con el Partido Popular. El apoyo de CiU al gobierno de Aznar en la investidura de 1996 fue a cambio del compromiso de no llevar el texto de la Ley de Política Lingüística al Tribunal Constitucional y no denunciar la inmersión lingüística que, de facto, se practicaba en las escuelas catalanas (quedó grabada en la retina de los miembros de la Asociación por la Tolerancia que denunciaron la inmersión lingüística, en el año 2000, ante el Comité para la Eliminación Racial de las Naciones Unidas el discurso del representante español en Ginebra, defendiendo el carácter pedagógico de la inmersión). De igual manera, la estabilidad del gobierno de Zapatero ha tenido como moneda de cambio la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que deja fuera de juego, simbólicamente y en la práctica, a casi la mitad de la población catalana y esa desafección quedo reflejada en la participación en el referéndum del Estatuto.
(Continúa en el siguiente post)
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